Mostrando entradas con la etiqueta amado boudou. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta amado boudou. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de abril de 2015

Sigue el encubrimiento en IGJ a Boudou

Ciccone: más dudas sobre la protección a Boudou en la IGJ

http://www.lanacion.com.ar/1782222-ciccone-mas-dudas-sobre-la-proteccion-a-boudou-en-la-igj

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.
"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.
Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.
El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.
A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.
Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.
Para eso, el ministro de Justicia, Julio Alak -del que depende la IGJ-, acompañó copias de algunos tramos de los sumarios de la IGJ. Pero esas copias mostraban falencias, según reveló LA NACIÓN en noviembre pasado. Entre otras, la foliatura no era correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios, y se mezclaron algunas declaraciones.
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría rechazó esa petición oficial por considerar que quienes pretendían ser querellantes podían terminar como acusados. Pero la Cámara Federal -con el voto de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y la disidencia de Eduardo Farah- decidió admitirlos.
Ahora, el informe de la Fiscalía confirmó esas falencias del sumario y expuso otras:
-Rechaza las conclusiones del sumariante: considera que no investigó lo que debía en el sumario
-las irregularidades relacionadas con la desaparición del legajo de The Old Fund- y que desvió la pesquisa hacia otros objetivos.
-Señala que buscó probar "no de manera prolija, sino superficial y relativamente" la responsabilidad del personal de archivo y a Martínez, a la que no citó a declarar ni como testigo ni para defenderse. Por eso ordena ampliar el sumario y apuntar "a los superiores que tienen a su cargo" el archivo de la IGJ. Entre otras, de una delegada administrativa, Silvia Bellizzi, quien ahora pasó a Jefatura de Gabinete.
-Solicita que se cite a declarar a los directores de la IGJ -entre otros, Susana Junqueira y la entonces asesora y hoy número dos del organismo, Analía Spátola-, a sus secretarios y a diez empleados en particular que ingresaron durante la gestión de Norberto Berner, hoy secretario de Comunicaciones.
Por esas y otras medidas de prueba sugeridas y aún pendientes, la Fiscalía recomendó a la IGJ que reviera su posición, tanto sobre el expediente de reconstrucción del legajo de The Old Fund -que el organismo informó de manera parcial a los jueces Servini y Ariel Lijo- como en el sumario para determinar los responsables.
"En la medida en que no se ha agotado la investigación de los hechos objeto del sumario, [solicito] se deje sin efecto la clausura dispuesta y se practiquen diligencias sugeridas por esa parte acusadora y todas aquellas que puedan derivar de éstas", planteó el fiscal Renom. Cuatro meses y medio después, aún no ocurrió. Pero los registros informáticos de la IGJ deparan más sorpresas. El legajo de The Old Fund -el 2776773- figura desde el 21 de octubre como "archivado". ¿Apareció el legajo? ¿O es otro retoque electrónico, un día antes de que el Ministerio de Justicia pidiera ser tomado por querellante?.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos

Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos

La Inspección General de Justicia extravió los datos de The Old Fund. En la reconstrucción hay contradicciones.

Los datos se desprenden de documentos oficiales. En abril de 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la reconstrucción de un expediente perdido de la sociedad The Old Fund, a pesar de que el contenido de esa documentación era irregular. Se trata de la empresa madre del caso Ciccone, vinculada a Amado Boudou, y cuyas ramificaciones comerciales son investigadas por lavado de dinero en nuestro país y en Uruguay.
Clarín accedió a los papeles restaurados de The Old Fund que fueron dados como válidos por el Estado aunque tienen datos anómalos.
Entre la información aceptada como reconstruida por la IGJ se incluyen, por ejemplo, actas de asambleas inscriptas cuatro meses antes de que se hayan realizado; la participación de una empresa extranjera que no se había radicado en el país y que cuando lo hizo se inscribió en un domicilio falso; y hasta la actuación de un gestor con nombre inexistente.
La IGJ es el organismo estatal que justamente tiene como objetivo controlar el registro y el funcionamiento de las sociedades comerciales.
El ente está dirigido en la actualidad por Martín Cormack y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak.
El funcionario está imputado en dos causas judiciales en las que se investigan si intentó encubrir a Boudou avalando primero la pérdida y luego la adulteración de los documentos de The Old Fund que estaban bajo resguardo de la IGJ.
El 20 de octubre pasado, Clarín difundió que la Justicia había recolectado pruebas que complicaban a Alak en esta trama.
El ministro aceptó al otro día que el expediente de The Old Fund se había perdido en la IGJ pero aseguró que tras su recuperación todo estaba en regla.
La IGJ, presidida por Martin Cormack, emitió un comunicado en el mismo sentido: afirmó que “la reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”.
Pero de la lectura de esos documentos se deduce lo contrario.
Los papeles originales llenaban  veintidós fojas. Los reconstruidos ocupan solo cuatro páginas.
El trámite “perdido” de The Old Fund que se recuperó corresponde, según la nueva versión, a la reforma del estatuto de la empresa y a un aumento de capital de esa firma, operaciones en las que ya estaba involucrada otra sociedad radicada en Uruguay que había entrado como socia en el negocio de Ciccone Calcográfica, llamada Dusbel.
Las primeras irregularidades tienen que ver con una regla básica de la física: los seres humanos no son capaces de viajar en el tiempo.
Ocurre que el acta de directorio del legajo reconstruido de The Old Fund asegura que ese hecho se llevó a cabo “a los 26 días del mes de octubre de 2010…”.
Pero en la misma documentación el abogado que se encargó de esos trámites, Albert Chamorro, declara “bajo juramento” que transcribió lo ocurrido en esa acta “a los 06 días del mes de julio del 2010”, es decir, tres meses y medio antes de cuando supuestamente ocurrieron.
En el mismo legajo “recuperado” de The Old Fund se afirma que la sociedad Dusbel, entre otras cosas, hizo un aporte de capital a The Old Fund de $2.435.370. Si las fechas reconstruidas en esos trámites son ciertas, entonces Dusbel no estaba aun inscripta en el país, por lo que la IGJ debería haber multado a The Old Fund por esta cuestión, cosa que no pasó. Dusbel recién inició los trámites de registración en la Argentina el 11 de abril de 2011.
En el expediente “perdido” y “reconstruido” por la IGJ también se declara que una de las accionistas de The Old Fund es otra sociedad, llamada Tierras International Investment CV.
Ésta última firma, junto con Dusbel, fueron radicadas en domicilios falsos en Longchamps. En donde debería funcionar Tierras International Investments, por ejemplo, vive en realidad un jubilado apodado “Piluso” y de apellido Schneider. Esa irregular fue revelada por el diario La Nación.  No por la IGJ.
http://www.clarin.com/politica/Caso_Ciccone-The_Old_Fund-Amado_Boudou-Inspeccion_General_de_Justicia_0_1241275923.html

miércoles, 22 de octubre de 2014

Ciccone y la perdida de los exptes en IGJ II

Una imparable bola de nieve política


En los primeros meses del 2012, mientras aún ostentaba un poder recién asumido, el gobierno de Cristina Kirchner inició un plan de protección de Amado Boudou que hoy, a un año y tres días del final de mandato, se transformó para varios funcionarios en una imparable bola de nieve política y judicial.
La Presidenta avaló a su vice mientras éste embestía contra el Poder Judicial para quitar de la investigación del caso Ciccone al primer juez de la causa, Daniel Rafecas, al primer fiscal, Carlos Rívolo, y al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Fueron sólo algunas de las maniobras defensivas impulsadas por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por ejemplo, se involucró en ese proceso y –según la tesis judicial de Servini de Cubría y Ariel Lijo–, permitió que un organismo que estaba su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ), “extraviara” el legajo caliente de la sociedad The Old Fund.
Alak está hoy enredado en una telaraña construida por él mismo.
Ayer intentó desligar su responsabilidad en el caso Boudou cometiendo un llamativo “sincericidio” para un peronista profesional con varios lustros en la función pública: “En todos los poderes se pierden expedientes”, dijo, aludiendo a la IGJ, justamente el organismo que tiene como objetivo resguardar los expedientes de las empresas comerciales como The Old Fund. ¿Por qué Alak admite recién ahora que la IGJ “perdió” los papeles de esa compañía? Si todo en esta trama es transparente, ¿qué sentido tuvo el bloqueo del acceso a la información pública que impuso en la IGJ  cuando Clarín y el ex diputado Ricardo Gil Lavedra pidieron documentación sobre las firmas vinculadas a Boudou?
La insistencia del Ministerio de Justicia respecto a ese último punto fue tal que el ex diputado Ricardo Gil Lavedra logró llegar hasta la Corte Suprema con su reclamo, y el máximo tribunal terminó por darle la razón la semana pasada.
Si se sigue sólo la versión oficial sobre el expediente perdido de The Old Fund, entonces, durante los últimos dos años y medio pasó lo siguiente: a sólo un mes de que el caso Ciccone se difundiera por Radio Mitre y Clarín, la IGJ perdió una de las partes más importantes del expediente de la principal empresa investigada por la Justicia en esa causa, que para colmo tenía como imputado al vicepresidente de la Nación; tiempo después el organismo reconstruyó ese trámite pero con 18 páginas menos que los contenían los documentos originales; y casi de inmediato impuso un cepo admnistrativo para que ningún ciudadano de la República Argentina pueda conocer esa información reparada de modo legal; basándose en ésto último, la IGJ se mantuvo firme, y litigó en los tribunales para que el bloqueo a su información pública llegue hasta la última instancia judicial, algo inédito en democracia.
El titular de la IGJ que creó el “cepo informativo” se llama Noberto Berner, milita en La Cámpora y hoy es secretario de Comunicaciones. Lo reemplazó en su cargo un “compañero” de agrupación, Rodolfo Tailhade, que acaba de dejar su puesto para darle lugar a otro “camporista”, Martín Cormick. Quien estaba al frente del organismo cuando se perdió el trámite de The Old Fund era Marcelo Mamberti. El ministro de Justicia durante todas esas gestiones en la IGJ fue Alak.
El artículo 255 del Código Penal estipula que quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público” será reprimido con “prisión” de un mes a cuatro años

Insólita excusa de Alak por haber perdido el legajo de The Old Fund

Estaba en custodia de la Inspección General de Justicia, que depende de él. El ministro intentó justificarse: “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo. La reconstrucción tiene 18 fojas menos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak, confirmó ayer que el legajo de la empresa The Old Fund que estaba bajo su guarda fue perdido y reconstruido de modo incompleto entre marzo y abril del 2012, justo dos meses después de que esa empresa empezara a ser investigada en el caso Ciccone por sus vínculos con Amado Boudou.
Clarín publicó ayer que la Justicia había recolectado pruebas sobre el rol de Alak en esta trama: la jueza María Servini de Cubría investiga si el funcionario intentó encubrir a Boudou ordenando que se cambien los documentos claves sobre The Old Fund que supuestamente protegía un organismo que está a su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ayer, Alak intentó desmentir el artículo de este diario sobre el tema, pero terminó confirmando lo publicado. Lo mismo pasó con la IGJ.
“En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo el ministro de Justicia en declaraciones al programa de radio que conduce el relator deportivo Víctor Hugo Morales, y agregó, en primera persona del plural: “Nosotros teníamos el expediente (de The Old Fund) digitalizado, fue una reconstrucción rápida. Le dimos información a la Justicia e hicimos un sumario administrativo”.
La IGJ, por su parte, también emitió un comunicado al respecto. El escrito es esclarecedor desde su título: “La reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”, dice el encabezado del ente manejado por Martín Cormick, militante de la agrupación La Cámpora.
En el texto se admite no sólo que el expediente debió ser “reconstruido”, sino que además se acepta que hay una “diferencia de volumen” entre el original y su copia, debido a que “el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria”.
Clarín había informado que el expediente de The Old Fund había sido reconstruido en sólo 4 fojas, cuando en realidad la Justicia tenía pruebas de que tenía 22 páginas.
¿Qué había en esas 18 fojas que faltan?
Tanto Alak como la IGJ se cuidaron en remarcar que todo su accionar admnistrativo “cumple” con tods los “protocolos” correspondientes.
Las normas legales que rigen en el marco de las causas que tienen a Alak como imputado, sin embargo, dicen otra cosa.
El artículo 105 del decreto 1759/72 establece que ante el caso de que se extravíe un expediente administrativo se “ordenará dentro de los dos días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictamentes producidos, haciendose constar los trámites registrados...”.
La Justicia comprobó, en base a documentación oficial, que la IGJ ordenó reconstruir el expediente de The Old Fund recién dos días después de que fue declarado como perdido.
El organismo tampoco le informó a la Justicia sobre su traspié, tal como afirma el comunicado emitido ayer.
Clarín pudo saber, además, que entre las 18 fojas “extraviadas” del legajo de  The Old Fund en la IGJ no había solamente “documentación registral inscripta originalmente”, como dice la versión oficial.
Este diario reconstruyó, en base a fuentes de la causa Ciccone, que entre la información que la IGJ perdió sobre The Old Fund se encuentra un dictamen contable en el que habría detalles de un aumento de capital y de los fondos aportados por la sociedad Dusbel para transformarse en accionista de la compañía; a los que suman la falta de otro dictamen emitido por un abogado vinculado a la firma; y de otros formularios y de observaciones de la propia IGJ, entre otros datos.
El Estado perdió y reconstruyó de modo parcial parte de un expediente crucial sobre The Old Fund, una sociedad que la Justicia terminó atribuyendo a Boudou, y que está siendo investigada, además, por lavado de dinero, en la Argentina y en Uruguay.
La IGJ aseguró que entre los funcionarios involucrados en este proceso se encontraba la ex directora de sociedades comerciales del organismo, Silvina Martínez. En realidad, ella fue quien le alertó a Alak sobre las irregularidades, que la terminó echando. Y fue por eso, entre otrass cosas, que declaró como testigo ante Servini de Cubría. Tres veces.

Obediencia debida

Estábamos curados de espanto con Ciccone pero no. Apareció Alak, que como ministro siempre ha seguido el manual de instrucciones para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo: no decir nada sin que Cristina lo ordene.
Ayer lo envió a justificar la pérdida del legajo de la imprenta, a resguardo en su ministerio. ¿Y qué se le ocurrió decir a Alak? Que “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”.
No se esforzó demasiado. Quizás porque el ministro no lo cree al decirlo. Nosotros no le creemos al escucharlo.
Alak es de los que quieren quedarse y quieren partir del Gobierno y al fin aceptan las cosas como vienen dadas. También es un ministro en teoría. En la práctica, el que manda es su segundo, el secretario Julián Alvarez, de La Cámpora.
Lo que Alak debiera explicar y no puede es cómo pudieron borrarse en marzo del 2002 nada menos que las huellas de quienes eran los verdaderos dueños de The Old Fund. O sea, de la imprenta (ver pág. 3).
“Teníamos ese expediente digitalizado”, dijo. Cualquiera puede recuperar de una PC un mail enviado o recibido hace años. ¿No puede recuperar esos datos un ministro? Una de dos: o no estaban digitalizados o alguien borró los archivos. Para el caso es lo mismo.
Tampoco Alak puede explicar por qué ese expediente, que estaba en la Inspección General de Justicia (IGJ) y tenía 22 páginas, se redujo a otro de 4, o sea a menos del 20%, luego de ser reconstruído. Otra vez una de dos: o el 80% no servía o en ese 80% estaba lo que servía y el Gobierno quiere ocultar.
Si está digitalizado, como dice, debería mostrar las 22 páginas y sanseacabó, como diría Máximo.
Dijo el ministro: a raíz del supuesto extravío “hicimos un sumario administrativo”. Se supone que para aclarar qué ocurrió y para encontrar a los responsables. Pasaron más de dos años y medio y, de nuevo, no tiene nada para decir ni sobre una cosa ni sobre la otra.
Lo que no se perdió en todo este tiempo es la coincidencia entre un par de fechas claves del escándalo. Recordemos: en ese mismo marzo del 2012 Laura Muñoz dijo que su ex esposo Vanderbroele era testaferro de Boudou. Vanderbroele era el presidente de The Old Fund. Trascartón, se perdió el expediente. Un mes después, Boudou hizo saltar de la causa al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y en el mismo operativo a Righi, el jefe de los fiscales. En agosto y para intentar frenar el terremoto, Cristina ordenó estatizar Ciccone. Está visto que no lo consiguió.
Para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo, Alak se incinera a lo bonzo con Boudou. Cumple el rito oficial de callar frente a la corrupción. Puede encubrir al vice pero deberá descubrir ante el juez por qué archivó la denuncia de las maniobras de La Cámpora en la IGJ de la ex directora del Registro de Sociedades.
Ahí ya no le servirá apelar a la obediencia debida.