La IGJ, sacudida por acusaciones y por una interna gremial
publicado 18/7/2013
La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó envuelta ayer en un fuerte cruce de acusaciones luego de que un grupo de al menos 98 empleados denunció una supuesta campaña de desprestigio del organismo, pero terminó por enfrentarse con delegados gremiales.
La denuncia de los 98 empleados -sobre un total aproximado de 450 que trabajan en el organismo- se plasmó en una solicitada que se publicó ayer en Ámbito Financiero. Allí sostuvieron que la IGJ padece "una artera descalificación" y "versiones difamatorias" por la que responsabilizaron a "dos ex agentes" a los que enrostraron un "inusual raid mediático", en alusión a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez y el ex inspector Fernando Scanavino.
"Nos sentimos vulnerados por el actuar imprudente y despechado de quienes, persiguiendo otros objetivos que desconocemos, instalan en la opinión pública una realidad que en rigor es inexistente", expusieron esos empleados en la solicitada, que entre los firmantes incluyó a la delegación general en el Ministerio de Justicia del gremio UPCN y, de modo escueto, "ATE".
La inclusión de ATE, sin embargo, provocó una dura reacción, ya que ese gremio había liderado, sólo 48 horas antes, el paro que sacudió a la IGJ el lunes. Más aún, denunció por medio de volantes pegados en puertas y paredes que en la IGJ no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho".
Tras conocerse la solicitada, además, desde el gremio desmintieron haberla firmado. "La Cámpora intenta colonizar la IGJ desde hace meses y se está quedando con los puestos de mando en distintas direcciones y departamentos, reemplazando a gente capaz con otra que no sabe nada", explicó el delegado general adjunto de ATE para el Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch. "Ahora también quebraron la unión dentro de nuestro gremio y lograron que una parte juegue para La Cámpora, pero no el gremio en sí. Nunca se vivió algo así, ni siquiera en el menemismo", comparó.
En su solicitada, además, los empleados afirmaron que Martínez y Scanavino -a los que nunca mencionaron por sus nombres- intentan "desprestigiar inusitadamente a este organismo centenario" cuando afronta "cambios tecnológicos, actualización de criterios y ejercicio eficiente del poder de policía sobre estructuras societarias".Pero en el texto obviaron el extravío -o robo- de los legajos societarios vinculados al "caso Ciccone" y la entrega irregular al Ministerio de Economía de los legajos de las 1000 empresas más importantes del país, como también la protección a entidades cercanas a Sergio Schoklender o las sociedades de Lázaro Báez. Los firmantes tampoco mencionaron el "cepo informativo" impuesto en la IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou y que ordenó levantar la Cámara Contencioso Administrativa Federal, tras recordar que las autoridades públicas deben quedar "sujetas al escrutinio público en reconocimiento al principio básico de que la democracia simplemente no podría funcionar si los ciudadanos no pudieran conocer de qué manera actúa su gobierno".
