Audiencia en el Congreso sobre acoso laboral en la administración pública

La mejor defensa...un perejil

Mucha desolación siento por estos días...
No tengo demasiadas esperanzas de que algo cambie...
Cada vez mas personas sufre lo que yo sufrí en IGJ, cada vez mas se encuentran en la duda de ser cómplices de actos de corrupción o de denunciar para después ser despedidos, agredidos, perseguidos.
Ya pasaron dos años desde que me despidieron...peregrine por todos lados...tuve mucho miedo de ir a la justicia...mis amparos demoraron como juicios ordinarios...y nada cambio...
soy mi propia defensora...no confió en nadie...ya muchos me traicionaron.
fui varias veces a declarar a Comodoro Py...aun no hay novedades...solo se que la mejor defensa del Ministerio es culparme a mi.
hice varias denuncias....aun no paso nada
no importa. En lugar de quedarme sentada quejándome, reclamo, denuncio, investigo. Asi deberíamos hacer todos...para evitar que nos sigan robando y se sigan burlando de nosotros.
El poder es nuestro...

Acoso laboral en la administración publica

Sufrí violencia laboral en la administración pública. Mis superiores jerárquicos ejercieron violencia psicológica en forma recurrente durante un tiempo prolongado.

Recuérdese que en estos casos la búsqueda de la autoeliminación o el sometimiento absoluto son los aspectos esenciales del acoso laboral. El objetivo final también puede ser el lograr el alejamiento de los acosados respecto de los demás que operan en un mismo lugar de trabajo. El acosador trata por los medios a su alcance de destruir la autoestima de la víctima atacando sus redes de comunicación y su reputación, perturbando el ejercicio de sus labores, siempre con la finalidad de que esa persona se someta absolutamente a los caprichos del acosador o termine abandonando su lugar de trabajo.

No se puede permitir la Violencia en la Administración Pública, perpetrada por quienes tienen el deber social, legal y administrativo de protegernos. El Estado empleador es deudor de la obligación de seguridad, la cual le impone adoptar todas las conductas positivas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador.

La violencia laboral es especialmente devastadora en el ámbito estatal ya que es generada por quien debe proteger y se falsea mediante un discurso que niega lo que está pasando. El síndrome de indefensión, se encuentran íntimamente conectado con conductas violentas en gestión de personal, todo lo cual degrada el ambiente de trabajo y pervierte también el sistema democrático. 

El “mobbing” es un proceso "silencioso" y sutil en tanto conduce a un aumento de confusión y a la disminución de la autoestima, hasta el punto que llegue a sentirme incluso responsable de lo que sucedía. Sabido es que el progreso de una persona depende de una serie de factores entre los cuales está su mayor o menor facilidad para vincularse con los demás, circunstancia esta que se resiente notablemente por el impacto dañoso en la autoestima que producen los procesos de acoso psicológico.

En el mobbing, la víctima es sometida a un proceso sistemático de estigmatización y privación de sus derechos civiles. No se trata de actos aislados y concretos sino de una serie de conductas o comportamientos, esto es, de una sucesión de actos o “micro ofensas” que tienen un nexo común y que por sí mismas pueden no parecer suficientemente relevantes pero que cuando son consideradas en su conjunto, adquieren real significación.

Marie France Hirigoyen ha descripto este flagelo como un proceso de maltrato mediante el cual un individuo puede hacer pedazos a otro y el ensañamiento puede conducir, incluso, a un verdadero asesinato psíquico. Explica también que se manifiesta mediante cualquier conducta abusiva, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo.

Arrebatar el proyecto de vida, sea tanto singular o bien genérico, desde el punto de vista filosófico, equivale a la muerte espiritual del hombre si se interfiere en su destino frustrando, menoscabando o postergando su realización personal y que tanto más serio es cuánto menores sean las posibilidades de sustitución. La libertad espiritual de la persona no sólo resulta afectada con el encerramiento forzado o con el exilio por cuanto es factible que el desmedro derive de hechos en sí mismos menos serios, como una calumnia que desprestigia irreversiblemente y arruina la vida familiar y social, o una infundada decisión estatal frustrante de la carrera expectable de un funcionario o empleado público, los que pueden verificarse en los procesos de acoso.

El proceso de acoso que viví perjudicó mi espacio, desequilibrando mi vida, mis relaciones familiares, sociales, culturales, viéndose disminuida las posibilidades de reinsertarme en el campo laboral o perdiendo relaciones como consecuencia del aislamiento impuesto por el proceso de acoso. También se afectó mi actividad psicofísica en el desarrollo de mis actividades complementarias, que implican un angostamiento de la vida misma, ya que el daño se resuelve en una pérdida al quedar colocado en una situación de inferioridad en las relaciones con el mundo externo. Mi personalidad se vio modificada por la situación sufrida, imposibilitándome acceder a actividades que hacen a la realización del ser humano.

¿Que pasa en la Administración pública con las denuncias de acoso laboral?

Después de la denuncia que efectué por acoso laboral se abrió un expte, el cual no cumplió con el procedimiento establecido por el reglamento de investigaciones administrativas, dilatándose en el tiempo las actuaciones, pasando 1 año desde la denuncia sin informe concreto ni medidas conducentes. Abunda la falta de orden cronológica, una de las personas denunciadas es quien da las órdenes en las actuaciones y ordena mi cese. Por otro lado, la Oficina Judicial de la IGJ, dependiente de las personas denunciadas, es el departamento que se encarga de la instrucción, cuando debió ser la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Se equivoca el objeto de la instrucción sumaria, toda vez que las irregularidades ocurrieron en la IGJ y no en la Dirección del Registro Nacional de Sociedades como menciona equívocamente el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral. Mas importante aún, las actuaciones deberán elevarse a la Procuración del Tesoro, quien es el organismo competente para entender en las presentes (art. 7 decreto 467/99). Ya efectué planteo de nulidad del proceso llevado a cabo, toda vez que no se cumplió con el procedimiento establecido por el reglamento de investigaciones administrativas, dilatándose en el tiempo las actuaciones, pasando 1 año y medio desde la denuncia sin informe concreto ni medidas conducentes. En este lapso las dos personas por mi denunciadas dejaron de prestar servicios en el Ministerio de Justicia y derechos Humanos y fueron premiados con cargos mas altos dentro de la Administración Publica. 

#YoTambienMeBanqueALaCampora...Correctivos e hipocresía para todos y todas.

Estos días los argentinos vimos a un legislador y candidato a diputado perteneciente a la agrupación La Campora patotear, insultar a una agente de transito, actuar con soberbia e impunidad. En fin, nada nuevo para aquellos que tenemos o tuvimos que lidiar con ellos. El problema es que nos estamos acostumbrando a que nos mientan. Y somos hipócritas. 

La agente de transito despedida injustamente Belén Mosquera necesita un trabajo. Nada mas justo y digno que eso. Este boom mediático durara, tal vez, dos semanas como mucho. Y después ella tendrá que volver a su realidad. Y nadie estará ahí para ayudarla. 

Llueven las denuncias contra Cabandie e Insaurralde cuando todos sabemos que esas denuncias quedaran en la nada. Todo es para la foto. La fama es efímera, las promesas también. 

Ojala alguien le ofrezca un trabajo a Belén Mosquera y así pueda cumplir sus sueños olvidando el mal momento que paso. Ojala alguien denuncie a Cabandie por violencia de genero. Ojala algún fiscal intervenga. Ojala la justicia actué. Ojala hayamos aprendido algo de todo esto para que no haya mas agentes de transito despedidas, conductores de TV despedidos, funcionarios despedidos; todos ellos por cumplir su deber y oponerse a las practicas ilegales de una agrupación a quien nadie eligió. 

Precarización laboral en el Estado...dos fallos de la Corte avalan mi postura.

El empleo público bajo la mirada de la Corte

Dos fallos marcan cambios en la relación del Estado con los trabajadores contratados

Una vez más, el Estado pierde contra el empleo no registrado. No sólo porque, como publicó LA NACION, hay un 34,5% de trabajadores en negro, un total de 4,3 millones en todo el país, sino porque este problema también está dentro de sus filas.

La semana última, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Marisa Elizabeth D'Atri cuando reclamó una indemnización por despido correspondiente a una empleada en relación de dependencia a la Universidad Nacional de Quilmes. Su estatus formal era personal de planta transitoria o no permanente.

Hoy, Marisa (38)se dedica a la repostería, y cree que de alguna manera "este fallo va a servir para que más gente pase a planta permanente". Así cuenta su caso. "Yo entré a trabajar a la Universidad de Quilmes en 1994, en el Centro de Estudios e Investigaciones (CEI). Prácticamente todos pertenecían a la planta transitoria, por lo que parecía normal que te coloquen en esa posición. Ingresabas con obra social, aportes previsionales, había un recibo de sueldo con fecha de ingreso, el pago por antigüedad..., todo normal. Pero uno se da cuenta de las cosas muchas veces a medida que van pasando."

A Marisa la despidieron en abril de 2003. La llamaron de RR.HH. para decirle que se había terminado su relación contractual, a pesar de que no tenía un contrato firmado. La jefa de personal le dijo que si firmaba un papel, le iban a dar tres meses de sueldo y obra social. "Me negué -dice Marisa- y fue ahí donde me di cuenta de que no tenía la estabilidad de empleado público y que no me indemnizaban como correspondía, a pesar de tener las mismas tareas que una persona de planta permanente."

El juicio duró 10 años y recién el 17 de septiembre último se ordenó recalcular la indemnización. "Estoy contenta", dice Marisa. Aunque todavía no sabe cómo ni cuándo se va a calcular el monto de un sueldo por año trabajado más entre 6 y 12 meses de preaviso.

"Se hace lugar a la indemnización prevista en el marco regulatorio del empleo público (ley 25164), que establece una remuneración mensual, normal y habitual por cada año trabajado o fracción superior a tres meses", dice Marcelo Aquino, socio del estudio Aquino, Baez Abogados. "Pero va más allá, ya que la Corte establece un resarcimiento adicional de 6 a 12 meses por estar en disponibilidad. Es mayor a la del empleado público y también a la de la ley de contrato de trabajo", dice Aquino.

Es cierto que hay un traspaso paulatino de empleados a planta permanente, pero también que la administración pública creció enormemente durante la última década. Un 37% del empleo total creado de 2001 a 2012 fue dentro del Estado. Según datos de FIEL, de 2001 a 2012 el empleo público creció en 1.144.250 personas (el privado, en 1.948.066 puestos), y representa un 21% del empleo total del país. Es decir, uno de cada 5 ocupados trabaja para el Estado, aunque proliferan los contratados.

La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene un Registro Central de Personas Contratadas actualizado a septiembre de 2013. Allí se ve que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene 489 contratados; la Colonia Montes de Oca, 600; la Dirección de Migraciones, 834; la Jefatura de Gabinete de Ministros, 1278; el Ministerio de Desarrollo Social, 5398, y el Ministerio de Trabajo, 2846, entre otros.

Un alto directivo relata que dos amigos suyos entraron a trabajar en uno de los ministerios con más presupuesto a nivel nacional, como directores... contratados.

"El flagelo del empleo no registrado o deficientemente registrado es algo que el Estado se ha planteado como una meta a combatir, ya que esto impide el cobro de aportes y contribuciones a la seguridad social, aportes sindicales, seguros, ART, que hacen posible la jubilación, entre otros beneficios", dice Juan Carlos Cerutti, socio de Estudio Cerutti - Darago & Asoc.

"Durante décadas (aun antes del gobierno de Alfonsín) ha sido el Estado, entre los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y entidades autónomas, quien ha tenido las mayores fallas para registrar a sus trabajadores", continúa.

Fue en la década de 1990 cuando se prohibió, a través de la ley de emergencia económica del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, que ingresaran más empleados a la planta permanente para que no subiera el gasto público. Pero aquí empezaron, entonces, las incorporaciones irregulares a través de contratos de locación de servicio que se van renovando año a año. Son los trabajadores monotributistas que facturan mes a mes. Está la figura también de personal no permanente o transitorio, como es el caso de Marisa. Aunque es cierto que la necesidad de contratar para tareas puntuales es un hecho, muchos suelen cumplir tareas normales y habituales de un trabajador estatal en relación de dependencia y aquí entra la irregularidad. Se espera entonces un aluvión de juicios contra el Estado.

"El trabajador autónomo es quien trabaja para varios clientes, y no quien entra a trabajar en una oficina con horario completo", dice el abogado laboralista Julián de Diego. Usar este sistema para trabajadores permanentes es hacer un uso político del trabajo en el Estado, ya que son de alguna manera rehenes de quienes los contratan por no tener lo que les asigna la ley: estabilidad.

http://www.lanacion.com.ar/1624334-el-empleo-publico-bajo-la-mirada-de-la-corte