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sábado, 6 de diciembre de 2014

Testigo del caso Hotesur

Silvina Martínez, la testigo más temida por el Gobierno: "Recibí amenazas, quieren impartir el miedo"

http://www.iprofesional.com/notas/201513-Habla-Silvina-Martinez-la-testigo-mas-temida-por-el-Gobierno-Recibi-amenazas-quieren-impartir-el-miedo
La ex funcionaria de la Inspección General de Justicia habló sobre las denuncias que le adjudicó el kirchnerismo y le contó a iProfesional las irregularidades en el organismo. Cuál fue su declaración sobre el caso Hotesur que acorrala a la Presidenta
lvina Martínez, abogada de 33 años, está asustada. Tiene miedo. Quizás, porque cometió el error de saber demasiado: trabajó en el Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de fiscalizar a empresas, hasta que en 2012 fue despedida por denunciar irregularidades. 


"Vengo alertando lo que pasa en la IGJ desde antes de que me despidieran. Declaré en la Justicia y por eso me echaron", aseguró.
El viernes, el ministro de Justicia, Julio Alak, denunció a la ex funcionaria por el extravío de legajos cruciales en el caso de la ex Ciccone."Deciden extraer parte del sumario y culparme por la pérdida de los documentos. Estas denuncias no son más que otra forma de tratar de amedrentarte", fustigó la abogada, que carga también con la denuncia de la diputada kirchnerista, Andrea García, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
- Recibí amenazas encubiertas, ese tipo de mensajes. Siempre han buscado de qué manera podían complicarme más la vida. Se me han cerrado puertas laborales, me han sacado de dar la cátedra de la Facultad de Derecho donde yo daba Sociedades. Tengo una especie de persecución de parte de la Oficina Anticorrupción (OA) porque manifiesta que nunca cumplí con mi última declaración jurada cuando la cumplí en tiempo y forma. No tengo autos, propiedades, ingresos lujosos, no me pueden perseguir por el lado de la AFIP. Estas denuncias no son más que otra forma que de tratar de amedrentarte.
- Estoy a disposición de la Justicia y voy a presentarme en Tribunales. En una tengo que esperar a que la Cámara confirme la decisión de Servini de Cubría de no tomar a Alak como querellante. La otra presentarme y ponerme a disposición de la Justicia. Creo que la Justicia va a determinar que no tengo ningún tipo de responsabilidad de los delitos que se me imputan.
- ¿Tenés miedo?


Ahora, la letrada se vio envuelta en una nueva polémica. Después de prestar su testimonio en la televisión, donde habló sobre las irregularidades administrativas de la empresa Hotesur S.A., fue llamada a declarar como testigo por el juez Claudio Bonadio, y ratificó su testimonio.
Acto seguido, el magistrado decidió allanar la empresa de la presidenta Cristina Kirchner y el oficialismo la acusó -incluso desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada- de ser una perito imparcial. "Nunca fui perito, declaré en carácter de testigo, eso es todo un invento", explicó.
Entrevistada por iProfesional, Martínez contó que fue intimidada de distintas maneras. "Recibí amenazas encubiertas, el Gobierno busca instaurar el miedo para que nadie más se anime a hablar", aseveró. Además, detalló cómo fue el proceso de cooptación de la IGJ por parte del kirchnerismo. "Cuando llegó La Cámpora, nos pedían no entregar información, no fiscalizar empresas, sacarlas del circuito, no tener el mismo tratamiento", reveló.
-iProfesional: ¿Cómo pasaste a ser asesora de la diputada Margarita Stolbizer? ¿Cuál es tu situación laboral actual?
-Silvina Martínez: Empecé a colaborar con ella después de que me despidieron de la IGJ, a fines de 2012. Había perdido mi fuente de trabajo y me contacté con Margarita, entre otros diputados, para mandarle proyectos de ley para sacar a la luz lo que estaba pasando en ese organismo. Empecé ad-honórem, después empecé a trabajar part-time. 
- ¿Quién es el principal funcionario kirchnerista que opera en la IGJ?
- El principal funcionario es Ernesto Kreplak, el subsecretario de coordinación y control de gestión. Depende del secretario de Justicia, Julián Álvarez. Maneja todo lo que son registros y decide qué inspector general está. Es él quien decidió todo lo referido a Ciccone y a las actitudes que se toman ahora con Hotesur.
- ¿Cuándo se comenzó a politizar el organismo?
- A fines del 2011. Habían llegado algunos funcionarios militantes de La Cámpora. A fines de ese año, con la llegada de un subinspector, Gustavo Varela, ingresan a la inspección y empieza a ser fuerte la presencia de La Cámpora. Vengo alertando con lo que pasa en la IGJ desde antes de que me despidieran. Declaré en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Justicia y por eso me echan.
-¿Cómo se encubren en la IGJ las sociedades que involucran a funcionarios?
-En realidad, lo que sucedía en la etapa que yo estaba, el principal caso era el de Ciccone. En ese momento si bien el kirchnerismo llevaba muchos años en el poder, nunca recibí un pedido para no entregar información a los jueces o para no dar tratamiento a una sociedad que tenga que ver con algún funcionario. Salvo cuando llega La Cámpora y con el caso Ciccone. Ese es el gran quiebre de la IGJ. A partir de ese momento era no entregar información, no fiscalizar empresas, sacarlas del circuito, no tener el mismo tratamiento.
- ¿Qué hacen con los empleados que no siguen esas órdenes?
-Cuando ellos veían que la gente del organismo -que no tiene nada que ver con esto- trataba de cumplir su función, la dejaban afuera del circuito. Ponían a alguien de ellos que se encargaban de todo el procedimiento. Sacan del circuito normal a las empresas que pueden estar cercanas al poder. La gente del organismo nunca se entera, nunca las ve.
- ¿Fuiste perito como se dijo en el allanamiento de Hotesur?
- No, ahí está una de las principales confusiones que tratan de plantear del otro lado. Yo nunca fui perito.
- ¿Y cuál fue tu vinculación a la causa?
- Participo del programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, hace dos o tres semanas. En ese programa se presenta Margarita a hablar y aparezco yo. No por Margarita ni mi vinculación con ella, sino porque me invitan de la producción del programa, a hablar sobre la base de mi experiencia en la IGJ. Después de eso me citan del juzgado de Claudio Bonadio por mi participación en el programa, para que ratifique lo que había dicho, lo rectifiqué o agregué algo más.
- ¿Qué fue lo que declaraste ante Bonadio?
- Tenía que ver con lo que hacían las sociedades comerciales, qué obligaciones tenían las empresas con la IGJ, qué tenían que cumplir, qué pasaba cuando no cumplían. Algo genérico, sin hablar de ninguna empresa en particular.
- ¿En alguna ocasión actuaste como perito?
- No, nunca fui perito. Para ser perito tenés que estar en una lista de peritos designados por la Justicia a través de un procedimiento establecido. Tampoco perito de parte, porque Margarita no es parte de la causa, Margarita es denunciante de una irregularidad. Me citan como testigo por mi participación en el programa, para averiguar en general sobre las obligaciones de las empresas. Después se analizará si Hotesur cumplió o no cumplió con la normativa. 
- En los últimos días fuiste denunciada por el ministro Alak...
- Son dos denuncias. Una denuncia es la que hace la diputada Andrea García, que tiene que ver con los hoteles. Alak hace una denuncia como querellante, una investigación que está en el juzgado de Servini de Cubría por la pérdida de los expedientes de la ex Ciccone, The Old Fund y London Supply, dentro de la IGJ. En esa causa me citó como testigo. Yo declaré varias veces y después ellos cambiaron un sumario en el Ministerio de Justicia. Durante un año y medio nadie me mencionó y a raíz de que me citan a declarar, deciden extraer parte de ese sumario y culparme por la pérdida de los expedientes de la ex Ciccone.
- ¿Qué suponés que el Gobierno quiere hacer con esta denuncia?
- Claramente quieren impartir el miedo. Están mandando un mensaje a la persona que se presenta como testigo y dice la verdad y un mensaje para los demás para que no hagan lo mismo. Creo que esa es la función principal, no sólo es la denuncia sino la discusión de lo que pasa si alguien se presenta como testigo.
- Después de que diste tu testimonio a los medios sobre las irregularidades en la IGJ ¿recibiste alguna amenaza?
-¿Cómo pensás actuar ante las denuncias que te hicieron?
- Sí, la verdad es que me encuentro muy angustiada. Con mucho miedo y con mucha decepción. Uno lo que hace es lo que tiene que hacer, su función. Una pesadilla no se termina nunca, primero fue el acoso dentro del trabajo y después la persecución y el acoso por ir a declarar. Ya estoy muy agotada.

viernes, 21 de noviembre de 2014

La IGJ, un reducto de La Cámpora que debería controlar a las empresas

También allanó ayer la Inspección General de Justicia, el organismo que controla todas las sociedades y está bajo control de La Cámpora.
“Se llevaron el legajo de la empresa y los originales de los balances presentados”, dijeron a Clarín fuentes del organismo. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Metropolitana.
Oficialmente, el organismo dijo a través de un escueto y confuso comunicado que “hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)”.
Según el comunicado, la IGJ también “hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha sociedad”.
La diputada Margarita Stolbizer denunció que Hotesur no presentó sus últimos balances, no informó sobre la renovación de sus autoridades, e incluso adeuda las tasas.
Son todas irregularidades que debería haber detectado la IGJ.
El organismo está a cargo desde hace un mes del abogado camporista Diego Martín Cormick, quien responde a Ernesto Kreplak, ideólogo del cepo informativo que se dispuso cuando estalló el caso Ciccone. Desde 2012, Kreplak es titular de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, que controla ambos organismos. Llegó a ese cargo de la mano de otro integrante de La Cámpora, el secretario de Justicia, Julián Alvarez.
La conducción de la IGJ pasó por varias manos en los últimos años. Marcelo Mamberti arribó al cargo de la mano del hoy senador Aníbal Fernández. Lo reemplazó Norberto Berner, quien actualmente conduce la secretaría de Comunicaciones. Antes de Cormick estuvo Rodolfo Tailhade, quien renunció para impulsar su carrera política.
En manos del camporismo, el organismo fue blanco de numerosas denuncias judiciales. La más reciente tiene que ver con presuntas irregularidades en el legajo de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone Calcográfica. La IGJ también fue cuestionada por el manejo de la documentación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo tras el escándalo de los hermanos Schoklender
http://www.clarin.com/politica/IGJ-La_Campora-reducto-controlar-empresas_0_1252674736.html


domingo, 17 de noviembre de 2013

Desmienten premios en la IGJ

Justicia 16 de noviembre, 22:26:00

Desmienten premios en la Inspección de Justicia

El Ministerio de Justicia desmintió una nota publicada hoy por el diario La Nación en la que se señala que personal de la Inspección General de Justicia habría percibido un "polémico premio" de medio millón de pesos, al catalogar la versión como "terminante y manifiestamente falsa".
Desde la cartera que conduce Julio Alak afirmaron que, al contrario de lo publicado por La Nación, "los funcionarios involucrados integran la planta de la IGJ desde hace décadas y, como tantos otros que ascendieron a un cargo ejecutivo, percibieron las sumas adicionales correspondientes a la nueva función, muy inferiores a las señaladas.
    
En ese sentido, se señaló que Susana Graciela Junqueira, quien tiene una antigüedad de 24 años en el organismo y es mencionada en la nota de La Nación, "fue designada en el cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ con carácter retroactivo al 1° de noviembre de 2012, razón por la cual percibió retroactivamente a esa fecha el adicional por función ejecutiva correspondiente a ese cago, de conformidad con lo establecido por el decreto 2098/08, que en el caso concreto alcanzó la suma total de 174.520,07 pesos netos".
    
A la vez, el comunicado ministerial detalló que en cuanto a la situación de Gerardo Ganly "se trata de un caso similar, toda vez que fue designado en el cargo de Director de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la IGJ, con carácter retroactivo a la misma fecha, razón por la que percibió un total de $ 271.000 en concepto de adicional por función ejecutiva y de la diferencia entre la letra que ostentaba con anterioridad y la correspondiente al cargo de Director".
    
"Se trata en ambos casos de expertos en sus áreas de competencia, con larga y destacada trayectoria en el organismo. Junqueira integra la planta permanente del organismo, al que ingresó el 6 de agosto de 1979. Con anterioridad a su ascenso se desempeñaba a cargo del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Cuenta además con vasta experiencia docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la asignatura Sociedades Civiles y Comerciales", detallaron.
    
En cuanto a la antigüedad de su certificado de aptitud física, señala el comunicado, "el régimen de empleo público sólo lo exije al ingreso del personal, no al producirse ascensos u otros desplazamientos internos dentro de la carrera administrativa, por lo que carecen de sentido las dudas al respecto".
    
Por su parte, Gerardo Ganly "ingresó a la IGJ el 6 de agosto de 1989, donde primero fue contratado y más tarde pasó a integrar la planta transitoria. Con anterioridad al ascenso, se desempeñaba como Coordinador en el Área Especializada de Fiscalización y Denuncias dependiente de la Dirección de Entidades Civiles".
    
Según se explicó, "cuenta también con dilatada experiencia docente, con antecedentes en las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en la Universidad John F. Kennedy".
    
Por otra parte, y en lo que respecta a la situación de la contadora Cecilia García y del doctor Ariel Fernández Lang, el texto señala que "se desempeñaron hasta marzo de 2013 en la IGJ con carácter de contratados".
    
"Anteriormente, a mediados de 2012 habían sido propuestos para integrar la planta transitoria del organismo por medio del correspondiente proyecto de Decreto Presidencial. En marzo de 2013 ambos renunciaron tanto al contrato que los ligaba a la IGJ como a la propuesta de nombramiento en la planta transitoria, razón por la cual su designación en tal carácter nunca se llevó a cabo", resalta el comunicado.
    
En consecuencia, desde la cartera de Justicia y derechos Humanos indicaron que "ninguno de los profesionales mencionados ha percibido ´premio´ de ninguna especie, sino el salario correspondiente a la función que ostentaron en el tiempo correspondiente".
    
"Por otra parte, ninguna de las personas mencionadas ha ejercido más de una función simultáneamente y, de ningún modo, han incurrido en situaciones laborales irregulares".
    
Por esa razón, se puntualizó que "es de lamentar que con semejante liviandad se pretenda poner en duda la rectitud y honorabilidad de profesionales de reconocida trayetoria y mérito, además de intentar desbaratar el prestigio de una institución más que centenarias".

domingo, 21 de julio de 2013

IGJ EN LA ELECCIÓN DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS

De pronto, el colegio profesional que agrupa a los farmacéuticos porteños pasó a ser un lugar de disputa entre distintos sectores políticos, a lo que el Gobierno no es ajeno. Después de todo, estos profesionales, en nombre de las 1.500 farmacias registradas en la Ciudad, son los que alertan ante las subas de precios y la falta de remedios. Los comicios son el próximo 31 y la Inspección General de Justicia, en la que domina la presencia de los jóvenes de La Cámpora, proscribió la participación de la opositora lista naranja, que aglutina a farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan en relación de dependencia y no son dueños de las farmacias. El oficialismo, liderado por Claudio Uccino, con fuertes lazos con la Casa Rosada, busca repetir el mandato de tres años.

miércoles, 17 de julio de 2013

Paros y disputas en la IGJ por la designación de nuevos funcionarios

Empleados de la entidad realizaron el lunes un paro por el desplazamiento de un histórico trabajador del organismo. Mientras un sector denuncia el avance de La Cámpora, otros aseguran que hay una campaña para instalar "una realidad que en rigor es inexistente"
Paros y disputas en la IGJ por la designación de nuevos funcionarios
La solicitada publicada este miércoles por un grupo de empleados
Aunque las tensiones ya eran múltiples, el conflicto terminó por estallar cuando la conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió desplazar de su cargo al titular de la Mesa de Entradas, Roque Malerba, para trasladarlo al Departamento de Control Federal de Ahorro sin funciones asignadas.
En asamblea, los empleados de la entidad cuestionaron la movida y apuntaron contra el director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, quien no cuenta con las facultades para tomar esa decisión, según publica el diario La Nación. Como protesta contra el desplazamiento, los trabajadores realizaron el lunes un paro general que obligó a la entidad a cerrar sus puertas y analizan realizar otro la semana próxima.
Según denuncian, en el último tiempo se ha producido el desplazamiento de numerosos empleados de carrera al interior del organismo para beneficiar a dirigentes traídos por el kirchnerismo y principalmente por La Cámpora. La situación de Malerba se sumaría así a otros casos, como la del ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y el ex inspector Fernando Scanavino, entre otros.
Este miércoles, sin embargo, otro grupo de la IGJ publicó una solicitada en el diario Ámbito Financiero para denunciar una campaña que busca instalar "una realidad que en rigor es inexistente". Además, apuntaron contra las "versiones difamatorias sin una mínima y elemental verificación de los hechos" que han circulado en los últimos días.
"Las mentiras y la amplificación mediática que sin resguardo alguno reciben, afectan los esfuerzos que durante los últimos años los trabajadores de la Inspección General de Justicia venimos realizando en términos de nuevos procesos de gestión y ejercicio de controles de legalidad y fiscalización, y sobre todo generan un daño irreparable a esta Institución y a las personas que con orgullo pertenecemos a ella", apuntaron.
La firma de la solicitada está encabezada por los sindicatos de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)-Delegación General Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este último, sin embargo, fue uno de los principales promotores del paro del lunes, como puede verse en su página web.

Paro en la IGJ por el avance de La Cámpora. Desplazaron a otro empleado y se desató una protesta

La Nación 17/7/2013
Los empleados de la Inspección General de Justicia (IGJ) amenazan con profundizar las protestas y convocar a un nuevo paro para la semana próxima en repudio al desplazamiento de otro histórico funcionario del organismo, que fue trasladado para permitir el avance de La Cámpora.
El nuevo incidente lo padeció el jefe de la Mesa de Entradas de la IGJ, Roque Malerba, a quien las autoridades trasladaron al Departamento de Control Federal de Ahorro tras una polémica movida del director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, que carecería de facultades propias para tomar esa decisión.
El traslado de Malerba -sin consignar sus nuevas funciones ni fundamentar el traslado- provocó ya que el organismo que depende del Ministerio de Justicia debiera cerrar sus puertas este lunes. Sus empleados decidieron junto con ATE y la CTA un paro y pegaron afiches para denunciar que en la IGJ no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho".
La remoción de Malerba, que según sus compañeros acumula más de 35 años de antigüedad, registra otros antecedentes, como el de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y de un ex inspector, Fernando Scanavino, entre otros.
Los problemas se agudizaron dentro de la IGJ con el arribo de Norberto Berner, en 2012, quien en pleno escándalo por el caso Ciccone emitió las circulares 1 y 4 para imponer el criterio de que el interesado en obtener información del organismo deba antes demostrar su "interés legítimo" para acceder a esos datos.
Un año después, la Justicia admitió un amparo del legislador Ricardo Gil Lavedra y le ordenó a la IGJ levantar ese "cepo informativo", aunque para entonces Berner ya se había asumido como secretario de Comunicaciones.
Al frente de la IGJ, Berner dejó su lugar a Rodolfo Tailhade, que a su vez se encuentra de campaña como primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria (FPV) en el municipio de Malvinas Argentinas. Por eso, y como virtual número uno, quedó Analía Spatola. Su currículum vitae expone que no es especialista en derecho societario ni tampoco trabajó en ese campo hasta su arribo a la propia IGJ a través del Ministerio de Justicia..

lunes, 13 de mayo de 2013

 Las empresas de Lázaro Báez fueron protegidas por la IGJ
Domingo 12 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa del diario La Nación.

Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.
La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas.
La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar y completar sus legajos societarios, según consta en los registros del organismo y confirmaron a LA NACION fuentes de la propia IGJ.
Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron el 21 de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se encuentran "bajo proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio "reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.
El caso de Austral Construcciones es el más notable. Tras el estallido del escándalo del valijero Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, el juez federal Sebastián Casanello envió a la IGJ su propio oficio, que ingresó como "urgente" este miércoles. De inmediato, el pedido de informes subió hasta la cúspide del organismo que lidera Luis Rodolfo Tailhade, según indicaron dentro de la IGJ a LA NACION.
Para entonces, Austral Construcciones había pedido un "certificado de vigencia y pleno cumplimiento" de las normativas de la IGJ, el equivalente a un certificado de buena conducta societaria que emite el organismo.
Pero se encuentra en Mesa de Entradas desde el 8 de marzo pasado. "El certificado se emite para informar que la empresa requirente no adeuda tasas o balances y que tiene su directorio al día", explicó una fuente de la IGJ. "Pero si debe algo, queda en observación y trabado", añadió.
En el caso de Austral Construcciones, durante los últimos años no habría presentado sus balances, al menos hasta principios de 2012, al igual que la Fundación Madres de Plaza de Mayo hasta que estalló el escándalo con Sergio Schoklender como el presunto responsable de una malversación de cientos de millones de pesos.
La constructora de Báez, sin embargo, comenzó a ordenar sus balances "hace poco", según trascendió dentro de la IGJ. Y en cuanto llegaron ciertos documentos al organismo, subieron todo el espinel. "Esto lo estaban esperando de arriba", fue la lacónica respuesta, aunque de ser así, no constan en los registros oficiales.
Durante los últimos meses, mientras tanto, las empresas del socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también comenzaron a ordenar sus propios legajos.
El 20 de septiembre pasado, Epsur y Misahar aumentaron sus respectivos capitales sociales de manera exponencial y, al unísono, también comunicaron que el hijo de Báez, Martín, cesaba en sus funciones como director suplente en ambas.
En el caso de Epsur, su capital social aumentó 180 veces. Pasó de 500.000 a 90 millones de pesos, con los que debería afrontar, por ejemplo, las inversiones necesarias para operar cuatro áreas petroleras en la provincia de Santa Cruz.
Sin embargo, la actualización del capital declarado por la otra petrolera, Misahar, fue aún más pronunciada, pero porque comenzó con una cifra casi ridícula. Pasó de operar con apenas 260 pesos a 17,2 millones.
Semejante desajuste se explica, en parte, porque recién en septiembre de 2012 comunicó dos asambleas que se habrían celebrado en mayo de 2001 y en julio del año pasado para actualizar aquellos 260 pesos de capital con los que la firma debió hacer frente durante la última década a los riesgos de las diversas áreas petroleras que opera en la Patagonia. Tres de ellas, también en la provincia de Santa Cruz.
Un día después, el 21 de septiembre, Misahar y Epsur dieron otro paso para ordenar sus papeles dentro de la IGJ, que pasados tres meses seguía sin responder a la Justicia. Presentaron sus respectivas reformas de los estatutos societarios con los trámites correlativos 2134796 y 2134797, según consta en los registros oficiales de la IGJ que cotejó LA NACION.
Presentadas esas reformas, entonces sí se bifurcaron los caminos. En el caso de Misahar se encuentra más avanzado y en pleno "proceso de registración", en tanto que la presentación de Epsur se encuentra aún "en proceso de análisis".

miércoles, 3 de abril de 2013

sábado, 1 de diciembre de 2012

En este mes pasaron muchas cosas...pero ninguna buena.
El 14 de noviembre me notifique de una carta documento que me enviaron del Ministerio de Justicia, la cual dejaba mucho que desear tanto desde su redacción como desde lo jurídico. Me decían que alguien (sin indicar quien) había ordenado instar mi prorroga de la designación desde el mes de marzo hasta el 31 de octubre. No me dicen que pasa después, ni quien lo ordeno, ni que expediente. Nada. Esa carta la rechace por los vicios. Pero el día 15 tuve que ir a renovar mi licencia al servicio medico. Como estaba alertada por esta carta documento me presente con una escribana quien dejo constancia de todo. En síntesis, después de 1 hora sin que nadie diera la cara solo el director del servicio medico, no me aceptan la licencia porque para los registros del organismo ya no figuro en la administración publica. Me muestran una pantalla y listo. Así de simple se libera de mi...así de fácil me dejan sin trabajo.
Ahi comienza mi segunda peregrinación....al llamar a todos los lugares de la administración publica que deben proteger mis derechos y ante quienes denuncie mi situación: Inadi, Fiscalía de Investigaciones Administrativas; Cosavig, Defensoria del Pueblo. Y ahí me doy cuenta que el Estado esta desmantelado. Todos me dicen que vaya a la justicia, que no tienen recursos, que no hay fiscal designado, que no pueden hacer mucho, que están atados de pies y manos. Me doy cuenta que no hay control. Me doy cuenta que estoy sola

miércoles, 3 de octubre de 2012

El organismo al cual pertenezco...o pertenecía no se...es un caos. Están de paro los deptos mas importantes en defensa de la carrera administrativa. Los tramites no se inscriben y hay un atraso de 2 meses. Pero eso no sale en ningún lado. Están todos disconformes. Es feo ver como destruyen tu fuente de trabajo y son como pacman que se devoran todo lo que esta a su paso. Veo como de a poco se destruye todo el país. Como si los jóvenes que no militamos no tendríamos derecho a un trabajo digno, a nos ser maltratados, a vivir tranquilos. He visto de todo en estos últimos meses....okupas en los cargos, gente inepta que roba en su puesto de trabajo, corrupción, gente con tres o cuatro puestos en el estado, manejos turbios, muy turbios. Y yo sigo esperando que alguien conteste mi denuncia sobre acoso laboral....

martes, 2 de octubre de 2012

Hice una presentación ante el Organismo y nadie me respondió. Es evidente que a nadie le importa lo que me sucede. A esta gente solo le interesa el dinero del estado y los cargos público. Me siento sumamente impotente. No estoy en condiciones de volver a ese lugar. Lloro todo el día, me siento una inútil, no me puedo relacionar con mis pares. No se de que voy a vivir. Porque me hicieron tanto daño si no había necesidad. Hago terapia pero cuando nombras quien esta del otro lado, te miran espantados y nadie te ayuda. Esto es una pesadilla. La gente en el trabajo ya se olvido de mi. Soy mala palabra ahora. Solo me quedan unos pocos amigos leales y fieles que no les importa decir que están junto a mi.
Del servicio medico del Ministerio me mandaron a hacerme un psicodiagnostico a Salud Ocupacional. Ya tuve una primera entrevista y recordar todo me hace muy mal. No puedo parar de llorar. El mismo test de siempre...la casa el árbol la persona. Copiar unos dibujos. Y ahora volver otro día. Ayer llamaron que me va a atender otro psicólogo. La gente me evalua como si fuera un bicho raro...

jueves, 27 de septiembre de 2012

Decidí abrir este blog para relatar día tras día las consecuencias de ser joven, no pertenecer a ninguna agrupación política y trabajar en el Estado.
Soy abogada, tengo mas de 30 años y trabajo hace 9 años en un organismo de la administración publica nacional. Empecé allí siendo estudiante. He visto muchas cosas...pero lo que ocurre desde hace unos meses nunca lo imagine ni lo escuche entre las anécdotas de los mas veteranos.
Hace casi tres años que tengo un cargo para mi importante en la estructura del organismo. Utilizar el verbo tener es bastante complicado actualmente.
Un día se sentó en un escritorio un okupa...alguien que comenzo a usurpar un cargo que no le correspondía y sin tener el nombramiento correspondiente. Esta irregularidad nunca fue subsanada. Allí estaba el....con la única cualidad de pertenecer a la agrupación política del momento. Ese día comenzó mi calvario...ese día cambio mi vida.
Poco tiempo después de su arribo comenzó su hostigamiento, primero con reiterados mails y llamados sobre el mismo tema, buscando evidenciar un supuesto incumplimiento de mi trabajo, con amenazas encubiertas a fin de lograr someterme a sus caprichos. Al comienzo no me daba cuenta de la situación que ocurría, pensaba que era una persona ansiosa y por eso actuaba así. Trataba de justificar su accionar hasta a veces culpándome de sus reacciones. Pero con el paso del tiempo, y al contrario de lo que yo pensaba, fue aumentando sus malos tratos, sus persecuciones y sus acosos hacia mi persona. Muchas veces me sentí agobiada, perdida, y con miedo por perder mi fuente de trabajo. Le ordenaba a todos mis compañeros que me aislaran laboralmente.
Pero esto era el principio...pronto comenzaron a llegar más y más y más. Se multiplicaban...salían de todos lados...copaban todos los lugares, hasta que todos mis superiores pertenecían a la misma agrupación. Quiero aclarar que no milito en ningún partido. Solo soy una ciudadana que le interesa su país y que los argentinos vivamos seguros, en paz y dignamente.
Todos los días volvía llorando a mi casa, me sentía indignada, asustada, vigilada. Hasta el contenido de mi computadora y de mis mails espiaban. Todo como si fuera un peligro para la institucion, para el modelo, para el país.
Nunca me dieron la oportunidad de contar a mis superiores la situación que yo sufría, nadie respondía mis llamados, ni mis mails ni mis pedidos de audiencia. Así aumentaba mi angustia y mi ansiedad.
Me fueron separando una a una de todas las actividades que venia desempeñando, dejándome formalmente la conducción pero en los hechos sin ningún tipo de intervenciones. Esto aumentaba mi grado de stress ya que las responsabilidades seguían siendo mías y yo me veía obligada a firmar actuaciones en los cuales nadie había escuchado mi opinión ni mis advertencias, arriesgándome a consecuencias graves para mi persona.
La desesperación aumento con el dictado de dos circulares que ordenaban que no correspondía el ingreso de trámite alguno sin haberse acreditado la existencia de un interés legítimo por parte del solicitante de información obrante en el Organismo. Cuando intente reunirme o preguntar las directivas en relación a ellas nadie me respondió ni accedió a reunirse conmigo, obligandome así a denegar información publica con un criterio arbitrario sin ningún tipo de aval.
Así llegue a un nivel de stress y de angustia nunca antes vivido, cada día me costaba muchísimo ingresar al trabajo, sentía que me ahogaba, que me iba a morir ahí adentro, me confundía constantemente y sentía que no servía para nada. Comenzó a repercutir en mi salud con alergias constantes, contracturas, mareos, fluctuaciones en el peso, entre otros. Hasta que un día me retire de la oficina con una crisis nerviosa producto de estos malos tratos cotidianos. Fui a un centro de la obra social, atendiéndome un psiquiatra de guardia quien me diagnostico trastorno de ansiedad con recaída aguda, indicándome reposo  recentándome dosis de clonazepan. Me encuentro de licencia actualmente y en tratamiento ya que los síntomas no disminuyen como tampoco la angustia y la ansiedad, empezando a notar las secuelas del acoso sufrido por mas de 6 meses, sintiéndome inferior, costándome relacionar socialmente con mis pares. Me cuesta concentrarme, pienso que la gente va a denigrarme continuamente  y tengo miedo de quedarme sin trabajo.
Aun de licencia el acoso continua, ya que nadie se comunico conmigo para enterarse de mi estado ni siquiera por intermediarios y siguieron con sus conductas de aislamiento. Repartieron las pocas funciones que me quedaban a cargo de otras personas quienes ya se encuentran dando nuevas directivas y cambiando circuitos con planes a largo plazo. Por otra parte, se le dio el traslado a todo el personal que se desempeñaban en el area a mi cargo (secretaria, asesores, etc) y en el espacio físico donde desempeñaba mis funciones ubicaron dos nuevas áreas. Nadie responde el teléfono, nadie contesta los mails ni se encarga del despacho diario de exptes. Pero mas grave es aun que también trasladaron el mobiliario de mi despacho en el cual había efectos personales míos, sin mi consentimiento y sin que pueda retirar los mismos.
En síntesis, si bien en la estructura vigente existe mi cargo, en la realidad de los hechos no tengo funciones, ni espacio físico, ni personal a cargo, ni si quiera escritorio ni efectos personales. Todo fue despojado.