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martes, 7 de abril de 2015

Sigue el encubrimiento en IGJ a Boudou

Ciccone: más dudas sobre la protección a Boudou en la IGJ

http://www.lanacion.com.ar/1782222-ciccone-mas-dudas-sobre-la-proteccion-a-boudou-en-la-igj

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.
"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.
Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.
El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.
A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.
Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.
Para eso, el ministro de Justicia, Julio Alak -del que depende la IGJ-, acompañó copias de algunos tramos de los sumarios de la IGJ. Pero esas copias mostraban falencias, según reveló LA NACIÓN en noviembre pasado. Entre otras, la foliatura no era correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios, y se mezclaron algunas declaraciones.
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría rechazó esa petición oficial por considerar que quienes pretendían ser querellantes podían terminar como acusados. Pero la Cámara Federal -con el voto de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y la disidencia de Eduardo Farah- decidió admitirlos.
Ahora, el informe de la Fiscalía confirmó esas falencias del sumario y expuso otras:
-Rechaza las conclusiones del sumariante: considera que no investigó lo que debía en el sumario
-las irregularidades relacionadas con la desaparición del legajo de The Old Fund- y que desvió la pesquisa hacia otros objetivos.
-Señala que buscó probar "no de manera prolija, sino superficial y relativamente" la responsabilidad del personal de archivo y a Martínez, a la que no citó a declarar ni como testigo ni para defenderse. Por eso ordena ampliar el sumario y apuntar "a los superiores que tienen a su cargo" el archivo de la IGJ. Entre otras, de una delegada administrativa, Silvia Bellizzi, quien ahora pasó a Jefatura de Gabinete.
-Solicita que se cite a declarar a los directores de la IGJ -entre otros, Susana Junqueira y la entonces asesora y hoy número dos del organismo, Analía Spátola-, a sus secretarios y a diez empleados en particular que ingresaron durante la gestión de Norberto Berner, hoy secretario de Comunicaciones.
Por esas y otras medidas de prueba sugeridas y aún pendientes, la Fiscalía recomendó a la IGJ que reviera su posición, tanto sobre el expediente de reconstrucción del legajo de The Old Fund -que el organismo informó de manera parcial a los jueces Servini y Ariel Lijo- como en el sumario para determinar los responsables.
"En la medida en que no se ha agotado la investigación de los hechos objeto del sumario, [solicito] se deje sin efecto la clausura dispuesta y se practiquen diligencias sugeridas por esa parte acusadora y todas aquellas que puedan derivar de éstas", planteó el fiscal Renom. Cuatro meses y medio después, aún no ocurrió. Pero los registros informáticos de la IGJ deparan más sorpresas. El legajo de The Old Fund -el 2776773- figura desde el 21 de octubre como "archivado". ¿Apareció el legajo? ¿O es otro retoque electrónico, un día antes de que el Ministerio de Justicia pidiera ser tomado por querellante?.

martes, 16 de diciembre de 2014

Denunciante denunciada

TESTIGO EN LA CAUSA QUE INVESTIGA BONADIO
DENUNCIANTES DENUNCIADOS

Silvina Martínez, que declaró frente a Bonadio por la causa de la empresa de Cristina, relató en Desde el llano lo que padeció dentro de la Inspección General de Justicia. "Son muchas irregularidades juntas", afirmó.
"En 2012, la gente de La Cámpora, decidió retacear la información que teníamos a los periodistas y a los miembros de la oposición. Ellos querían limitar la información, sumado a la pérdida de expedientes que ya había. Ahí empezó todo", relató Silvina Martínez, la exfuncionaria de la Inspección General de Justicia, testigo en la causa contra Hotesur, la empresa de la Presidenta, que fue denunciada por una diputada kirchnerista.
Martínez explicó en Desde el llano lo que le ocurrió con la agrupación de Máximo Kirchner cuando trabajaba en ese organismo público y dio su opinión sobre las inconsistencias en la documentación de Hotesur, la compañía de Cristina que supervisa el hotel Alto Calafate. "Acá son muchas irregularidades juntas. Se supone que es una sociedad fantasma, que no tiene movimiento", precisó la exempleada responsable del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia  .
"A mí me echaron. Me despidieron a raíz de la explosión del escándalo Ciccone y su repercusión en la ICJ. Yo me niego a acatar la orden que dieron de limitar la información y ellos me dicen que a la oposición y a los medios no le entregue nada", recordó. Y amplió: "Me voy de licencia. Me desmantelan el lugar. Denuncio esta situación cuando vuelvo y la respuesta fue que me echaron".

Luego describió de lo que ocurrió en la Justicia, a la que tuvo que comparecer para contar la función que ella tenía. "Me llaman a declarar como testigo por mi participación en Periodismo para todos, donde me preguntaron qué es lo que hacía en mi función", detalló. 
A Martínez la denunció la diputada kirchnerista Andrea García por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio". Ella se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia entre 2009 y 2012 y Bonadio la llamo como testigo en la investigación contra Hotesur por las irregularidades que había en el organismo.
La exdirectora expresó que ahora el organismo, dependiente del ministro de Justicia Julio Alak está "manejado completamente por La Cámpora". "La gente de carrera no pueden cumplir su función. Hubo muchos casos de despido como el mío", comentó.
Y agregó: "Yo tengo una doble denuncia. Alak me culpa a mi la pérdida de los expedientes de Ciccone. A raíz de lo de Hotesur, me denuncia una diputada del Frente de la Victoria. Hay un operativo de algunos medios y hay una agresión continua hacia mí", dijo. "Fomentaban que la gente me agrediera. Soy un ciudadano, normal, y del otro lado la agresión estaba del lado de la Casa Rosada. Es despareja la situación", concluyó.

El caso Hotesur tiene en la denuncia a Bonadio la primera de una serie de presentaciones judicial contra las personas que está detrás de la investigación. Al juez que entiende en la causa le siguió, primero la diputada Margarita Stolbizer, que fue la que inició la investigación, y luego Martínez, que fue convocada a declarar por el magistrado.
Hace unos días la exfuncionaria aseguró en su cuenta de Twitter que la causa es la 12.056 y está radicada en el juzgado 10 que encabeza Julián Ercolini. "Estoy muy angustiada. No puedo creer que me denuncien por ser testigo en #Hotesur. A raiz de mi declaracion como testigo en #hotesur me denuncia por falso testimonio y abuso de autoridad", escribió.
En 2013, en diálogo con El juego limpio, la exfuncionaria acusó al entonces titular del organismo, Norberto Berner de emitir "circulares de restricción a la información", lo que dificultó el trabajo dentro del organismo.
De hecho, Martínez denunció que el archivo "está cerrado" para los trabajadores, y ejemplificó que la jueza Gabriela Lanz ordenó allanar la institución por demorarse en enviarle los balances de SGI, la financiera a través de la cual se sospecha que se habrían realizado las operaciones de lavado del empresario kirchnerista Lázaro Báez. 

http://tn.com.ar/politica/hablo-la-testigo-del-caso-hotesur-se-supone-que-es-una-sociedad-fantasma_552754

domingo, 30 de noviembre de 2014

Nuevas represalias del gobierno

Adulteran un sumario para acusar a una ex funcionaria


 Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.
La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.
El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".
La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.
Al presentarse ante la jueza, de todos modos, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido. Esas copias que aportó Alak incluyen varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios y se mezclaron los testimonios, hasta el punto de aparecer alguno del sumario sobre The Old Fund en el de London Supply. De los tramos disponibles de esos tres sumarios surge, además, que sus instructores decidieron avanzar sobre Martínez -que fue desplazada de la IGJ- y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los testimonios e indicios sobre otros funcionarios jerárquicos que estuvieron o siguen allí.
En esa línea, el propio Agüero detalló al declarar que Martínez era una de las autoridades que solía pedirle legajos de empresas sin que quedaran registros de sus solicitudes, pero que la misma práctica repetían de manera habitual el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti; el director de Sociedades Comerciales, Pablo Lagarrañaga; el de Entidades Civiles, Luciano Palacios, y la delegada administrativa, Karina Bellizzi.
En su última declaración -en total declaró tres veces más y presentó un escrito-, Agüero aportó más nombres. Entre otros, el del por entonces subinspector general de la IGJ, Gustavo Varela, y el de una por entonces asesora, Analía Spátola, quien ahora es la número dos del organismo.
"El señor Varela pedía expedientes en forma directa, en mano, y enviaba a su secretaria. A veces baja[ba] y pedía [que] se le llevara tal o cual expediente en forma directa, sin observar los procedimientos establecidos", declaró Agüero. Otros, añadió, "mandaban a sus secretarias. Palacios mandaba a Sol y Laura, y Larrañaga no me acuerdo el nombre. Varela [también] mandaba a Analía Spátola."
En su escrito, Agüero fue más preciso aún. "El suscripto, al remitir los expedientes o los trámites, se quedaba con alguna constancia del expediente de la [sic] The Old Fund (Expediente 1798649, Trámite 2776773), que fue llevado a la Secretaría Privada." Es decir que lo último que el jefe del Archivo supo del legajo más sensible del "caso Ciccone" fue cuando lo entregó en mano en el despacho del entonces titular de la IGJ, Mamberti. Como saldo de la investigación interna de la IGJ, sin embargo, Agüero recibió cinco días de suspensión. Y se obviaron las hipótesis que apuntaban a Mamberti, Varela, Spátola, Larrañaga, Palacios o Bellizzi, entre otros. Por el contrario, entre agosto y octubre pasados desde el Ministerio de Justicia aceleraron la conclusión del sumario, para pedir que se los acepte como querellantes.
El apuro entre agosto y octubre no es casual. En ese período, Martínez declaró como testigo ante la Justicia, mientras que la nacion reveló que aunque la IGJ había anunciado la completa reconstrucción del legajo de The Old Fund, faltan 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción incluye datos adulterados.En el sumario del Ministerio nunca se citó a Martínez, para que ejerciera su derecho de defensa, ni a nadie de su equipo del Registro Nacional de Sociedades.
.http://www.lanacion.com.ar/1747317-adulteran-un-sumario-para-acusar-a-una-ex-funcionaria
http://www.lanacion.com.ar/1747317-adulteran-un-sumario-para-acusar-a-una-ex-funcionaria

martes, 4 de noviembre de 2014

Diputados pide informes sobre la perdida de Ciccone en IGJ


Nº de Expediente
8237-D-2014
Trámite Parlamentario
150 (22/10/2014)
Firmantes
ASSEFF, ALBERTO EMILIO.
Giro a Comisiones
JUSTICIA.
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Inspección General de Justicia (IGJ) y demás organismos competentes en la materia, acerca de los siguientes puntos vinculados al extravío de expedientes de la empresa "The Old Fund" en la IGJ y su moroso proceso de reconstrucción.
1.- Habiendo confirmado el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Julio Alak el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ), que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, y aseguró que fueron "reconstruidos", precisar: qué oficina y funcionarios poseían el expediente al momento de constatarse su desaparición; en qué momento se inició el proceso de reconstrucción; si se puede concluir que en el expediente rehecho se pudo agregar toda la documentación que se hallaba glosada en el primero; si se iniciaron investigaciones administrativas tendientes a deslindar responsabilidades por la pérdida del expediente y en su caso, cuáles fueron las sanciones impuestas. De todo lo consultado, acompañar el correspondiente sustento documental probatorio.
2.- Remitir un prolijo detalle de la totalidad de los expedientes pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encontraren en algún momento en situación de extravío y se establezca el procedimiento adoptado en cada uno de los casos.
3.- Precisar quiénes son o han sido desde su constitución los socios de The Old Fund, datos societarios y modificaciones que se hubieren operado desde su constitución, y toda información de relevancia que se halle en poder de la IGJ, con acompañamiento de la documentación respaldatoria pertinente.
4.- Determinar si en el contrato de la compra de The Old Fund del 1 de septiembre de 2009 se muestra que tanto Gustavo Martínez como Alejandro Paul Vandenbroele actuaron "en su propio nombre y derecho", y no en representación de otras sociedades, declarando si es ello lo que figura o no, en el expediente de la IGJ sobre la empresa, que fue reconstruido tras haber "desaparecido" justo cuando se reveló el caso Ciccone.
5.- Establecer si entre los documentos que posee el Estado, hay uno que informa sobre la supuesta acta de directorio número 5 de The Old Fund, celebrada el 1 de septiembre de 2009 y si allí constaban los porcentajes originales de compra de acciones de la sociedad en favor de Martínez y Vandenbroele, pero fueron tachados y arriba se inscribieron otros valores y si también se agregó que la empresa Tierras International Investments CV participó de la operación.


FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ), que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, pero aseguró que fueron "reconstruidos".
"En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente", afirmó el funcionario, quien puntualizó que "en este caso, la ventaja fue que el expediente", que fue perdido en una oficina que depende de su Ministerio, "estaba digitalizado". Alak también enfatizó que cuando "la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada", pero admitió que "lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública".
En tanto, el ministro expresó que "se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia" por la pérdida de la documentación.
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó que su jefe Alak, esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales. "No hay una situación judicial de Alak", aseguró el viceministro de Justicia y agregó, además, que "es falso" que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos documentos porque, aseguró, "hizo un sumario administrativo".
De todos modos, Álvarez reconoció que durante 2011 "tres expedientes" referidos a la ex Ciccone Calcográfica que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, "desaparecieron" aunque destacó que luego "se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron".
Los documentos "están totalmente reconstruidos porque se extravió el soporte papel pero estaba digitalizados en soporte magnético", indicó y aseguró que "eso ya está presentado" en la Justicia federal.
En ese sentido, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Martín Cormick, sostuvo que ese organismo "cumplió con todos los requerimientos administrativos para la reconstrucción" del expediente de la firma The Old Fund".
Además, Cormick, en un comunicado oficial, recordó que ese organismo "instruyó los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades por el extravío de ese archivo". El funcionario expresó que "las autoridades de la IGJ dieron intervención a la Justicia acerca del extravío y la reconstrucción del expediente, que contiene todos los elementos registrales pertinentes" y destacó que "se inició en tiempo y forma el sumario correspondiente para establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios actuantes".
La reconstrucción se realizó en tiempo y forma durante la gestión de Marcelo Mamberti al frente de la IGJ y de Silvina Martínez como titular del Registro Nacionales de Sociedades, se consignó (Fuente: diario Clarín y La Mañana de Neuquén).
Recordemos que el 1 de septiembre de 2009, Alejandro Paul Vandenbroele y Sergio Gustavo Martínez le compraron la sociedad The Old Fund a sus dueños originales, Eduardo Razzetti y Carlos Dorado: pagaron $7.000. El texto del contrato muestra que Martínez se quedó con el control de The Old Fund porque adquirió 21 mil acciones. Vandenbroele se quedó con las 9 mil restantes.Los dos eran viejos conocidos de Boudou y de su socio, según probó el juez del caso Ciccone, Ariel Lijo.
Los vínculos entre ellos se extendieron a otros negocios. En 2010, Martínez dejó The Old Fund: creó una de las compañías de las que el vice admitió obtener beneficios económicos, llamada Beaver Cheek. Hasta el 16 de enero de 2012, Martínez fue accionista de esa empresa junto Núñez Carmona y a Juan Carlos López, quienes a su vez son socios de Boudou en otros negocios.
El contrato de la compra de The Old Fund del 1 de septiembre de 2009 muestra que tanto Martínez como Vandenbroele actuaron "en su propio nombre y derecho", y no en representación de otras sociedades.No es lo que figura en el expediente de la IGJ sobre la empresa, que fue reconstruido tras haber "desaparecido" justo cuando se reveló el caso Ciccone.
Entre esos documentos que posee el Estado, hay uno que informa sobre la supuesta acta de directorio número 5 de The Old Fund, celebrada según ese papel el 1 de septiembre de 2009.
Allí constaban los porcentajes originales de compra de acciones de la sociedad en favor de Martínez y Vandenbroele, pero fueron tachados y arriba se inscribieron otros valores. También se agregó que la empresa Tierras International Investments CV participó de la operación.
Dos días después de que los amigos de Boudou compraron The Old Fund, el 11 de septiembre de 2009, la firma fue contratada por el gobierno de Formosa. Cobró $7,6 millones para asesorar a esa provincia en la reestructuración de la deuda pública que avaló el entonces ministro de Economía, Boudou.The Old Fund compró en 2010 la imprenta Ciccone Calcográfica.
Las aclaraciones formuladas no alcanzan para disipar el fuerte olor de corrupción y amañamiento que se infiere de la sospechosa desaparición de expedientes de la IGJ que justamente podrían perjudicar la ya de por sí, endeble situación judicial y moral del vicepresidente de la Nación Licenciado Amado Boudou.
Esta Cámara necesita conocer con fehaciencia y seriedad, sin excusas pueriles, por qué razones se pierden los expedientes con información sensible y cuáles son los funcionarios que fueron responsabilizados por sus procederes desidiosos o imprudentes, con indicación de las sanciones que se les hubieren impuesto. Además, precisar quiénes son los verdaderos accionistas de The Old Fund, desde el momento en que la inscribieron en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Por todo ello, pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este pedido de informes.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos

Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos

La Inspección General de Justicia extravió los datos de The Old Fund. En la reconstrucción hay contradicciones.

Los datos se desprenden de documentos oficiales. En abril de 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la reconstrucción de un expediente perdido de la sociedad The Old Fund, a pesar de que el contenido de esa documentación era irregular. Se trata de la empresa madre del caso Ciccone, vinculada a Amado Boudou, y cuyas ramificaciones comerciales son investigadas por lavado de dinero en nuestro país y en Uruguay.
Clarín accedió a los papeles restaurados de The Old Fund que fueron dados como válidos por el Estado aunque tienen datos anómalos.
Entre la información aceptada como reconstruida por la IGJ se incluyen, por ejemplo, actas de asambleas inscriptas cuatro meses antes de que se hayan realizado; la participación de una empresa extranjera que no se había radicado en el país y que cuando lo hizo se inscribió en un domicilio falso; y hasta la actuación de un gestor con nombre inexistente.
La IGJ es el organismo estatal que justamente tiene como objetivo controlar el registro y el funcionamiento de las sociedades comerciales.
El ente está dirigido en la actualidad por Martín Cormack y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak.
El funcionario está imputado en dos causas judiciales en las que se investigan si intentó encubrir a Boudou avalando primero la pérdida y luego la adulteración de los documentos de The Old Fund que estaban bajo resguardo de la IGJ.
El 20 de octubre pasado, Clarín difundió que la Justicia había recolectado pruebas que complicaban a Alak en esta trama.
El ministro aceptó al otro día que el expediente de The Old Fund se había perdido en la IGJ pero aseguró que tras su recuperación todo estaba en regla.
La IGJ, presidida por Martin Cormack, emitió un comunicado en el mismo sentido: afirmó que “la reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”.
Pero de la lectura de esos documentos se deduce lo contrario.
Los papeles originales llenaban  veintidós fojas. Los reconstruidos ocupan solo cuatro páginas.
El trámite “perdido” de The Old Fund que se recuperó corresponde, según la nueva versión, a la reforma del estatuto de la empresa y a un aumento de capital de esa firma, operaciones en las que ya estaba involucrada otra sociedad radicada en Uruguay que había entrado como socia en el negocio de Ciccone Calcográfica, llamada Dusbel.
Las primeras irregularidades tienen que ver con una regla básica de la física: los seres humanos no son capaces de viajar en el tiempo.
Ocurre que el acta de directorio del legajo reconstruido de The Old Fund asegura que ese hecho se llevó a cabo “a los 26 días del mes de octubre de 2010…”.
Pero en la misma documentación el abogado que se encargó de esos trámites, Albert Chamorro, declara “bajo juramento” que transcribió lo ocurrido en esa acta “a los 06 días del mes de julio del 2010”, es decir, tres meses y medio antes de cuando supuestamente ocurrieron.
En el mismo legajo “recuperado” de The Old Fund se afirma que la sociedad Dusbel, entre otras cosas, hizo un aporte de capital a The Old Fund de $2.435.370. Si las fechas reconstruidas en esos trámites son ciertas, entonces Dusbel no estaba aun inscripta en el país, por lo que la IGJ debería haber multado a The Old Fund por esta cuestión, cosa que no pasó. Dusbel recién inició los trámites de registración en la Argentina el 11 de abril de 2011.
En el expediente “perdido” y “reconstruido” por la IGJ también se declara que una de las accionistas de The Old Fund es otra sociedad, llamada Tierras International Investment CV.
Ésta última firma, junto con Dusbel, fueron radicadas en domicilios falsos en Longchamps. En donde debería funcionar Tierras International Investments, por ejemplo, vive en realidad un jubilado apodado “Piluso” y de apellido Schneider. Esa irregular fue revelada por el diario La Nación.  No por la IGJ.
http://www.clarin.com/politica/Caso_Ciccone-The_Old_Fund-Amado_Boudou-Inspeccion_General_de_Justicia_0_1241275923.html

jueves, 30 de octubre de 2014

La mejor defensa...un perejil

Mucha desolación siento por estos días...
No tengo demasiadas esperanzas de que algo cambie...
Cada vez mas personas sufre lo que yo sufrí en IGJ, cada vez mas se encuentran en la duda de ser cómplices de actos de corrupción o de denunciar para después ser despedidos, agredidos, perseguidos.
Ya pasaron dos años desde que me despidieron...peregrine por todos lados...tuve mucho miedo de ir a la justicia...mis amparos demoraron como juicios ordinarios...y nada cambio...
soy mi propia defensora...no confió en nadie...ya muchos me traicionaron.
fui varias veces a declarar a Comodoro Py...aun no hay novedades...solo se que la mejor defensa del Ministerio es culparme a mi.
hice varias denuncias....aun no paso nada
no importa. En lugar de quedarme sentada quejándome, reclamo, denuncio, investigo. Asi deberíamos hacer todos...para evitar que nos sigan robando y se sigan burlando de nosotros.
El poder es nuestro...



viernes, 24 de octubre de 2014

Despedida por denunciar corrupcion

La mancha de Lázaro y Amado

ttp://secciones.cienradios.com.ar/radiomitre/2014/10/21/la-mancha-de-lazaro-y-amado/
Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero. Báez y Boudou son como una suerte de gran ventilador encendido que ensucia todos los día a la presidenta, a su familia y a todo su gobierno. En el afán de proteger al vice presidente y al empresario para evitar que ellos puedan contar la verdad de los hechos, el cristinismo ingresó en un callejón sin salida donde cada día puede explicar menos cosas y deja mas gente colgada del pincel. La justicia investiga en varios casos, y en otros está muy atenta para actuar cuando finalice esta administración en el 2015. Pero además, y esto es lo mas grave, hay investigaciones abiertas en Uruguay y en los Estados Unidos que avanzan a paso redoblado y a tambor batiente. Y la justicia legítima, la camiseta partidaria para los magistrados no llega al exterior. Es un manto de impunidad que apenas puede tapar algunas trampas domésticas. Tal vez por eso, Cristina está tan nerviosa. Porque los extorsionadores y repugnantes fondos Buitre le están enviando mensajes inquietantes respecto de cuentas secretas que en cualquier momento pueden salir a la luz. Ya se sabe que un extorsionador es un delincuente despreciable. Pero también se sabe que quien no tiene nada que ocultar no puede ser extorsionado. En el caso de Uruguay, la verdad va apareciendo porque en ese país la justicia tiene ese objetivo y es realmente independiente. La propia Margarita Stolbizer le acercó documentación a una de las juezas y declaró que “hay elementos que pueden incriminar a los Kirchner en lavado de dinero”. Las balas pican tan cerca que Cristina enmudeció hace algunos días, producto de una oportuna faringitis y ordenó que varios de sus colaboradores pusieran la cara para recibir los cachetazos del costo político y moral. Los mas suicidas/valientes de la obediencia debida y el verticalismo fueron Jorge Capitanich, Julio Alak y Ricardo Echegaray. Todos trataron de explicar lo inexplicable. Todos pasaron a convertirse en cómplices de situaciones irregulares. Quien figura como Ministro de Justicia pero no ejerce, cometió el sincericidio de decir que “En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”. Apenas logró reconstruir 4 de las 22 páginas casualmente perdidas en el triángulo de las Bermudas de la Inspección Nacional de Justicia comandada por La Cámpora. Papeles de la empresa mas sospechada como The Old Fund desaparecieron mágicamente en el aire. Otra casualidad del patrón de las casualidades, Amado por todos Boudou. Omar Lavieri dijo que hace 22 años que recorre el periodismo de investigación y no recuerda que alguna vez se haya perdido un expediente de esa importancia. Pero la cara no la ponen los muchachos de La Cámpora. Los soldados de Cristina hacen las operaciones pero la cara la ponen los demás. Fue patético que Echegaray asegurara como verdad revelada, que se investigan las facturas truchas de Lázaro Báez pero que el, no es socio de Cristina. Tal vez no haya una sociedad donde ambos sean accionistas. Pero Báez y los Kirchner compartieron negocios y sociedad en varias empresas. Para construir y alquilar departamentos. Para regentear y alquilar hoteles y habitaciones que nunca se utilizaron. Para tener un condominio en El Calafate de 87 mil metros cuadrados. Y como si esto fuera poco, Lázaro pagó el mausoleo faraónico que guarda los restos de Néstor. Y todo esto no es producto de un chisme o un rumor malintencionado. Es información confirmada en las propias declaraciones patrimoniales de la familia Kirchner que a esta altura no saben como corregir y emprolijar. No solo se encubre a los delincuentes. Peor aún, se castiga a los honestos. Tanto Silvina Martinez en la IGJ como los inspectores de la AFIP de Bahia Blanca fueron despedidos por hacer con honradez y eficiencia su trabajo. Y a esta altura la mancha de Amado y de Lázaro se hizo tan grande que ya salpicó y comprometió a medio gabinete. Y a los medios adictos que tienen que disfrazar las cosas. Ni Página 12, ni Tiempo Argentino ni Ambito utilizaron esta mañana el apellido Báez o Kirchner en sus tapas. Eligieron titular con las 1.200 empresas evasoras que estan siendo investigadas. Tiene razón uno de los editorialistas del humor mas profundos, el amigo Sendra: “dijo que en algunos casos además de expedientes se pierden principios, moral, ética, escrúpulos y decoro”. Nada mas para agregar. Achívese y publiquese.
Le doy mi palabra



miércoles, 22 de octubre de 2014

Ciccone y la perdida de los exptes en IGJ II

Una imparable bola de nieve política


En los primeros meses del 2012, mientras aún ostentaba un poder recién asumido, el gobierno de Cristina Kirchner inició un plan de protección de Amado Boudou que hoy, a un año y tres días del final de mandato, se transformó para varios funcionarios en una imparable bola de nieve política y judicial.
La Presidenta avaló a su vice mientras éste embestía contra el Poder Judicial para quitar de la investigación del caso Ciccone al primer juez de la causa, Daniel Rafecas, al primer fiscal, Carlos Rívolo, y al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Fueron sólo algunas de las maniobras defensivas impulsadas por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por ejemplo, se involucró en ese proceso y –según la tesis judicial de Servini de Cubría y Ariel Lijo–, permitió que un organismo que estaba su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ), “extraviara” el legajo caliente de la sociedad The Old Fund.
Alak está hoy enredado en una telaraña construida por él mismo.
Ayer intentó desligar su responsabilidad en el caso Boudou cometiendo un llamativo “sincericidio” para un peronista profesional con varios lustros en la función pública: “En todos los poderes se pierden expedientes”, dijo, aludiendo a la IGJ, justamente el organismo que tiene como objetivo resguardar los expedientes de las empresas comerciales como The Old Fund. ¿Por qué Alak admite recién ahora que la IGJ “perdió” los papeles de esa compañía? Si todo en esta trama es transparente, ¿qué sentido tuvo el bloqueo del acceso a la información pública que impuso en la IGJ  cuando Clarín y el ex diputado Ricardo Gil Lavedra pidieron documentación sobre las firmas vinculadas a Boudou?
La insistencia del Ministerio de Justicia respecto a ese último punto fue tal que el ex diputado Ricardo Gil Lavedra logró llegar hasta la Corte Suprema con su reclamo, y el máximo tribunal terminó por darle la razón la semana pasada.
Si se sigue sólo la versión oficial sobre el expediente perdido de The Old Fund, entonces, durante los últimos dos años y medio pasó lo siguiente: a sólo un mes de que el caso Ciccone se difundiera por Radio Mitre y Clarín, la IGJ perdió una de las partes más importantes del expediente de la principal empresa investigada por la Justicia en esa causa, que para colmo tenía como imputado al vicepresidente de la Nación; tiempo después el organismo reconstruyó ese trámite pero con 18 páginas menos que los contenían los documentos originales; y casi de inmediato impuso un cepo admnistrativo para que ningún ciudadano de la República Argentina pueda conocer esa información reparada de modo legal; basándose en ésto último, la IGJ se mantuvo firme, y litigó en los tribunales para que el bloqueo a su información pública llegue hasta la última instancia judicial, algo inédito en democracia.
El titular de la IGJ que creó el “cepo informativo” se llama Noberto Berner, milita en La Cámpora y hoy es secretario de Comunicaciones. Lo reemplazó en su cargo un “compañero” de agrupación, Rodolfo Tailhade, que acaba de dejar su puesto para darle lugar a otro “camporista”, Martín Cormick. Quien estaba al frente del organismo cuando se perdió el trámite de The Old Fund era Marcelo Mamberti. El ministro de Justicia durante todas esas gestiones en la IGJ fue Alak.
El artículo 255 del Código Penal estipula que quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público” será reprimido con “prisión” de un mes a cuatro años

Insólita excusa de Alak por haber perdido el legajo de The Old Fund

Estaba en custodia de la Inspección General de Justicia, que depende de él. El ministro intentó justificarse: “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo. La reconstrucción tiene 18 fojas menos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak, confirmó ayer que el legajo de la empresa The Old Fund que estaba bajo su guarda fue perdido y reconstruido de modo incompleto entre marzo y abril del 2012, justo dos meses después de que esa empresa empezara a ser investigada en el caso Ciccone por sus vínculos con Amado Boudou.
Clarín publicó ayer que la Justicia había recolectado pruebas sobre el rol de Alak en esta trama: la jueza María Servini de Cubría investiga si el funcionario intentó encubrir a Boudou ordenando que se cambien los documentos claves sobre The Old Fund que supuestamente protegía un organismo que está a su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ayer, Alak intentó desmentir el artículo de este diario sobre el tema, pero terminó confirmando lo publicado. Lo mismo pasó con la IGJ.
“En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo el ministro de Justicia en declaraciones al programa de radio que conduce el relator deportivo Víctor Hugo Morales, y agregó, en primera persona del plural: “Nosotros teníamos el expediente (de The Old Fund) digitalizado, fue una reconstrucción rápida. Le dimos información a la Justicia e hicimos un sumario administrativo”.
La IGJ, por su parte, también emitió un comunicado al respecto. El escrito es esclarecedor desde su título: “La reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”, dice el encabezado del ente manejado por Martín Cormick, militante de la agrupación La Cámpora.
En el texto se admite no sólo que el expediente debió ser “reconstruido”, sino que además se acepta que hay una “diferencia de volumen” entre el original y su copia, debido a que “el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria”.
Clarín había informado que el expediente de The Old Fund había sido reconstruido en sólo 4 fojas, cuando en realidad la Justicia tenía pruebas de que tenía 22 páginas.
¿Qué había en esas 18 fojas que faltan?
Tanto Alak como la IGJ se cuidaron en remarcar que todo su accionar admnistrativo “cumple” con tods los “protocolos” correspondientes.
Las normas legales que rigen en el marco de las causas que tienen a Alak como imputado, sin embargo, dicen otra cosa.
El artículo 105 del decreto 1759/72 establece que ante el caso de que se extravíe un expediente administrativo se “ordenará dentro de los dos días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictamentes producidos, haciendose constar los trámites registrados...”.
La Justicia comprobó, en base a documentación oficial, que la IGJ ordenó reconstruir el expediente de The Old Fund recién dos días después de que fue declarado como perdido.
El organismo tampoco le informó a la Justicia sobre su traspié, tal como afirma el comunicado emitido ayer.
Clarín pudo saber, además, que entre las 18 fojas “extraviadas” del legajo de  The Old Fund en la IGJ no había solamente “documentación registral inscripta originalmente”, como dice la versión oficial.
Este diario reconstruyó, en base a fuentes de la causa Ciccone, que entre la información que la IGJ perdió sobre The Old Fund se encuentra un dictamen contable en el que habría detalles de un aumento de capital y de los fondos aportados por la sociedad Dusbel para transformarse en accionista de la compañía; a los que suman la falta de otro dictamen emitido por un abogado vinculado a la firma; y de otros formularios y de observaciones de la propia IGJ, entre otros datos.
El Estado perdió y reconstruyó de modo parcial parte de un expediente crucial sobre The Old Fund, una sociedad que la Justicia terminó atribuyendo a Boudou, y que está siendo investigada, además, por lavado de dinero, en la Argentina y en Uruguay.
La IGJ aseguró que entre los funcionarios involucrados en este proceso se encontraba la ex directora de sociedades comerciales del organismo, Silvina Martínez. En realidad, ella fue quien le alertó a Alak sobre las irregularidades, que la terminó echando. Y fue por eso, entre otrass cosas, que declaró como testigo ante Servini de Cubría. Tres veces.

Obediencia debida

Estábamos curados de espanto con Ciccone pero no. Apareció Alak, que como ministro siempre ha seguido el manual de instrucciones para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo: no decir nada sin que Cristina lo ordene.
Ayer lo envió a justificar la pérdida del legajo de la imprenta, a resguardo en su ministerio. ¿Y qué se le ocurrió decir a Alak? Que “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”.
No se esforzó demasiado. Quizás porque el ministro no lo cree al decirlo. Nosotros no le creemos al escucharlo.
Alak es de los que quieren quedarse y quieren partir del Gobierno y al fin aceptan las cosas como vienen dadas. También es un ministro en teoría. En la práctica, el que manda es su segundo, el secretario Julián Alvarez, de La Cámpora.
Lo que Alak debiera explicar y no puede es cómo pudieron borrarse en marzo del 2002 nada menos que las huellas de quienes eran los verdaderos dueños de The Old Fund. O sea, de la imprenta (ver pág. 3).
“Teníamos ese expediente digitalizado”, dijo. Cualquiera puede recuperar de una PC un mail enviado o recibido hace años. ¿No puede recuperar esos datos un ministro? Una de dos: o no estaban digitalizados o alguien borró los archivos. Para el caso es lo mismo.
Tampoco Alak puede explicar por qué ese expediente, que estaba en la Inspección General de Justicia (IGJ) y tenía 22 páginas, se redujo a otro de 4, o sea a menos del 20%, luego de ser reconstruído. Otra vez una de dos: o el 80% no servía o en ese 80% estaba lo que servía y el Gobierno quiere ocultar.
Si está digitalizado, como dice, debería mostrar las 22 páginas y sanseacabó, como diría Máximo.
Dijo el ministro: a raíz del supuesto extravío “hicimos un sumario administrativo”. Se supone que para aclarar qué ocurrió y para encontrar a los responsables. Pasaron más de dos años y medio y, de nuevo, no tiene nada para decir ni sobre una cosa ni sobre la otra.
Lo que no se perdió en todo este tiempo es la coincidencia entre un par de fechas claves del escándalo. Recordemos: en ese mismo marzo del 2012 Laura Muñoz dijo que su ex esposo Vanderbroele era testaferro de Boudou. Vanderbroele era el presidente de The Old Fund. Trascartón, se perdió el expediente. Un mes después, Boudou hizo saltar de la causa al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y en el mismo operativo a Righi, el jefe de los fiscales. En agosto y para intentar frenar el terremoto, Cristina ordenó estatizar Ciccone. Está visto que no lo consiguió.
Para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo, Alak se incinera a lo bonzo con Boudou. Cumple el rito oficial de callar frente a la corrupción. Puede encubrir al vice pero deberá descubrir ante el juez por qué archivó la denuncia de las maniobras de La Cámpora en la IGJ de la ex directora del Registro de Sociedades.
Ahí ya no le servirá apelar a la obediencia debida.