Fui
víctima de acoso y violencia sistematizada por parte de distintos funcionarios
del Gobierno argentino. La violencia laboral en el ámbito estatal es
especialmente devastadora ya que es generada por quien debe proteger y se
falsea mediante un discurso que niega lo que está pasando. En mi caso, hay una íntima conexión entre la
violencia que sufro y distintos hechos de corrupción en el Estado combinando
conductas violentas e impunidad absoluta de los agresores, e indefensión de las
víctimas.
Mi
relación laboral con la Inspección General de Justicia, organismo dependiente
del Ministerio de Justicia de la Nación, comenzó en febrero del 2004, cuando
todavía era estudiante de derecho y nunca falte por enfermedad ni tuve
sanciones disciplinarias. Esto puede comprobarse con mi legajo. Fue ascendiendo
en diferentes áreas del Organismo. En febrero del 2010 mediante decreto N°
172/2010 emitido por el Poder Ejecutivo me designan Directora del Registro
Nacional de Sociedades.
Mis
superiores jerárquicos eran el Inspector General y el subinspector General. Se
puede consultar el organigrama del Organismo en la página web: http://www.jus.gob.ar/igj/la-igj/organigrama.aspx.
A fines de 2011 me informan que el Sr. Gustavo Varela, militante de la
agrupación política La Campora, iba a desempeñar el cargo de Subinspector
General de Justicia, sin designación legal, esto es sin el correspondiente
decreto del Poder Ejecutivo. Su función tenía que ver con cuestiones políticas
y a él debía reportarse todos los hechos vinculados políticamente, ya que no
poseía experiencia en la temática del organismo.
Poco
tiempo después de su arribo comenzó su hostigamiento hacia mi persona, buscando
evidenciar un supuesto incumplimiento de trabajo, con amenazas. Pero el acoso
sufrido no se limitó solamente al Sr. Varela, sino que también se sumó el del
Inspector General Norberto Berner, (también militante de la agrupación La
Campora) quien asume a fines de mayo de 2012 e inmediatamente dicta dos
circulares para establecer un cepo informativo en relación a la información
obrante en el Registro Público de Comercio en la Inspección General Justicia.
Este cepo fue dispuesto con motivo de los pedidos de informes que se suscitaban
en relación a cualquier sociedad vinculada a funcionarios del gobierno
argentino, principalmente con las sociedades vinculadas al caso Ciccone. Así
intentaban obligarme a denegar información con un criterio arbitrario e
ilegitimo sin ningún tipo de aval jurídico ya que yo era el funcionario que
debía tomar estas decisiones conforme mis funciones y responsabilidades. Nunca
acate las órdenes, conforme puede comprobarse. Cabe destacar que recientemente
la Corte Suprema de Justicia se expidió en relación a la limitación de la información
en la Inspección General de Justicia, estableciendo que la información es
publica y no se puede requerir ningún interés especial (en autos Gil Lavedra
Ricardo c/ Ministerio de Justicia s/ amparo”
Así
llegue a un nivel de stress y de angustia nunca antes vivido, cada día me
costaba muchísimo ingresar al trabajo, sentía que me ahogaba, que me iba a
morir ahí adentro, me confundía constantemente y sentía que no servía para
nada. Comenzó a repercutir en mi salud con alergias constantes, síntomas
gripales, fluctuaciones en el peso, entre otros. Tenía mucho miedo y comencé
con ataques de pánico. El organismo comenzó a ser manejado por el miedo y se
negaban o retaceaban las respuestas a los jueces, fiscales, legisladores de la
oposición o periodistas; ello a pesar de que se trataba de un registro público
de comercio.
El
día 21 de junio de 2012 me retiró de la oficina con una crisis nerviosa
producto de que una asesora de Berner (Analia Spatola) irrumpe en mi oficina y
me recrimina haber enviado a intimar a la sociedad The Old Fund (empresa que la
justicia argentina atribuyo al vicepresidente de la Nación Amado Boudou,
mediante la cual se apropió de la sociedad que emitía billetes en la
argentina). Al concurrir a una guardia médica, me otorgan licencia por stress
laboral. El acoso se agudizó y continúo en el periodo de licencia. Repartieron
las pocas funciones que quedaban a mi cargo de otras personas quienes daban
nuevas directivas, cambiando circuitos con planes a largo plazo. No podía
volver a mi puesto de trabajo ya que se había desmantelado por completo y no
tenía ni funciones ni espacio físico.
Denuncie
a mis superiores jerárquicos todas las irregularidades que ocurrían en la IGJ. En
fecha 26-09-12, luego de varias citaciones y entrevistas con el Servicio Médico
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se me citó para la realización
de un psicodiagnóstico en el Ministerio de Salud. El mismo se desarrolló en dos
etapas, una realizada el 26-09-12 y la otra el 04-10-12. En fecha 11-10-12 me
citaron telefónicamente a asistir al sector de Salud Ocupacional del Ministerio
de Salud el día 17 de octubre a las 12.30, oportunidad en la cual me entrevistó
un médico psiquiátra y me informó como resultado que no me encuentro en
condiciones para volver a mi trabajo, por lo cual se extendió mi licencia
médica.
En
fecha 10 de agosto de 2012 denuncie ante la IGJ los hechos aquí relatados (expte
N° 5109026/2863608). En fecha 10-09-12 se presentó un pronto despacho atento a
que no existía movimiento alguno registrado del trámite iniciado, ello mediante
el control vía internet y en fecha 18 de octubre, atento el silencio de la
administración, presente ante la IGJ recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio. Por tal motivo, presente en la Mesa de Entradas del Ministerio
citado una denuncia dirigida al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Julio Alak en fecha 19 de octubre de 2012. (Expte N°S04:0053188/2012) Según
surge del citado expte la actuación estuvo hasta el día 02/11/2012 en el
gabinete de asesores del Sr. Ministro, remitiéndose ese día al Despacho del
Secretario de Asuntos Registrales Dr. Oscar Martini, quien ordenó el día
08/11/2012 al Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral Dr.
Ernesto Kreplak que la Inspección General de Justicia produzca informe a la
brevedad y este último remite la Dirección de Recursos Humanos el día
12/11/2012. Finalmente mi denuncia es girada a la IGJ el 7 de diciembre de
2012, destacándose que al momento de recibirse mi denuncia se decide despedirme
de mi puesto de trabajo.
El
10 de diciembre de 2012 la denuncia que efectuará se remite a la oficina
judicial de la IGJ, ordenando dicho pase el Sr. Berner (uno de los funcionarios
por mi denunciados). Recién a fines de 2013 se resuelve el inicio de un sumario
a fin de investigar los hechos investigados, destacándose que se impugno la
tramitación del sumario, toda vez que no se cumplía con el procedimiento
establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas (dilación en
el tiempo, carencia de orden cronológico, parcialidad de los instructores),
dejándose constancia que debía intervenir la Procuración del Tesoro, por el
carácter de los funcionarios involucrados. Este planteo fue rechazado mediante
resolución N° 1 del 6 de marzo del 2014.
El
día 15 de noviembre de 2012 me presento con la escribana María Leticia SUED
DAYAN, Titular del Registro Notarial N° 254 en Sarmiento 329 planta baja ante
el servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme había
sido citada. En dicha oportunidad y conforme surge del acta notarial N°
015551377 en oportunidad de comparecer a dicho servicio médico el Director del
Mismo me informa que no puede justificarme la licencia porque según constancias
del sistema no pertenezco más al Ministerio. Asimismo nos indica que aguardemos
a alguien del sector Jurídicos. Con posterioridad una empleada del sector y el
Director nos muestra una pantalla donde surgen mis datos mi fecha de ingreso y
como fecha de egreso del Ministerio el 31 de octubre.
En
dicha oportunidad (15 de noviembre de 2012) el Dr. David Azulay director del
servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
manifiesta que no puede justificar mi licencia por enfermedad debido a que en
el programa informático ADMAGE de la Dirección General de Recursos Humanos
figuro como egresada de este Ministerio con fecha 31/10/2012. Manifiesto mi
asombro ya que no había sido debidamente notificada de ninguna decisión en ese
sentido, encontrándome además de licencia médica. Con motivo de la negativo del
Servicio Médico de recibir me certificado, lo ingresamos en la Mesa General de
Entrada con el acta de notificación.
Así
estuve durante meses. Notificada del decreto 601/13 que dispuso el cese en mis
funciones al 31 de octubre de 2012, pero dictándose el mismo recién el 27 de
mayo de 2013 y notificándose el 5 de junio, presenté recurso de
reconsideración, fundando el mismo en la nulidad absoluta y manifiesta del
mencionado decreto, el cual carecía de causa, objeto y motivación. Sin embargo,
el 10 de febrero de 2014 se dicta el decreto 359/14 el cual desestima el
recurso.
Pero
todavía VS podrá apreciar un nuevo dato llamativo que evidencia de manera
contundente como se vulneraron mis derechos en todos estos meses: Todos los
decretos de prórroga de mi designación tramitan bajo el expte. EXP-S04:0008329
y el 10 de febrero de 2012 se dispuso impulsar la prorroga en mi designación, siguiendo
el expte su curso normal para este tipo de designaciones. Es decir la prórroga
de mi designación había sido impulsada por las misma Superioridad que de manera
ilegítima arbitraria y movilizada por razones políticas, dispone mi baja. Así
según puede comprobarse desde el 3 de abril del 2012 la referida prorroga se
encontraba en Presidencia de la Nación, pero el 2 de julio la Directora General
de Recursos Humanos del MJyDDHH Dra. Blanca María Hernández solicita la
devolución del referido expte para ser remitido a la IGJ. El 29 de octubre de
2012 Berner indica que mi prorroga será hasta el día 31 de octubre de 2012 y a
partir de esa fecha impulsa la designación de la Dra. Susana Graciela
Junqueira, dictándose en consecuencia el decreto 601/2013 del 27 de mayo de 2013 (que aquí se
impugna).
Todo
lo que aquí reseño fue declarado en diversas causas penales abiertas con motivo
de diversos delitos ocurridos en el ámbito de la IGJ en trámite por ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 Secretaria N°
2 causas 6605/12 13424/12 y 7311/13,
entre otras.
Ahora
bien, la persecución nunca termina. El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una nueva
ofensiva en mi contra; ello por haber denunciado las irregularidades que
ocurrían dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ). El ministro de
Justicia, Julio Alak, se presentó en la causa N° 6605/2012 como querellante
para acusarme del extravío o robo dentro
de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London
Supply cuando estalló el "caso Ciccone". Al presentarse el Ministro
de Justicia acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos
que se iniciaron dentro de la Inspección General de Justicia para averiguar qué
ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido.
Esas copias que aportó el Ministro de Justicia incluyen varias inconsistencias.
Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia
cronológica para incorporar documentos y se mezclaron los testimonios. Declaré
como testigo ante la Justicia, señalando que aunque la IGJ había anunciado la
completa reconstrucción del legajo de la empresa que la justicia le atribuye al
vicepresidente para apropiarse de la empresa que imprime los billetes en la
Argentina, faltaban 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción
incluían datos adulterados. En el sumario del Ministerio nunca fui citada para
ejercer mi derecho de defensa, ni a nadie de mi equipo del Registro Nacional de
Sociedades.
Pero
la pesadilla y la persecución no terminan. Fui citada como testigo en la causa
en la cual se investiga diferentes irregularidades y/o delitos de la empresa
Hotesur S.A., cuyo accionista es la presidenta de la Argentina Cristina Fernández
de Kirchner. Acto seguido, recibí amenazas y persecuciones desde diferentes
medios vinculados al oficialismo y, los más grave, desde la cuenta de Twitter
de la Casa Rosada. En una seguidilla de
tuits se encargaron mancharme y tuve que salir a desmentir la información que
circulo por la cuenta @CasaRosadaAR citando notas de la agencia estatal Télam y
del portal Infojus.
En
el marco de toda esta pesadilla, fui denunciada por una Diputada que responde
al partido del gobierno por supuesto incumplimiento de los deberes de
funcionario público y falso testimonio.
A
modo de resumen esta es mi historia en los últimos 3 años. No puedo conseguir
trabajo en el Estado, y en el ámbito privado también me cuesta. Los derechos
humanos que son vulnerados son: 1) el derecho a la integridad física y
psíquica; 2) el derecho a la dignidad, al honor, en su faceta personal y
profesional; 3) El derecho a la salud; 4) El derecho a un trato digno; 5) El derecho
a la igualdad de trato y no discriminación.
Solo
soy una empleada que creía que se podía hacer carrera en la administración
pública., pero me convertí en una víctima de la incansable búsqueda de
impunidad de un gobierno que se maneja como los protagonistas de El Padrino.
