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sábado, 11 de octubre de 2014

Siguen premiando a La Campora con la IGJ

La Cámpora retuvo el control del ente que fiscaliza empresas

Después de los escándalos con expedientes de los casos Ciccone y Schoklender

Hizo nombrar a Martín Cormick, otro de los suyos, en la Inspección General de Justicia.

El Gobierno oficializó ayer la designación del nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano que tiene la función de registrar y fiscalizar todas las sociedades, incluso las extranjeras, y las fundaciones. Se trata de Diego Martín Cormick, un abogado miembro de Justicia Legítima, la agrupación creada por el kirchnerismo para dividir aguas dentro del Poder Judicial, y de La Cámpora.

Cormick trabajaba hasta ahora en la Oficina de Orientación al Habitante (OOH), dependiente de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, copada por el kirchnerismo. Y tiene un vínculo estrecho con Ernesto Kreplak, uno de los principales impulsores de la suspensión del fiscal José María Campagnoli e ideólogo del cepo informativo que se dispuso en la IGJ y en el Registro de la Propiedad cuando estalló el caso Ciccone. Desde 2012, Kreplak es titular de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, que controla ambos organismos. Llegó a ese cargo de la mano de otro integrante de La Cámpora, el secretario de Justicia, Julián Alvarez.

El nombramiento de Cormick (37) fue confirmado ayer a través del decreto 1.756 que lleva las firmas de la presidente Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

Hincha ferviente de Estudiantes de La Plata y ex alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), Cormick reemplaza a Rodolfo Tailhade, quien r enunció para impulsar su carrera política hacia la intendencia de Malvinas Argentinas, el Municipio que conduce Jesús Cariglino.

Tailhade había sido reemplazado hasta ahora por Analía Spatola, un abogada camporista que se desempeñaba como subinspectora General de Justicia.

La conducción de la IGJ pasó por varias manos en los últimos años. Taihade había sido nombrado en 2013 en lugar de Norberto Berner, quien actualmente conduce la secretaría de Comunicaciones. En manos del camporismo, el organismo fue blanco de numerosas denuncias. La más reciente tiene que ver con presuntas irregularidades en el legajo de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone Calcográfica y que dirigía Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou.

Por la “pérdida” de documentación de Ciccone dentro de la IGJ hay al menos tres causas en trámite.

El organismo fue cuestionado por el manejo de la documentación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo tras el escándalo de los hermanos Schoklender. En ese momento, la IGJ estaba a cargo de Marcelo Mamberti, un funcionario allegado al senador Aníbal Fernández. También recibió cuestionamientos por acotar la información disponible sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.

Cormick es camporista, pero su tío, Hugo Tomás Cormick, es un referente del Frente Grande en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos están ligados a la Universidad de Moreno. El tío fue secretario académico de esa institución, mientras que Martín es docente. Por otro lado, ambos resultaron electos en el Consejo Asesor de la carrera de licenciatura en Administración.

Además, tío y sobrino fueron firmantes de la solicitada original de Justicia Legítima, el colectivo de funcionarios judiciales que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien se alineó con el Gobierno.

Cormick, allegado al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quedó a cargo desde ayer del Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad, controlados por la IGJ.

http://www.clarin.com/politica/Campora-retuvo-control-fiscaliza-empresas_0_1228077272.html

lunes, 21 de julio de 2014

Miedo

El atril presidencial se ha usado para intimidar, y muchos organismos del Estado han sido herramientas para atemorizar a opositores y críticos del Gobierno

La última década dio testimonio de los graves y desvergonzados desvíos de poder que implica el empleo de los organismos del Estado como herramientas para atemorizar a opositores o escarmentar a librepensadores y críticos del Gobierno.

Como reflexionábamos en nuestro editorial de ayer, la política del miedo ha ido socavando relaciones, destruyendo lazos de confianza, espantando inversores y ahondando todavía más el deterioro moral e institucional del país a lo largo de la mal llamada "década ganada".

Las amenazas e intimidaciones proclamadas desde el atril presidencial son uno de los peores ejemplos e indicador tristemente gráfico sobre los abusos en que incurre el poder gubernamental, corporizándose en la más alta investidura para defenestrar a quienes se atreven a opinar distinto.

Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sólo cuestionó duramente a un corredor inmobiliario por el simple hecho de haber hablado de la desaceleración de su sector de actividad económica. La primera mandataria también citó información sobre su situación personal ante el fisco, prescindiendo del riguroso secreto fiscal que ampara a los ciudadanos, a punto tal que el broker fue luego suspendido por el ente recaudador.

La política del miedo anida también en la Unidad de Información Financiera (UIF), centro neurálgico de todos los movimientos financieros del país, que recibe de bancos, escribanos, aseguradoras y sociedades de bolsa los reportes de las operaciones que puedan ser sospechosas.

Ha quedado demostrado que, para el kirchnerismo, resulta demasiado tentador disponer de tan abundante información confidencial sin ponerla al servicio de su destino hegemónico. José Sbattella, quien dirige la UIF, es un economista sin formación específica, pero militante K, que designó a parientes y amigos inexpertos en puestos clave. No se trata de una cuestión técnica, sino estratégica: se investiga a opositores y se congelan expedientes contra el oficialismo como el de Lázaro Báez.

La Inspección General de Justicia (IGJ), hoy en manos de La Cámpora, es otro instrumento de esta aberrante política de coacción. Frena denuncias que afecten al poder y no da información sin el visto bueno de sus operadores. Pidió datos confidenciales a las mil empresas más importantes del país para "apretarlas"; idéntico procedimiento siguió la Secretaría de Comercio. El titular de la IGJ, Luis Tailhade, publicó en su cuenta de Facebook afiches con las fotos de los empresarios a cargo de esas firmas, bajo la leyenda: "Éstos son los que te roban el sueldo".

http://www.lanacion.com.ar/1711663-miedo-ultima-parte

lunes, 23 de junio de 2014

La IGJ cambió de mando, pero se esconden los nombramientos

Rodolfo Taihade renunció hace varios días como titular de la IGJ, y fue reemplazado por Analia Spatola, también de La Cámpora. Ni la renuncia de Taihade, que quiere ser intendente de Malvinas Argentinas, ni la asunción de su reemplazante fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Taihade quedará a cargo de una Agencia Federal de coordinación con las provincias y los municipios en materia de acceso a la justicia, un organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak.

Su renuncia se debe a que pretende impulsar su carrera política. Taihade es actual concejal de Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria. Y pretende ser el próximo intendente de ese Municipio, que conduce Jesús Cariglino.

Su reemplazante es Analia Spatola, quien desde hace más de dos años se desempeñaba como subinspectora General de Justicia. En la IGJ aseguran que no tiene los antecedentes necesarios al igual que Taihade.

Spatola pertenece a la agrupación la Campora. De su CV surge que se recibió de abogada a los 32 años (2007) y no cuenta con especialización ni cursos relacionados con la temática del organismo ni con ninguna otra especialidad. Tiene conocimiento medio de idioma inglés y maneja herramientas office y el lex doctor. Como antecedentes laborales anterior a la IGJ se desempeño desde el año 1995 al 1996 en tareas de procuración en el estudio Kleidermacher & asociados; desde 1996 hasta 2006 para el estudio Mittelman & Asoc; desde el año 2006 hasta el 2009 en el Registro de la propiedad automotor N° 56 en tareas técnico-administrativas y desde el 2009 hasta su ingreso a la IGJ en la Unidad administrativa de atención de faltas especiales del GCBA.

Spatola responde directamente al secretario de coordinación y control registral Ernesto Kreplak (actual presidente del tribunal de enjuiciamiento de Campagnoli). Está involucrada en causas penales donde se investiga la perdida de los exptes de Compañía de Valores Sudamericana, The Old Fun y London Supply de la IGJ, como así también por el cepo informativo articulado para proteger a las sociedades vinculadas al vicepresidente.

http://www.expedientepolitico.com.ar/la-igj-cambio-de-mando-pero-se-esconden-los-nombramientos/

viernes, 30 de mayo de 2014

Otro premio para un funcionario que esconde los exptes en la IGJ

Crean agencia para el acceso a la justicia

30.05.2014 | tendrá carácter federal y la dirigirá tailhade

El gobierno creará una nueva agencia federal de coordinación con las provincias y los municipios en materia de acceso a la justicia, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak. El nuevo organismo tendrá al frente a Rodolfo Tailhade, actual titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), que pasará ahora a estar al mando de la aplicación de las políticas que lleva adelante la cartera como el plan de desarme, el combate a la trata de personas y la coordinación de las oficinas de Acceso a la Justicia en todo el país.

Hasta el momento, la cartera de Justicia había ampliado su presencia territorial en las principales ciudades y capitales del país a través de la creación de más de 200 centros, pero trabajaba de manera descentralizada en los distintos programas y políticas públicas que impulsa el Ministerio. A partir de la creación de la agencia federal que comenzará a promover estas iniciativas de manera coordinada, la nueva dirección también funcionará como una suerte de enlace político articulado bajo la dirección de Tailhade, que integra la agrupación La Cámpora y es además presidente del bloque de Concejales del Frente para la Victoria en el municipio de Malvinas Argentinas. Según pudo confirmar Tiempo Argentino, Tailhade ya firmó su renuncia a la IGJ que será oficializada en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial. Lo sucederá la abogada especialista en derecho societario Analía Spátola, quien desde hace más de dos años es la Subinspectora General de Justicia, segunda al frente del organismo registral y de fiscalización de sociedades. La coordinación del Programa de Desarrollo Territorial de Políticas Públicas –nombre formal de la unidad– tendrá injerencia en la aplicación federal del programa de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de Trata, que rescató a 6000 personas desde su creación, y el programa de Desarme Civil, que fue recientemente distinguido por la Organización de Naciones Unidas tras haber alcanzado las 220 mil armas de fuego destruidas, según números del Ministerio. También los de Lucha contra la Impunidad y el de Asistencia a las personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia. En rigor, será la que unifique políticas territoriales para sectores vulnerables facilite logística en las agencias de Acceso a la Justicia que con 58 oficinas están presentes hoy en 14 provincias y tramitan alrededor de 300 mil consultas por año, muchas de ellas como único punto de contacto para el comienzo de la resolución de conflictos. La intención del gobierno es extender la cobertura territorial. De perfil político y dialoguista, Tailhade asumió en diciembre pasado al frente del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, un municipio difícil del primer cordón del Conurbano conducido con mano de hierro por el ahora massista Jesús Cataldo Cariglino, frente a quien logró cosechar 53 mil votos. «

miércoles, 2 de abril de 2014

Proyectos de ley sobre IGJ año 2014

H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente	0201-D-2014
Trámite Parlamentario	002 (06/03/2014)
Sumario	PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DECISION DE LAS AUTORIDADES DE LA IGJ - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - DE EFECTUAR Y RATIFICAR UN CEPO INFORMATIVO RESPECTO AL CASO CICCONE, PARA IMPEDIR EL ACCESO A LOS LEGAJOS SOCIETARIOS.
Firmantes	BIANCHI, IVANA MARIA.
Giro a Comisiones	ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través de los organismo que corresponda se sirva informar por la decisión de las autoridades de la IGJ (Inspección General de Justicia) de efectuar y ratificar un cepo informativo respecto al caso Ciccone, para impedir el acceso a los legajos societarios:

1.-¿ Se ha realizado un relevamiento para saber y conocer

- en que sector de la IGJ se han tomado decisiones a los efectos de materializar dicho cepo informativo por el caso Ciccone.

- que autoridades de la misma fueron las responsables de dicha decisión.

-si esas autoridades se manejan dentro de las pautas autorizadas por el reglamento de la IGJ.

-cual fue el motivo de materializar dicha cepo informativo?

En caso afirmativo conteste cada uno de los ítems y en caso negativo explique los motivos.

2.-¿Si se ha investigado dentro de la IGJ el llamativo extravio o presunto robo del legajo de The Old Fund? En caso informativo aclare y en caso negativo explique los motivos.

3.- ¿Si se ha pensado en realizar en función de las numerosas denuncias y llamativas irregularidades dentro de IGJ una auditoria sobre los distintos funcionarios que estuvieron y están al frente de la IJG? En caso afirmativo, que se presente un informe y en caso negativo, que explique los motivos.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cabe poner de manifiesto que la Diputada Elisa Carrió en función del conocimiento de las decisiones tomadas por la IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou en el "caso Ciccone", ya en el año 2013 realizo una denuncia penal por los presuntos delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" que habrían sido cometidos por sus autoridades
La Diputada centró su denuncia en el ex titular de la IGJ y actual secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y distintos agentes del organismo, puesto que llego la información que montó un "cepo informativo" para obstaculizarles a jueces, legisladores y periodistas el acceso a los legajos societarios.
La denuncia quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, quienes deberán determinar si los funcionarios bajo la órbita del Ministerio de Justicia delinquieron para proteger a Boudou.
Distintos dirigentes políticos hacen incapie en la necesidad de citar por parte de la justicia a ex funcionarios de dicha entidad a los efectos que aporten detalle de irregularidades y delitos cometidos a partir de la total injerencia de miembros de la Campora. Uno de ellos sería la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Bullrich y otro el ex inspector de Legales Fernando Scanavino.
Por su parte el titular de la Inspección General de Justica, Luis Rodolfo Tailhade, defendió el "cepo informativo" y afirmó que continuará hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre su validez.
También señalo que "No soy el autor de las circulares", en alusión a la polémica normativa interna que bloquea el acceso público a los registros societarios. "Pero mantengo el criterio. No creo que sea función primordial e la IGJ entregar información al que se le ocurra", explico.
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.

H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Nº de Expediente	8214-D-2013
Trámite Parlamentario	196 (20/02/2014)
Sumario	SOLICITAR, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y DEL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, LA PRESENCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DOCTOR JULIO ALAK, PARA QUE BRINDE INFORMES VERBALES Y LAS EXPLICACIONES PERTINENTES RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL DOCTOR RODOLFO TAIHADE COMO CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) MIENTRAS EJERCE EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA, EN TANTO EL ARTICULO 20 DE LA LEY 22315, ORGANICA DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, ESTABLECE CLARAMENTE INCOPATIBILIDADES DE DICHO CARGO.
Firmantes	GARRIDO, MANUEL.
Giro a Comisiones	JUSTICIA; ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio Alak, para que brinde informes verbales y las explicaciones pertinentes respecto al desempeño del Dr. Rodolfo Tailhade como concejal del Municipio de Malvinas Argentinas (Provincia de Buenos Aires) mientras ejerce el cargo de Inspector General de Justicia, en tanto el artículo 20º de la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia, Nº 22.315, establece claramente las incompatibilidades de dicho cargo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Una reciente información periodística reveló que el actual Inspector General de Justicia, el Dr. Luis Rodolfo Tailhade, es, además, concejal por el Frente para la Victoria, del Municipio de Malvinas Argentinas.
La propia página web del Concejo Deliberante Municipal (http://www.malvinasargentinas.gov.ar/index.php/poder- legislativo) confirma esta información, como puede verse en el listado de actuales concejales en ejercicio.
Según la nota publicada el día 19 de febrero de 2014 en el Diario La Nación, el propio Dr. Tailhade "anunció que también continuaría al frente de la IGJ y dijo que ambas funciones públicas son compatibles porque, según argumentó, `la concejalía no implica carga horaria´".
Resulta sorprendente que el actual titular de la IGJ desconozca la norma que regula su funcionamiento -Ley 22.315- y que establece, en el artículo 20º, las incompatibilidades del cargo: "ARTICULO 20. - La Inspección General de Justicia está a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley.
El Inspector General debe reunir las mismas condiciones y tendrá idéntica remuneración e incompatibilidades que los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones."
Habría que sugerirle al Dr. Tailhade que se interiorizara también con el artículo 9º del Decreto Ley 1.285 en el cual se establecen claramente las incompatibilidades a las que se refiere la mencionada Ley 22.315.
Esta situación es de extrema gravedad y debería provocar la inmediata suspensión del titular de la IGJ mientras se investiga el caso y se llega a una resolución.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación debe concurrir a esta Honorable Cámara a dar las explicaciones del caso como responsable último de esta situación. Nadie puede creer que el Dr. Julio Alak no estuviera al tanto de que el Sr. Tailhade ejerce en simultáneo el cargo de concejal en un municipio de la Provincia de Buenos Aires. Es inadmisible que como Ministro de Justicia, organismo del cual depende la Inspección General de Justicia, tolere la comisión del delito de violación a los deberes de funcionario público, tal como lo establece la propia Ley de Empleo Público.
El cargo de Inspector General de Justicia es de suma relevancia y de alta exposición, más teniendo en cuenta que el Sr. Tailhade fue también noticia cuando la AFIP retiró el CUIT de su empresa Taiser SA, dedicada a la explotación de establecimientos agrícolas, por considerar que la firma era inactiva o fantasma y que se corría el riesgo de que cometiera fraude fiscal (Resolución General AFIP 3358/12). Es insospechado que ningún funcionario del Poder Ejecutivo o miembros del Frente para la Victoria no supieran que el ejercicio del cargo que ejerce Tailhade es incompatible con cualquier otra función, salvo la docencia.
Como se mencionó, la situación que involucra al Inspector General de Justicia es sumamente grave y requiere su renuncia o su apartamiento inmediato del cargo. Sin embargo, el caso adquiere mayor gravedad cuando sospechamos, con alto nivel de certeza, que las incompatibilidades a las que el Dr. Tailhade incurre son conocidas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por otros funcionarios y miembros del partido gobernante. Estamos frente a la violación de dos leyes claves -como son Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia- en un marco de total impunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas acompañen con su firma el presente proyecto de resolución.