Entrevista en Infobae sobre Hotesur

"Todo aquel que se niega a las órdenes del Poder Ejecutivo termina desplazado"

Esa fue la coincidencia de especialistas y políticos al analizar en InfobaeTV el apartamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur. "Con esto demuestran que algo esconden", aseguraron

Consultada por InfobaeTV, Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ), aseguró que el Poder Judicial es el nuevo enemigo del Gobierno: "Está pasando lo que pasó en los distintos organismos de la administración pública. Empezaron por distintos sectores y hoy se fue masificando. Todo aquel que se niegue a las ordenes del Poder Ejecutivo, todo aquel que se anime a investigar, que ponga en tela de juicio el relato, termina siendo despedido, desplazado, difamado, denunciado y perseguido".

Sobre si esto es una victoria para el kirchnerismo, Martínez explicó: "Estamos analizando con Stolbizer apelar a la Cámara. Hay que ver si los fiscales pueden presentar algún recurso, estamos viendo de qué manera poder seguir instando acciones".

http://www.infobae.com/2015/07/16/1742197-todo-aquel-que-se-niega-las-ordenes-del-poder-ejecutivo-termina-desplazado

otra vez la IGJ y su protección a las empresas K

El Gobierno se resiste a cerrar seis empresas de Lázaro Báez

ete meses atrás, bajo acusaciones de que protegía a la sociedad presidencial Hotesur, la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció la creación del Registro de Entidades Inactivas (REI). Y prometió que para fines de abril de este año abarcaría a todas las firmas paralizadas o fantasmas bajo su órbita, las que procedería a liquidar.

De ese modo, con una iniciativa general que bloqueó las acusaciones de favoritismo, las autoridades de la IGJ les permitieron a los Kirchner acomodar los papeles de su hotel Alto Calafate. Pero los creadores del REI nunca imaginaron con qué se toparían: ahora tienen que impulsar la muerte jurídica de seis empresas de Lázaro Báez, entre ellas, la constructora Gotti Hermanos y Epelco, la firma con la que el ex empleado bancario compró la casa de los Kirchner en Río Gallegos.

Sin embargo, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, hasta ahora no dio orden alguna para proceder al cierre de las empresas en las cuales encontró irregularidades.

La lista de firmas afectadas es por demás sensible, según pudo corroborar LA NACION durante las últimas semanas. Incluye también las financieras Invernes y Credisol, de Ernesto Clarens, uno de los operadores de los "fondos de Santa Cruz". Y aparece Austral Agro SA, con la que Báez, que comparte negocios con la familia presidencial, escrituró estancias que quedarán bajo el agua con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. O sus hermanas Austral Desarrollos Inmobiliarios SA y Austral Atlántica SA, con las que pagó alquileres a los Kirchner por varios inmuebles situados en la capital santacruceña.

A esas sociedades inactivas -y a los problemas de la nave insignia de Báez, Austral Construcciones con otra usina más de facturas truchas (ver aparte)-, se suma una sexta firma del empresario de renombre público. Se trata de Top Air SA, la empresa de taxis aéreos cuyos pilotos declararon ante la Justicia que llevaron al "valijero" Leonardo Fariña al menos una vez hasta Río Gallegos.

En el caso de la financiera Invernes de Clarens, en tanto, figura en el Registro de Entidades Inactivas porque no presenta balances desde 2004 y su última inscripción también es de ese año, mientras que tampoco hay antecedentes de sus accionistas ni de directores de los últimos 11 años.

Por su parte, las seis sociedades de Báez que constan en el REI, según verificó LA NACION, continúan a la espera de que las autoridades de la IGJ cumplan con el siguiente paso que ellas mismas establecieron en la resolución 4/2014. La emitieron a mediados de diciembre y establece la aplicación de multas, y la presentación ante la Justicia para pedir "la disolución y liquidación" de esas sociedades.

Sin embargo, transcurridos más de dos meses y medio desde la fecha límite que fijó la IGJ para que Báez y Clarens -y los dueños de cualquier otra firma incluida en el REI- presentaran los documentos requeridos para reactivar sus sociedades, no hay constancias de que el organismo haya aplicado multas o acudido a la Justicia para solicitar la muerte de esas sociedades.

Del mismo modo, tampoco hay constancias de que las seis sociedades de Báez o las financieras de Clarens hayan intentado salir del REI con la presentación de una nota de un apoderado o representante legal más un formulario que la IGJ denominó "Procedimiento Cumplimiento". "Recuerde", indicó la IGJ al ofrecer esa última vía de escape, "que las entidades incluidas en el Registro de Entidades Inactivas no podrán concluir ningún trámite ante el organismo". Pero ni Báez ni Clarens lo hicieron.

¿Cuántas sociedades inscriptas en la IGJ se encuentran en la misma situación que las seis empresas de Báez o Invernes? Se desconoce, y según respondió la IGJ ante un amparo judicial que presentó la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez, carece de los medios necesarios para determinarlo.

"Para la ley vigente, esas sociedades inactivas son empresas «fantasmas», ya que sus legajos dentro de la IGJ no tienen movimientos desde hace años, por lo que legalmente ya no deben existir", indicó Martínez, quien sostiene que el organismo aplica "distintos parámetros para las empresas 'amigas' o 'enemigas'".

SOCIEDADES SENSIBLES

Según esa resolución 4/2014, que firmó el titular de la IGJ, Diego Cormick, para crear el "Registro de Sociedades Inactivas", el organismo también debió informarles a la AFIP, la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras áreas de la administración pública nacional y porteña.

¿Qué tienen de especial las firmas de Báez que figuran en el REI?

Gotti Hermanos es una de las grandes constructoras patagónicas que crecieron durante la última década, aunque acumuló problemas desde que la AFIP detectó que acumuló facturas truchas por cientos de millones de pesos.

Los sabuesos -Norman Williams, Jaime Mecicovsky y Horacio Castagnola- terminaron desplazados, y la constructora se acogió a la moratoria que impulsó el Gobierno en 2009 y que le permitió suspender la acción penal.

Epelco SA, por su parte, adquirió la casa familiar de los Kirchner en Río Gallegos por $ 3,1 millones, es decir, seis veces más de lo que la familia presidencial había pagado por esa vivienda cinco años antes, aunque el sellado en la Dirección de Rentas provincial arrojó que la operación se escrituró por $ 1,8 millones.

En tanto, otras dos empresas, Austral Desarrollos Inmobiliarios (ADI) y Austral Atlántica, se combinaron con la nave insignia, Austral Construcciones, para alquilarles departamentos a los Kirchner en las calles Mitre al 500, Mariano Moreno al 800 y Alvear, situadas en Río Gallegos, según consta en los registros contables del grupo Báez a los que accedió LA NACION.

Mientras participaba en esa operatoria, sin embargo, Austral Atlántica sólo figuraba en la IGJ con un movimiento: su inscripción y constitución. De hecho, esa empresa continúa hasta el cierre de esta edición en la misma situación: nunca presentó balances ni cumplió con el régimen informativo.

http://www.lanacion.com.ar/1813833-el-gobierno-se-resiste-a-cerrar-seis-empresas-que-pertenecen-a-lazaro-baez

La designación de un juez militante...el responsable de mi acoso

El viernes, en el Boletín Oficial, se publicaron una docena de pedidos de acuerdo presentados por el Gobierno al Senado para cubrir cargos en la Justicia. Entre ellos el que propone que Ernesto Kreplak sea nombrado al frente del Juzgado Federal número 3 de La Plata. Kreplak, al igual que el ya mencionado Picardi, forma parte del equipo de operadores políticos sobre la Justicia que el Gobierno envió a los tribunales tras el descabezamiento de la SIDE, a fines del año pasado.

Este año Kreplak renunció a su cargo de jefe de Gestión Registral del Ministerio de Justicia para pasar a ser secretario general de la Cámara de Casación Penal. Su mayor relevancia pública la tuvo como titular del jury de enjuiciamiento contra José María Campagnoli, el fiscal que se atrevió a investigar la trama de lavado de dinero entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner.

La procuradora Gils Carbó fue quien montó esa expedición punitiva contra Campagnoli, finalmente fracasada. Kreplak, de carrera judicial, había llegado al Ministerio de Justicia de la mano de Julián Alvarez, viceministro y dirigente notorio de La Cámpora.

Desde la oposición señalan que Kreplak tuvo además participación activa en la operación desplegada en la Inspección General de Justicia para borrar huellas del escándalo Ciccone. La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, denunció entonces que el organismo había sido “copado por La Cámpora”. Terminó despedida.

El Juzgado Federal 3 de La Plata, para el que se propone a Kreplak después del correspondiente concurso, puede adquirir significación particular en tanto es el que, en caso de ser necesario, toma las funciones del juzgado 1 que tiene competencia electoral en la Provincia.

El peso del juez electoral puede ser decisivo en las PASO, incluyendo la oficialización de listas. Y también mantiene fuerte influencia en todo el proceso de la elección general.

El Federal 1 de La Plata está a cargo de Laureano Durán, un secretario ascendido a juez subrogante tras la muerte en setiembre pasado de Manuel Blanco, histórico titular de ese juzgado.

Durán, cuya situación está pronta a normalizar el Senado en el marco de la ley de subrogancias, es un producto genuino de la familia judicial, hijo de un ex juez federal y con más de 15 años de carrera en los tribunales. Sus amigos dicen que nunca tuvo militancia política y que lo “confundieron” con alguien de La Cámpora solamente “porque es joven”.

Sus pasos parecen orientados a seguir la línea tradicional. Esto es, articularse eficazmente con el sistema político en la Provincia. Así, Durán mantuvo en la secretaría electoral del juzgado a Belén Vergara, la misma funcionaria que cumplió esa tarea desde 1984 con el juez Blanco.

No parece casual que el peronismo bonaerense y el PRO no hayan producido hasta hoy ninguna queja fuerte contra Durán. No es el caso de los radicales, que pretenderían colocar en ese juzgado estratégico a un magistrado amigo.

Lo que resultó llamativo fue que desde despachos del Gobierno vinculados con operaciones sobre la Justicia se haya derramado cierta mala onda con Durán. Quizás tenga que ver con la línea de acción del nuevo juez respecto de la política.

El asunto es que Kreplak, un camporista en toda la línea, quedará al frente del juzgado que tomará cartas en cuestiones electorales en la Provincia si por alguna razón entrara en cuestión la tarea de Durán.

Difícil a esta altura creer en las casualidades.

http://www.clarin.com/politica/batalla-secreta-guerra-electoral_0_1367263343.html

Sigue el encubrimiento en IGJ a Boudou

Ciccone: más dudas sobre la protección a Boudou en la IGJ

http://www.lanacion.com.ar/1782222-ciccone-mas-dudas-sobre-la-proteccion-a-boudou-en-la-igj

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.

El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

Para eso, el ministro de Justicia, Julio Alak -del que depende la IGJ-, acompañó copias de algunos tramos de los sumarios de la IGJ. Pero esas copias mostraban falencias, según reveló LA NACIÓN en noviembre pasado. Entre otras, la foliatura no era correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios, y se mezclaron algunas declaraciones.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría rechazó esa petición oficial por considerar que quienes pretendían ser querellantes podían terminar como acusados. Pero la Cámara Federal -con el voto de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y la disidencia de Eduardo Farah- decidió admitirlos.

Ahora, el informe de la Fiscalía confirmó esas falencias del sumario y expuso otras:

-Rechaza las conclusiones del sumariante: considera que no investigó lo que debía en el sumario

-las irregularidades relacionadas con la desaparición del legajo de The Old Fund- y que desvió la pesquisa hacia otros objetivos.

-Señala que buscó probar "no de manera prolija, sino superficial y relativamente" la responsabilidad del personal de archivo y a Martínez, a la que no citó a declarar ni como testigo ni para defenderse. Por eso ordena ampliar el sumario y apuntar "a los superiores que tienen a su cargo" el archivo de la IGJ. Entre otras, de una delegada administrativa, Silvia Bellizzi, quien ahora pasó a Jefatura de Gabinete.

-Solicita que se cite a declarar a los directores de la IGJ -entre otros, Susana Junqueira y la entonces asesora y hoy número dos del organismo, Analía Spátola-, a sus secretarios y a diez empleados en particular que ingresaron durante la gestión de Norberto Berner, hoy secretario de Comunicaciones.

Por esas y otras medidas de prueba sugeridas y aún pendientes, la Fiscalía recomendó a la IGJ que reviera su posición, tanto sobre el expediente de reconstrucción del legajo de The Old Fund -que el organismo informó de manera parcial a los jueces Servini y Ariel Lijo- como en el sumario para determinar los responsables.

"En la medida en que no se ha agotado la investigación de los hechos objeto del sumario, [solicito] se deje sin efecto la clausura dispuesta y se practiquen diligencias sugeridas por esa parte acusadora y todas aquellas que puedan derivar de éstas", planteó el fiscal Renom. Cuatro meses y medio después, aún no ocurrió. Pero los registros informáticos de la IGJ deparan más sorpresas. El legajo de The Old Fund -el 2776773- figura desde el 21 de octubre como "archivado". ¿Apareció el legajo? ¿O es otro retoque electrónico, un día antes de que el Ministerio de Justicia pidiera ser tomado por querellante?.

Mi respuesta a la denuncia que me arman por Hotesur y Ciccone II

En lo que respecta a la denuncia presentada por la Diputada Andrea Garcia, aclaro varios puntos, que la desvirtúan por completo:

·         En primer lugar, nunca fui perito en causa alguna. Quien posea conocimientos mínimos jurídicos, sabe que para ser perito en una causa judicial, debe estar previamente inscripta en un registro y se sortea.

·         Nunca dirigí la IGJ, sino que fui Directora del Registro Nacional de Sociedades.

·          La justicia no se expidió sobre mi despido de la IGJ y mi reposición al cargo. En el amparo que fuera iniciado, se resolvió que era una cuestión que requería mayor debate y prueba y excedía el acotado marco del amparo. Por eso, tengo iniciado juicios ordinarios que se encuentran en trámite.

·         La desaparición de los extes de las sociedades relacionadas con el caso Ciccone no ocurrieron en áreas bajo mi responsabilidad, sino que el último destino de la documentación era el archivo (dependiente de la Delegación Administrativa). Se puede comprobar solicitando copia de la estructura del organismo y de las competencias. Tampoco tuve intervención en la reconstrucción de dichos exptes, la cual se efectuó en forma irregular ocultando información vital para la investigación judicial del caso Ciccone. Tampoco el personal que reportaba a mi persona reportaba al área Archivo ni tuvo intervención en la reconstrucción. Puede comprobarse mis dichos, ya que no firme ninguna actuación vinculada a la búsqueda y reconstrucción de dicho exptes.

·         Reitero que ninguno de los delitos e irregularidades que denuncie desde el año 2012 ocurrieron en ámbitos de mi competencia. Y siempre anoticie a las autoridades competentes administrativas y judiciales todas las irregularidades y delitos en el ámbito de la IGJ.

·         No fui yo quien adverti la perdida de los exptes del Caso Ciccone, ya que tal como surge de las resoluciones de reconstrucción de dichos exptes. Tampoco se encontraban en las áreas a mi cargo sino en el archivo. La reconstrucción de dichos exptes se llevó a cabo por personal de la Oficina Judicial, dependiente de la Unidad Inspector General. No intervine en dichas reconstrucciones ni en ninguna. El personal que efectuaba la reconstrucción no me reportaba ni estaba bajo mi conducción.

·         De la resolución N° 14/2013 que ordena el inicio del sumario con relación a la perdida de los exptes de The Old Fund SA se menciona que el Director de Sociedades Comerciales requirió el 23 de marzo de 2012 las actuaciones de The Old Fund SA al rea Mesa de Entradas y Archivo. Y el responsable de Archivo informo que el trámite no pudo ser localizado. Conforme el sistema informático del Organismo, el expte se encontraba en el área Archivo desde el día 29 de octubre de 2011. Ninguna de las áreas mencionadas ni el personal dependía de mi ni tuve intervención en las actuaciones, tal como se prueba con la resolución mencionada. Mediante Providencia 585/2012 el Director de Sociedades Comerciales remite las actuaciones al Departamento de Asuntos judiciales a fin de reconstruir el tramite extraviado; departamento que efectuó la reconstrucción. La res. 618/2012 tuvo por reconstruida las actuaciones extraviadas. Este trámite constaba de 22 fs al momento de su perdida. Pero la reconstrucción del trámite consta de 3 fojas, faltando 19 fojas. Se reitera: no participe en ninguna de las actuaciones vinculadas a The Old Fund ni a su reconstrucción.

·         Que por resolución N° 314/2012 se tuvo por reconstruido el trámite correspondiente a la sociedad COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA SA, el cual se encontraba extraviado. Dicho trámite se encontraba en el área archivo desde el día 1 de febrero de 2003. La reconstrucción también se llevó a cabo en el Departamento de Asuntos Judiciales de la IGJ. Ninguno de los deptos. Mencionados estaban bajo mi competencia ni responsabilidad ni el personal que allí se desempeñaba respondía a mis órdenes. 

Mi respuesta ante la causa penal que me arman por Hotesur y Ciccone I

Fui víctima de acoso y violencia sistematizada por parte de distintos funcionarios del Gobierno argentino. La violencia laboral en el ámbito estatal es especialmente devastadora ya que es generada por quien debe proteger y se falsea mediante un discurso que niega lo que está pasando.  En mi caso, hay una íntima conexión entre la violencia que sufro y distintos hechos de corrupción en el Estado combinando conductas violentas e impunidad absoluta de los agresores, e indefensión de las víctimas.

Mi relación laboral con la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, comenzó en febrero del 2004, cuando todavía era estudiante de derecho y nunca falte por enfermedad ni tuve sanciones disciplinarias. Esto puede comprobarse con mi legajo. Fue ascendiendo en diferentes áreas del Organismo. En febrero del 2010 mediante decreto N° 172/2010 emitido por el Poder Ejecutivo me designan Directora del Registro Nacional de Sociedades.

Mis superiores jerárquicos eran el Inspector General y el subinspector General. Se puede consultar el organigrama del Organismo en la página web: http://www.jus.gob.ar/igj/la-igj/organigrama.aspx. A fines de 2011 me informan que el Sr. Gustavo Varela, militante de la agrupación política La Campora, iba a desempeñar el cargo de Subinspector General de Justicia, sin designación legal, esto es sin el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. Su función tenía que ver con cuestiones políticas y a él debía reportarse todos los hechos vinculados políticamente, ya que no poseía experiencia en la temática del organismo.

Poco tiempo después de su arribo comenzó su hostigamiento hacia mi persona, buscando evidenciar un supuesto incumplimiento de trabajo, con amenazas. Pero el acoso sufrido no se limitó solamente al Sr. Varela, sino que también se sumó el del Inspector General Norberto Berner, (también militante de la agrupación La Campora) quien asume a fines de mayo de 2012 e inmediatamente dicta dos circulares para establecer un cepo informativo en relación a la información obrante en el Registro Público de Comercio en la Inspección General Justicia. Este cepo fue dispuesto con motivo de los pedidos de informes que se suscitaban en relación a cualquier sociedad vinculada a funcionarios del gobierno argentino, principalmente con las sociedades vinculadas al caso Ciccone. Así intentaban obligarme a denegar información con un criterio arbitrario e ilegitimo sin ningún tipo de aval jurídico ya que yo era el funcionario que debía tomar estas decisiones conforme mis funciones y responsabilidades. Nunca acate las órdenes, conforme puede comprobarse. Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia se expidió en relación a la limitación de la información en la Inspección General de Justicia, estableciendo que la información es publica y no se puede requerir ningún interés especial (en autos Gil Lavedra Ricardo c/ Ministerio de Justicia s/ amparo”

Así llegue a un nivel de stress y de angustia nunca antes vivido, cada día me costaba muchísimo ingresar al trabajo, sentía que me ahogaba, que me iba a morir ahí adentro, me confundía constantemente y sentía que no servía para nada. Comenzó a repercutir en mi salud con alergias constantes, síntomas gripales, fluctuaciones en el peso, entre otros. Tenía mucho miedo y comencé con ataques de pánico. El organismo comenzó a ser manejado por el miedo y se negaban o retaceaban las respuestas a los jueces, fiscales, legisladores de la oposición o periodistas; ello a pesar de que se trataba de un registro público de comercio.

El día 21 de junio de 2012 me retiró de la oficina con una crisis nerviosa producto de que una asesora de Berner (Analia Spatola) irrumpe en mi oficina y me recrimina haber enviado a intimar a la sociedad The Old Fund (empresa que la justicia argentina atribuyo al vicepresidente de la Nación Amado Boudou, mediante la cual se apropió de la sociedad que emitía billetes en la argentina). Al concurrir a una guardia médica, me otorgan licencia por stress laboral. El acoso se agudizó y continúo en el periodo de licencia. Repartieron las pocas funciones que quedaban a mi cargo de otras personas quienes daban nuevas directivas, cambiando circuitos con planes a largo plazo. No podía volver a mi puesto de trabajo ya que se había desmantelado por completo y no tenía ni funciones ni espacio físico.

Denuncie a mis superiores jerárquicos todas las irregularidades que ocurrían en la IGJ. En fecha 26-09-12, luego de varias citaciones y entrevistas con el Servicio Médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se me citó para la realización de un psicodiagnóstico en el Ministerio de Salud. El mismo se desarrolló en dos etapas, una realizada el 26-09-12 y la otra el 04-10-12. En fecha 11-10-12 me citaron telefónicamente a asistir al sector de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud el día 17 de octubre a las 12.30, oportunidad en la cual me entrevistó un médico psiquiátra y me informó como resultado que no me encuentro en condiciones para volver a mi trabajo, por lo cual se extendió mi licencia médica.

En fecha 10 de agosto de 2012 denuncie ante la IGJ los hechos aquí relatados (expte N° 5109026/2863608). En fecha 10-09-12 se presentó un pronto despacho atento a que no existía movimiento alguno registrado del trámite iniciado, ello mediante el control vía internet y en fecha 18 de octubre, atento el silencio de la administración, presente ante la IGJ recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. Por tal motivo, presente en la Mesa de Entradas del Ministerio citado una denuncia dirigida al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak en fecha 19 de octubre de 2012. (Expte N°S04:0053188/2012) Según surge del citado expte la actuación estuvo hasta el día 02/11/2012 en el gabinete de asesores del Sr. Ministro, remitiéndose ese día al Despacho del Secretario de Asuntos Registrales Dr. Oscar Martini, quien ordenó el día 08/11/2012 al Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral Dr. Ernesto Kreplak que la Inspección General de Justicia produzca informe a la brevedad y este último remite la Dirección de Recursos Humanos el día 12/11/2012. Finalmente mi denuncia es girada a la IGJ el 7 de diciembre de 2012, destacándose que al momento de recibirse mi denuncia se decide despedirme de mi puesto de trabajo.

El 10 de diciembre de 2012 la denuncia que efectuará se remite a la oficina judicial de la IGJ, ordenando dicho pase el Sr. Berner (uno de los funcionarios por mi denunciados). Recién a fines de 2013 se resuelve el inicio de un sumario a fin de investigar los hechos investigados, destacándose que se impugno la tramitación del sumario, toda vez que no se cumplía con el procedimiento establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas (dilación en el tiempo, carencia de orden cronológico, parcialidad de los instructores), dejándose constancia que debía intervenir la Procuración del Tesoro, por el carácter de los funcionarios involucrados. Este planteo fue rechazado mediante resolución N° 1 del 6 de marzo del 2014.

El día 15 de noviembre de 2012 me presento con la escribana María Leticia SUED DAYAN, Titular del Registro Notarial N° 254 en Sarmiento 329 planta baja ante el servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme había sido citada. En dicha oportunidad y conforme surge del acta notarial N° 015551377 en oportunidad de comparecer a dicho servicio médico el Director del Mismo me informa que no puede justificarme la licencia porque según constancias del sistema no pertenezco más al Ministerio. Asimismo nos indica que aguardemos a alguien del sector Jurídicos. Con posterioridad una empleada del sector y el Director nos muestra una pantalla donde surgen mis datos mi fecha de ingreso y como fecha de egreso del Ministerio el 31 de octubre.

En dicha oportunidad (15 de noviembre de 2012) el Dr. David Azulay director del servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación manifiesta que no puede justificar mi licencia por enfermedad debido a que en el programa informático ADMAGE de la Dirección General de Recursos Humanos figuro como egresada de este Ministerio con fecha 31/10/2012. Manifiesto mi asombro ya que no había sido debidamente notificada de ninguna decisión en ese sentido, encontrándome además de licencia médica. Con motivo de la negativo del Servicio Médico de recibir me certificado, lo ingresamos en la Mesa General de Entrada con el acta de notificación.

Así estuve durante meses. Notificada del decreto 601/13 que dispuso el cese en mis funciones al 31 de octubre de 2012, pero dictándose el mismo recién el 27 de mayo de 2013 y notificándose el 5 de junio, presenté recurso de reconsideración, fundando el mismo en la nulidad absoluta y manifiesta del mencionado decreto, el cual carecía de causa, objeto y motivación. Sin embargo, el 10 de febrero de 2014 se dicta el decreto 359/14 el cual desestima el recurso.

Pero todavía VS podrá apreciar un nuevo dato llamativo que evidencia de manera contundente como se vulneraron mis derechos en todos estos meses: Todos los decretos de prórroga de mi designación tramitan bajo el expte. EXP-S04:0008329 y el 10 de febrero de 2012 se dispuso impulsar la prorroga en mi designación, siguiendo el expte su curso normal para este tipo de designaciones. Es decir la prórroga de mi designación había sido impulsada por las misma Superioridad que de manera ilegítima arbitraria y movilizada por razones políticas, dispone mi baja. Así según puede comprobarse desde el 3 de abril del 2012 la referida prorroga se encontraba en Presidencia de la Nación, pero el 2 de julio la Directora General de Recursos Humanos del MJyDDHH Dra. Blanca María Hernández solicita la devolución del referido expte para ser remitido a la IGJ. El 29 de octubre de 2012 Berner indica que mi prorroga será hasta el día 31 de octubre de 2012 y a partir de esa fecha impulsa la designación de la Dra. Susana Graciela Junqueira, dictándose en consecuencia el decreto  601/2013 del 27 de mayo de 2013 (que aquí se impugna).

Todo lo que aquí reseño fue declarado en diversas causas penales abiertas con motivo de diversos delitos ocurridos en el ámbito de la IGJ en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 Secretaria N° 2  causas 6605/12 13424/12 y 7311/13, entre otras.

Ahora bien, la persecución nunca termina. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una nueva ofensiva en mi contra; ello por haber denunciado las irregularidades que ocurrían dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ). El ministro de Justicia, Julio Alak, se presentó en la causa N° 6605/2012 como querellante para acusarme del extravío o robo  dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone". Al presentarse el Ministro de Justicia acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la Inspección General de Justicia para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido. Esas copias que aportó el Ministro de Justicia incluyen varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y se mezclaron los testimonios. Declaré como testigo ante la Justicia, señalando que aunque la IGJ había anunciado la completa reconstrucción del legajo de la empresa que la justicia le atribuye al vicepresidente para apropiarse de la empresa que imprime los billetes en la Argentina, faltaban 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción incluían datos adulterados. En el sumario del Ministerio nunca fui citada para ejercer mi derecho de defensa, ni a nadie de mi equipo del Registro Nacional de Sociedades.

Pero la pesadilla y la persecución no terminan. Fui citada como testigo en la causa en la cual se investiga diferentes irregularidades y/o delitos de la empresa Hotesur S.A., cuyo accionista es la presidenta de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Acto seguido, recibí amenazas y persecuciones desde diferentes medios vinculados al oficialismo y, los más grave, desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada.  En una seguidilla de tuits se encargaron mancharme y tuve que salir a desmentir la información que circulo por la cuenta @CasaRosadaAR citando notas de la agencia estatal Télam y del portal Infojus.

En el marco de toda esta pesadilla, fui denunciada por una Diputada que responde al partido del gobierno por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio.

A modo de resumen esta es mi historia en los últimos 3 años. No puedo conseguir trabajo en el Estado, y en el ámbito privado también me cuesta. Los derechos humanos que son vulnerados son: 1) el derecho a la integridad física y psíquica; 2) el derecho a la dignidad, al honor, en su faceta personal y profesional; 3) El derecho a la salud; 4) El derecho a un trato digno; 5) El derecho a la igualdad de trato y no discriminación.[1]

Solo soy una empleada que creía que se podía hacer carrera en la administración pública., pero me convertí en una víctima de la incansable búsqueda de impunidad de un gobierno que se maneja como los protagonistas de El Padrino.

otra vez la IGJ...

Allanaron un organismo por los hoteles de Cristina

Vuelven las actuaciones judiciales por Hotesur

Es la Inspección General de Justicia. Había bloqueado el acceso a los balances de la empresa presidencial

El lunes terminó la feria judicial. A solo tres días del fin del descanso en los tribunales, volvió a tomar impulso una de las causas por corrupción que investiga a los Kirchner de forma directa. Se trata del expediente Hotesur, que busca determinar si la empresa de la familia presidencial que lleva ese nombre fue utilizada para lavar dinero. Por orden del juez del caso, Claudio Bonadio, ayer se realizó un operativo en la Inspección General ed Justicia (IGJ), el ente que regula la actividad de las sociedades comerciales: la Justicia fue en busca de la documentación financiera que la compañía K presentó allí en las últimas semanas, supo Clarín en base a fuentes judiciales. 

Se trató, en los hechos, de un allanamiento, aunque el nombre formal de las acciones instrumentadas en el organismo haya sido el de “orden de presentación”.

A través de Hotesur, los Kirchner manejan su hotel más grande, el Alto Calafate. Ese negocio fue administrado hasta el 2013 por el empresario Lázaro Báez, quien fue acusado de haber alquilado durante meses cientos de habitaciones del hotel que finalmente nadie ocupó, una maniobra que suelen realizar quienes buscan blanquear fondos ilegales.

Anoche, una versión que circuló por tribunales, indicaba que la Justicia también había allanado oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero los investigadores judiciales fueron muy herméticos al respecto. 

Esta última empresa estatal está involucrada en la trama Hotesur porque la tripulación de sus aviones que llega cada día a El Calafate duerme en el Alto Calafate.

Además de estudiar si Hotesur se usó para lavar dinero, la Justicia quiere saber si el contrato con la aerolínea del Estado que administra la dueña del hotel patagónico -Cristina Kirchner-, se ajusta a derecho. El representante legal de la familia K en ese negocio es el hijo de la Presidenta, Máximo.

En noviembre del año pasado, el juez Bonadio ya había allanado la IGJ para recolectar los papeles de Hotesur.

Ayer el magistrado volvió a exigirle al ente que entregue documenta de la compañía.

Ocurre que, en diciembre, los Kirchner dejaron trascender que habían registrado ante ese ente los últimos balances contables su hotel que hasta ese momento habían evitado entregarle al Estado.

Esos papeles podrían ser cruciales para la investigación de Bonadio. La Justicia busca reconstruir la contabilidad de la compañía K:la oficial, y también la que podría haberse instrumentado en secreto para vehiculizar fondos originados por corrupción gubernamental.

La causa sobre la principal empresa hotelera de los Kirchner se inició cuando el programa PPT, de Jorge Lanata, y también Clarín, informaron que Hotesur se encontraba en falta porque no había presentado en la IGJ sus últimos estados contables, entre otras irregularidades. Quien se presentó ante la Justicia para pedir que se investiguen esos hechos fue la diputada Margarita Stolbizer (GEN).

El caso avanzó, y se comprobó en el expediente que, además de adeudar balances, Hotesur había registrado como sede a domicilios “fantasmas”, en donde en realidad nunca funcionó. 

La IGJ y mas restricción al acceso a la información

Restringen más el acceso a la información en un ente del Gobierno

Tras los escándalos Ciccone y Hotesur.Es en la Inspección General de Justicia, que guarda los balance de las empresas

El Gobierno profundizó ayer el bloqueo al acceso de la información pública que resguarda la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula el funcionamiento de las empresas y las entidades civiles. Mediante la resolución número 1 del 2015, el ente estableció nuevas restricciones para la difusión de los datos que pueden usarse para conocer si las sociedades comerciales actúan o no de acuerdo a lo establecido por las leyes.

El “cepo” en la IGJ es un hecho único en democracia.

Se instauró de modo informal en el 2012, cuando Clarín primero, y la oposición después, le solicitaron al organismo documentación sobre empresas vinculadas al vicepresidente Amado Boudou.

El organismo controla la información sensible de varias de las sociedades comerciales involucradas en casos de corrupción gubernamental.

Entre varios ejemplos, se destaca el de la firma Hotesur, propiedad de los Kirchner.

Es la compañía que la familia presidencial utiliza para manejar su hotel más importante, el Alto Calafate: la sociedad es investigada en una causa de lavado de dinero que está a cargo del juez Claudio Bonadio.

En noviembre del año pasado, el magistrado allanó la sede de la IGJ en busca de la documentación de Hotesur.

Varios de los papeles secuestrados en ese operativo mostraron que la empresa de la Presidenta funcionaba de modo irregular.

Después de conocerse esa situación, Hotesur actualizó sus datos registrales en la IGJ, y también se dio a conocer que había presentado ante ese ente balances contables adeudados desde hacía años.

Es justo el tipo de información que ya no será de acceso público, según dispuso la IGJ en su resolución número 1 del 2015.

El texto da por aprobado el llamado “Procedimiento de Acceso a la Información Pública”.

En los hechos, se trata de la formalización del “corralito” con el que el ente restringió de hecho a la difusión de su documentación.

Entre otras cosas, la resolución 1/2015 establece que la IGJ podrá determinar qué tipo de información de las empresas se resguardará para proteger los “datos personales” de sus dueños.

En noviembre, la Corte Suprema emitió un fallo puntual sobre esta cuestión: el tribunal obligó a la IGJ a que haga justo lo contrario a lo que está haciendo ahora.

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades Comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, resumió la situación de este modo: “La resolución va en contra de toda la jurisprudencia que existe al respecto”.

Martínez fue despedida por este Gobierno cuando denunció que la IGJ había protegido a funcionarios investigados por corrupción

Victimas del relato

Las otras víctimas del relato

Funcionarios de carrera, técnicos y hasta directivos de empresas privadas fueron y son hostigados por un gobierno que desprecia y castiga el disenso

gunos están fuera del Estado por decisión propia, porque, a pesar de haber hecho carrera en la administración pública y tener una sólida experiencia en sus puestos, se negaron a soportar las presiones, los aprietes y las degradaciones que les impuso el kirchnerismo cuando comenzó a sospechar que las voces críticas podían multiplicarse y crearle más problemas.

Otros fueron separados de sus cargos por el simple hecho de haber gestionado contactos o fotos a precandidatos del propio riñón kirchnerista, pero que aún no fueron bendecidos por el índice presidencial, o porque -dicen, y a estas alturas de los hechos hay pocas razones para no creerles- lograron esos acercamientos antes de que los hubiera conseguido la Presidenta.

Y están también los que se fueron empujados por distintas acciones de la jefa del Estado: como un decreto rabioso, un inexplicable escrache público con datos incomprobables a simple vista o una suelta de "carpetazos", como suele llamarse al trabajo de inteligencia que sectores del Gobierno le preparan a la primera mandataria para que denuncie en cadena nacional lo que sus propios funcionarios deberían estar investigando si es que realmente existiera una fundada sospecha de culpabilidad.

Uno de los últimos casos conocidos, de repercusión pública, fue el de Silvina Martínez, echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. El testimonio de Martínez resulta hoy clave en la causa que investiga los vínculos de la familia presidencial con el seudoempresario Lázaro Báez. En una reciente entrevista periodística, la ex funcionaria acusó al Gobierno de mentirle a la gente cuando dice que hay 47.000 empresas con irregularidades como las verificadas en los hoteles presidenciales. "Una cosa es que una sociedad deba balances, pero en el caso de Hotesur, adeuda eso y el pago de tasas, y la sede es ficticia, entre otras cuestiones. Son muchas fallas juntas", enfatizó.

Martínez no es la única mujer echada de su cargo estatal por pensar distinto, oponerse a las políticas oficiales o denunciar ilícitos. Un caso lejano, pero anticipatorio de todo lo que vino después fue el de Graciela Bevacqua, directora del Indec hasta que la desplazó Guillermo Moreno, en 2007. Si bien la funcionaria terminó presentando la renuncia, lo hizo luego de que fuera degradada laboralmente, según ella misma relató. La que comenzaba a ser la mayor manipulación estadística del instituto en toda su historia empezaba también a sumar una persecución política descarada. Junto con Bevacqua, fueron removidos Clyde Trabucchi, entonces directora de una de las áreas del Indec, y numerosos técnicos que alzaron sus voces para denunciar la falsedad de las mediciones y el constante hostigamiento por parte de la intervención.

Laura Haag, abogada, fue despedida de otra dependencia del Estado, la Secretaría de Energía, por las declaraciones de su esposo, Cristian Folgar, un ex funcionario del área, que marcó diferencias con la política energética del Gobierno. Otro tanto les ocurrió a Sandra Votta, María Córdoba y Griselda López Viegas, todas empleadas de la Cancillería hasta que fueron despedidas hace casi un año. López Viegas adjudica su despido a haberse negado a incluir a una ex pareja de Máximo Kirchner en el grupo de diseñadores argentinos que viajaron a Milán para participar de la Semana de la Moda. Votta, en tanto, había denunciado maltratos en el ministerio conducido en lo formal por Héctor Timerman, pero, en la práctica, por La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas que se han hecho fuertes en el manejo de la mayoría de las carteras nacionales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue depositaria de decenas de denuncias de empleados de la Cancillería sobre maltrato, acoso laboral, reducción de salarios, charlas obligatorias de adoctrinamiento político y persecución ideológica.

Si se compara al país con una familia, bien puede decirse que muchos de los jóvenes kirchneristas a los que temprana e indiscriminadamente se les ha otorgado poder de mando, tienen ejemplos muy poco edificantes para seguir, empezando por la Presidenta. Martín Redrado fue expulsado de la titularidad del Banco Central mediante un decreto de necesidad y urgencia, por haberse resistido a cumplir órdenes presidenciales, contrarias a la autonomía de la entidad. Más allá de las diferencias de criterio, su eyección fue escandalosa, como también lo fue la de Martín Lousteau del Ministerio de Economía. Éste se había trenzado en varias ocasiones con Guillermo Moreno, quien le dedicó en público un gesto difícil de olvidar: dio por concluida una conversación con Lousteau pasándose el índice de lado a lado del cuello. Señal clarísima del degüello al que podrían exponerse los que pensaran distinto de él.

Gustavo Beliz, ministro de Justicia de la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo que irse a los Estados Unidos tras haber sido desplazado del Gobierno, entre otras cosas, por haber denunciado que la SIDE manejaba indebidamente partidas millonarias, fracasaba en sus operativos y daba información falsa a las autoridades.

Graciela Ocaña dejó de ser la ministra de Salud de la primera presidencia de Cristina Kirchner ciertamente en medio de una crisis sanitaria, pero también cuando comenzó a enfrentarse con los gremios por el uso de los fondos de las obras sociales y por la investigación que impulsó por la mafia de la medicamentos y los aportes de ese negocio ilícito a la política.

Como si no le bastase con esas maniobras dentro del propio Estado, el kirchnerismo también logró deshacerse de directores de empresas privadas, presionándolos de todas las formas posibles, incluso usando la fuerza, como ocurrió no bien tomada la decisión de expropiar la porción accionaria de Repsol en YPF.

Hubo también muchos casos en sentido inverso: los de aquellos funcionarios que debieron irse acorralados por la Justicia, a pesar de la fuerte protección del kirchnerismo, que se empeñaba obscenamente en mantenerlos en su redil como gesto de gratitud por no haber intentado sacar los pies del plato en medio de la tormenta política. Los más escandalosos fueron los de la ministra de Economía Felisa Miceli, en cuyo despacho se encontró una bolsa con dinero, hecho por el que fue juzgada y condenada; los de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el primero, con más de una decena de denuncias por corrupción, y el segundo, investigado por su responsabilidad en el trágico accidente ferroviario de la estación de Once. Y qué decir del vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado y con elevación a juicio oral en una de las causas en las que se lo investiga, a quien el kirchnerismo ha decidido mantener en el cargo contra toda lógica, desechando pedidos de juicio político y permitiéndole seguir al frente de las sesiones del Senado y del Poder Ejecutivo en ausencia de la Presidenta.

Otro caso paradigmático de las formas -o pésimas formas- del kirchnerismo, tanto para echar como para retener gente a toda costa en puestos estatales, lo representa el acto en que Cristina Kirchner embistió contra Juan Carlos Fábrega, entonces presidente del Banco Central, acusándolo en público de haber filtrado información privilegiada a los bancos.

También trascendió que la Presidenta echó a Víctor Ramos del área de Cultura por haber colaborado con el armado de la estrategia porteña del sciolismo, y que desplazó de su puesto al secretario de la Unidad Presidencial, Rafael Follonier, por haber gestionado sendos encuentros de Scioli con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y con el mandatario electo de Uruguay, Tabaré Vázquez.

La reacción presidencial frente a lo indeseado tiene un antecedente menos protocolar pero igualmente grotesco: fue el día en que por micrófono, ante un Museo del Bicentenario lleno de comensales para celebrar la visita del presidente paraguayo, Horacio Cartes, anunció que había decidido echar al electricista a cargo del mantenimiento del acto por las fallas en los micrófonos, que provocaron baches en los discursos.

Si de algo está convencido el kirchnerismo es de que no necesita ni guardar las formas ni respetar a quien no piensa igual. Enfrente quedan las víctimas del relato, que cada vez son más.

http://www.lanacion.com.ar/1754345-las-otras-victimas-del-relato

Mas presiones por mis declaraciones

Hotesur: más presiones contra una ex funcionaria de la IGJ

El contrataque del oficialismo.

Silvina Martínez, ex directiva de la IGJ, dice que están obligando a los empleados a firmar una solicitada en su contra.

Su declaración ante el juez Claudio Bonadio, y sobre todo el sustancioso aporte de datos y detalles sobre las irregularidades societarias de la empresa Hotesur –que le pertenece a la Presidenta y sus hijos– recrudecieron los ataques que la ex funcionaria de la Inspección General de Justicia Silvina Martínez viene sufriendo desde hace dos años, cuando saltó el Rubicón y denunció el robo del expediente Ciccone. Ahora habría más: Martínez asegura que los militantes de La Cámpora que controlan el organismo estarían presionando a los empleados para que firmen una solicitada en su contra.

“Me imaginaba que iban a hacer lo que están haciendo. Es la metodología de ellos: amenazarte, tratar de amedrentarte, es lo que hacen siempre. Se manejan con el miedo”, dice a Clarín Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Después de que declarara sobre la pérdida del expediente de Ciccone –que en la Inspección también le atribuyen a su responsabilidad–, a la funcionaria la echaron, la incluyeron en una lista de supuestos incumplidores respecto a la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción –que Martínez niega y la Justicia le dio la razón, aunque no la sacaron de la nómina– e intentaron molestarla manipulando sus declaraciones ante la AFIP. No lograron callarla.

Ahora la táctica, asegura ella, es intentar desacreditarla ante sus propios compañeros: “la subinspectora general, Analía Spatola –que responde al hombre fuerte de La Cámpora en el ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak–, decidió hacer esta solicitada que básicamente sería en mi contra. A algunos empleados les da una hoja para firmar y no ven que firman; otros vieron el texto, pero ya ocurrió en julio del año pasado que a la gente le hicieron firmar un texto y después publicaron otra cosa”.

Martínez asegura que “la gente teme firmar, pero ellos te marcan: vos estás con el gobierno o estás en contra. Si no hacés lo que te piden –votar en una lista, ir a un acto, firmar algo– pasás a integrar la lista de marcados, te analizan y te estudian para ver si sos o no sos del gobierno. Entonces la gente tiene miedo a perder su trabajo. Hubo despedidos que eran contratados, no tienen cómo defenderse”.

El sistema de vigilancia de La Cámpora en la Inspección sería más sofisticado aún. Según dice la ex funcionaria y Clarín chequeó con otras dos personas que trabajan allí desde hace años, las patrullas oficialistas supervisan y controlan las redes sociales en la búsqueda de posteos de Facebook o tuits que pudieran delatar opiniones contrarias al Gobierno.

“Hace rato que quieren sacar algo en su contra”, dijo a Clarín otro funcionario de la IGJ con llegada directa a todos los despachos del organismo. “No sé si va a ser una solicitada o qué, porque tantean a la gente y es reacia a firmar. Pero si se deciden a hacerlo va a salir, porque hay un terror pánico. Ellos salieron a recorrer el edificio con temor, porque varios empleados de carrera les dijeron en la cara que ‘es muy difícil salir a defenderlos a ustedes’”

http://www.clarin.com/politica/Hotesur-presiones-funcionaria-IGJ-SIlvina_Martinez-solicitada_0_1264073592.html

Nuevas represalias del gobierno

Adulteran un sumario para acusar a una ex funcionaria

 Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

Al presentarse ante la jueza, de todos modos, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido. Esas copias que aportó Alak incluyen varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios y se mezclaron los testimonios, hasta el punto de aparecer alguno del sumario sobre The Old Fund en el de London Supply. De los tramos disponibles de esos tres sumarios surge, además, que sus instructores decidieron avanzar sobre Martínez -que fue desplazada de la IGJ- y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los testimonios e indicios sobre otros funcionarios jerárquicos que estuvieron o siguen allí.

En esa línea, el propio Agüero detalló al declarar que Martínez era una de las autoridades que solía pedirle legajos de empresas sin que quedaran registros de sus solicitudes, pero que la misma práctica repetían de manera habitual el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti; el director de Sociedades Comerciales, Pablo Lagarrañaga; el de Entidades Civiles, Luciano Palacios, y la delegada administrativa, Karina Bellizzi.

En su última declaración -en total declaró tres veces más y presentó un escrito-, Agüero aportó más nombres. Entre otros, el del por entonces subinspector general de la IGJ, Gustavo Varela, y el de una por entonces asesora, Analía Spátola, quien ahora es la número dos del organismo.

"El señor Varela pedía expedientes en forma directa, en mano, y enviaba a su secretaria. A veces baja[ba] y pedía [que] se le llevara tal o cual expediente en forma directa, sin observar los procedimientos establecidos", declaró Agüero. Otros, añadió, "mandaban a sus secretarias. Palacios mandaba a Sol y Laura, y Larrañaga no me acuerdo el nombre. Varela [también] mandaba a Analía Spátola."

En su escrito, Agüero fue más preciso aún. "El suscripto, al remitir los expedientes o los trámites, se quedaba con alguna constancia del expediente de la [sic] The Old Fund (Expediente 1798649, Trámite 2776773), que fue llevado a la Secretaría Privada." Es decir que lo último que el jefe del Archivo supo del legajo más sensible del "caso Ciccone" fue cuando lo entregó en mano en el despacho del entonces titular de la IGJ, Mamberti. Como saldo de la investigación interna de la IGJ, sin embargo, Agüero recibió cinco días de suspensión. Y se obviaron las hipótesis que apuntaban a Mamberti, Varela, Spátola, Larrañaga, Palacios o Bellizzi, entre otros. Por el contrario, entre agosto y octubre pasados desde el Ministerio de Justicia aceleraron la conclusión del sumario, para pedir que se los acepte como querellantes.

El apuro entre agosto y octubre no es casual. En ese período, Martínez declaró como testigo ante la Justicia, mientras que la nacion reveló que aunque la IGJ había anunciado la completa reconstrucción del legajo de The Old Fund, faltan 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción incluye datos adulterados.En el sumario del Ministerio nunca se citó a Martínez, para que ejerciera su derecho de defensa, ni a nadie de su equipo del Registro Nacional de Sociedades.

.http://www.lanacion.com.ar/1747317-adulteran-un-sumario-para-acusar-a-una-ex-funcionaria

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