lunes, 5 de mayo de 2014

La Corte analiza el cepo de la IGJ

La Corte analiza el bloqueo informativo de la IGJ


La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya analiza una causa en la que el ex diputado Ricardo Gil Lavedra logró que un tribunal ordene a la Inspección General de Justicia (IGJ) permitirle consultar información sobre sociedades vinculadas al escándalo Ciccone.
El caso llegó a la Corte hace dos meses a través de un recurso de queja planteado por el Poder Ejecutivo contra el fallo de la sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le dio la razón a Gil Lavedra, patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La causa ingresó la semana pasada a la vocalía del ministro Juan Carlos Maqueda, según constató Clarín en la página del Poder Judicial en donde se informa sobre la circulación de los expedientes en el máximo tribunal.
Gil Lavedra había objetado una circular de 2012 de la IGJ a través de la cual se restringía la histórica y libre consulta de expedientes en ese organismo sólo a quienes demuestren un “interés legítimo” y no a todos los ciudadanos.
“No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento alguno para ello”, expresaron el año pasado en favor de Gil Lavedra los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
La IGJ modificó su tradición luego que surgieran sospechas sobre los fondos aportados por las empresas The Old Fund y London Supply para sacar de la quiebra a Ciccone en el año 2010.
Lucio Fernández Moores

jueves, 1 de mayo de 2014

El cepo informativo de la IGJ a las empresas de Lazaro Baez

El Gobierno suma protección a las empresas de Lázaro Báez


Lo hace a través de la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera, entre otros entes. Impiden el acceso a información de las firmas y le permiten operar salteando normas.


 Gobierno de Cristina Kirchner profundizó la protección estatal a las empresas vinculadas a Lázaro Báez, socio comercial de la Presidenta e investigado por lavado de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza. La Inspección General de Justicia (IGJ) bloqueó de tal modo el acceso a la información pública de Helvetic Services Group, una de las compañías involucradas en el caso de “La Ruta del Dinero K”, que una abogada que solicitó esa documentación durante los últimos diez meses, Silvina Martínez, acaba de interponer un amparo en la Justicia para conseguirla.
Ese “cepo” informativo en la IGJ jamás había ocurrido en democracia, y también favorece a empresas vinculadas al caso Ciccone.
A esa protección oficial para Báez, se le suman otras, en las que están involucradas la misma IGJ, pero también la Unidad de Información Financiera (UIF), de José Sbatella; y la Secretaría de Energía, de Daniel Cameron, entre otros organismos.
Clarín pudo saber que dos de las petroleras del socio de la Presidenta, Misahar y Epsur, incumplen con las reglas burocráticas que los registros públicos le exigen tener a las sociedades comerciales. Con aval de los Kirchner, esas dos empresas ganaron la concesión para explorar pozos petroleros en Santa Cruz.
Aun así, o a pesar de eso, una de las petroleras de Báez, Misahar, no cumple con las normativas gubernamentales contra el lavado.
Según fuentes que conocen la trastienda de los registros oficiales como la IGJ, las autoridades de Misahar nunca respondieron de modo oficial si son “personas expuestas políticamente”, una regla que la UIF le exige declarar incluso a empleados de clase media o clientes promedio de los bancos.
A esta irregularidad se le agrega otra. A pesar de que funciona hace varios años, y de que explota pozos petroleros en el Sur, Misahar recién hizo oficial un aumento de capital durante este año. Hasta ahora, siempre según lo declarado por la firma al Estado, su capital inicial declarado era sólo de $ 260.
El caso de la protección estatal a Misahar es llamativo por motivos obvios: la familia Báez, propietaria de Misahar, está siendo investigada por el delito de lavado de divisas en el país y el extranjero. En Suiza, por caso, las cuentas de los Báez fueron bloqueadas por las autoridades nacionales una vez que se comprobó la veracidad que tenían las denuncias periodísticas sobre el caso de “La Ruta del Dinero K”.
El caso de la petrolera Epsur, también de Báez, es similar: presentó su documentación ante la IGJ salteando normas, como las publicaciones correspondientes a distintos aspectos que antes debía difundir en el Boletín Oficial.
Dentro del organismo, llamó la atención que las dos empresas iniciaron sus trámites ante el ente en días distintos, pero hoy sus expediente tienen números correlativos, así como si alguna autoridad hubiese sugerido que esas carpetas transiten juntas los controles K.
Una de las personas que padeció y conoce la protección oficial de la IGJ sobre Báez es la abogada Silvina Martínez. Usando sus conocimientos sobre el tema, debido a que se desempeñó como Directora del Registro de Sociedades de ese organismo, presentó el 4 de julio de 2013 un pedido de acceso a la información pública de la compañía Helvetic Services Group. Esa firma investigada en la Argentina, Uruguay y Suiza como la posible compañía mediante la cual la familia Báez lavó millones de euros a través triangulaciones financieras e inversiones de distinto tipo.
El trámite, número 7052976, pasó por diferentes instancias legales dentro de la IGJ. Entre otras cosas, el organismo intentó argumentar su rechazo a la solicitud diciendo que una abogada no tenía “interés legítimo” para acceder a documentos de Helvetic, a pesar de que las reglas que regulan la información pública dicen lo contrario.
Durante toda la democracia, el organismo accedió a brindar los datos de las sociedades a abogados y periodistas, pero desde que estalló el caso Ciccone, que compromete a Amado Boudou, el Gobierno K emitió una circular interna en la IGJ con la que intenta revertir la jurisprudencia sobre el tema. Ese documento, justamente, dice que el peticionante de la información que resguarda el ente debe justificar su “interés legítimo”.
El titular del organismo que impulsó ese tema fue Norberto Berner, militante de La Cámpora. Lo reemplazó Rodolfo Tailhade, otro “camporista”.
Hace pocas semanas, la abogada Martínez decidió recurrir a la Justicia para conseguir lo que la IGJ le niega.
Presentó un recurso de amparo ante el juzgado nacional en lo comercial 7, secretaría 13.

http://secciones.cienradios.com.ar/marcelolongobardi/agenda-del-dia/proteccion-para-lazaro-baez-en-la-inspeccion-general-de-justicia/
http://tn.com.ar/politica/en-otros-medios-el-gobierno-suma-proteccion-a-las-empresas-de-lazaro-baez_494848

miércoles, 30 de abril de 2014

Las deudas de Berner

Lanata presentó un polémico informe sobre negocios y fortunas de La Cámpora


Deudas. El periodista Lanata presentó el caso del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, como una paradoja ya que le debe 400 mil pesos a la empresa Telecom. Este dirigente camporista, cabe destacar, fue representante del Estado en la compañía de telefonía.
El mismo Berner, siempre según PPT, como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) impuso una medida para bloquear el acceso a la información pública de las empresas, en pleno escándalo por el caso Ciccone Calcográfica.

lunes, 28 de abril de 2014

El patrimonio de la Campora

Cómo aumentó su patrimonio el cerebro de La Cámpora

El programa de Lanata mostró los manejos de los jóvenes de agrupación de Máximo Kichner. El diputado Eduardo “Wado” De Pedro y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, los más destacados

Dinero, poder e influencias. Periodismo para todos volvió a mostrar anoche el crecimiento patrimonial y el control del territorio que aún hoy mantienen los jóvenes de La Cámpora, la agrupación que creó Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta. El diputado Eduardo “Wado” De Pedro y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, los más destacados.

Berner, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y secretario de Comunicaciones fue destacado ayer en PPT por un curioso dato: mantiene una deuda de $122 mil con una empresa a la que debe controlar, Telecom SA. Según su última declaración jurada, Berner dijo tener al inicio del período una deuda de $400 mil con una de las operadoras telefónicas más importantes del país, que disminuyó a $122 mil al final del período. Para la legisladora Graciela Ocaña, se trata de “una falta de ética grave” y Berner debería “por lo menos, eximirse de firmar los expedientes que estén relacionados con Telecom”.

Como Berner, De Pedro también es un joven y próspero abogado con éxito en la política. Wado es considerado uno de los cerebros de La Cámpora. En 2009, Cristina Kirchner lo designó vicepresidente de la recién reestatizada Aerolíneas Argentinas y este año desembarcó en el Consejo de la Magistratura y debutó frenando la destitución del juez federal Norberto Oyarbide.

Hoy, De Pedro Wado tiene un campo de 89 hectáreas en Mercedes, un local de 250 metros cuadrados en el centro de la ciudad y un departamento en Capital. Compró un lote en el country "Altos de Mercedes", construyó mejoras en su campo por $271 mil y se convirtió en empresario rural. En 2010 creó la firma Ustare SA y en diciembre del año pasado sumó, Dos Luceros SA. Según su última declaración jurada, su patrimonio llega a los $3.398.515

En Mercedes, su pago chico, De Pedro supo hacer valer su pertenencia y a través de sus vínculos con el Gobierno nacional montó un “municipio paralelo” a través de Juan Ignacio Ustarroz. Desde Nación, Wado influyó en la creación de una oficina de la ANSES en la ciudad y nombró allí a su “hermano de crianza”. La caja de la ANsES y las influencias de Wado, le alcanzan a Ustarroz, no para ganar elecciones, pero sí para mostrarse en actos políticos e institucionales como referente de la ciudad.

En Mercedes hay un gran predio ferroviario del Estado de alto valor histórico. El año pasado, el Gobierno se lo otorgó a una pequeña ONG “Jóvenes Comprometidos por Mercedes”, manejada por La Cámpora. Desde ese momento, el predio estatal fue utilizado para actividades políticas. Sus autoridades son tres militantes de La Cámpora, todos empleados del Estado. El tesorero es Juan Cruz España, un primo hermano de Wado y la dirección que registraron como sede de la ONG es una casa de familia.

http://www.clarin.com/politica/aumento-patrimonio-cerebro-Campora_0_1127887689.html#

jueves, 24 de abril de 2014

La justicia intima a la IGJ a entregar la información de Ciccone

GIL   LAVEDRA   RICARDO   RODOLFO   c/   EN-M§   JUSTICIA   Y DDHH-IGJ- s/AMPARO LEY 16.986
Buenos Aires,       de  abril de 2014.- 
En   atención   a   lo   peticionado   en   la   pieza   en   despacho   y   lo resuelto   por   la   Excma.   .Cámara   en   su   pronunciamiento   de   fs187/192vta   (especialmente   lo   dispuesto   en   el     considerando   XII) requiérase a la Inspección General de Justicia que en el plazo de diez días proporcione a la parte actora la información pública solicitada en lo referente a si las sociedades  “The Old Fund SA”, “Compañía deValores   Sudamericana   S.A”;   “London   Supply”   “Dusbel   S.A.”   y   “Tierras  International  Investments  CV”  se encontraban inscriptas, en qué carácter, las copias de los estatutos, la composición de los órganos de   gobierno   y   fiscalización;   el   nombre   de   los   accionistas   y   sus domicilios, en los términos de los artículos 8, 9 y concordantes del Anexo VII del decreto 1172/2003 y del artículo 3º de la Ley 26.047. A cuyo fin ofíciese

domingo, 20 de abril de 2014

La restricción a la informacion de la IGJ en el diario El Mercurio de Chile


"El gobierno puso como estrategia tener a los medios como enemigos"



Esta semana, el miércoles y jueves, el Consejo para la Transparencia realizará su V Seminario Internacional, titulado "Libertad de Expresión y Transparencia", al que asistirán varios invitados destacados, como el columnista chileno del diario "El Mundo", John Müller, el Comisionado Adjunto y Director de Libertad para la Information Comissioner Office (ICO) del Reino Unido, Graham Smith, y el periodista e investigador del diario Clarín de Argentina, Nicolás Wiñazki.
Este último cuenta, en conversación con "El Mercurio", que relatará su experiencia tras develar el famoso caso "Ciccone" de corrupción en su país que, asegura, provocó represalias en el acceso a la información pública.
-¿Qué sucedió con ese caso?
-El vicepresidente Amado Boudou y un grupo de amigos armaron una sociedad para controlar la imprenta Ciccone, la única empresa privada del país, y una de las pocas del mundo, que imprime billetes, en un proceso que hicieron con ayuda del Estado y que terminó con el gobierno de Cristina Fernández contratando a esa empresa para hacer billetes de 100 pesos. Ahora hay una causa en la que Boudou está imputado por asociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
-¿Cómo afectó esto el acceso a la información?
-A partir de esa historia, lo que pasó por primera vez en Argentina desde 1983 es que se cerró el acceso de información en organismos públicos, en específico la información sobre las sociedades comerciales. Esto porque Boudou estaba vinculado a, al menos, una decena de estas. Se dejó de dar datos a periodistas, abogados, legisladores y jueces.
"Esas acciones se fueron profundizando y extendiendo a distintos organismos. Luego, con el caso de 'La Ruta del Dinero K', que destapamos con Jorge Lanata, el acceso desapareció. No existe. Se transformó en algo muy difícil de conseguir hoy. No solo sobre las actividades de la Presidenta, sino que se modificó el sistema en que los funcionarios detallan bienes en las declaraciones juradas".
-¿Cuáles fueron los argumentos?
-El gobierno hizo esto con argumentos jurídicos falsos, pues se emitió una ordenanza interna que decía que la información de las empresas eran datos personales, cuando toda la jurisprudencia del mundo dice lo contrario. Eso lo ordenó Cristina y lo instruyó La Cámpora.
"Esto muestra que los K se toman muy en serio su retirada. Ante los casos tan contundentes están cuidando su futuro judicial cometiendo barbaridades nunca vistas en democracia. Ni Carlos Menem lo hizo. Y va acompañado de una presión permanente a la justicia".
-En ese contexto, ¿qué rol ha tenido la justicia en la defensa de la transparencia?
-En el caso Ciccone la justicia empezó a investigar rápido, pero luego Boudou dio una conferencia en 2012 acusando a los jueces, a los fiscales y a los periodistas que lo investigaban de formar parte de una mafia transversal que quería hacer un golpe de Estado. A partir de eso el gobierno sacó del caso al juez, al fiscal y al jefe de los fiscales. Ahora la causa, con nuevo juez y fiscal, ha avanzado, pero se le intenta poner trabas de todo tipo.
"El gobierno de los Kirchner intenta limitar todo lo que puede la libertad de expresión, no solo trabando el acceso, sino que atacando a los periodistas de modo personal, a través del aparato de propaganda estatal, con afiches anónimos en las calles, con dirigentes que hacen declaraciones contra los medios de modo sistemático. Cualquier periodista de medio de difusión nacional que investiga al poder es desacreditado".
-¿Era esto distinto antes del caso?
-No, no lo era. Pero a medida que se fue acercando la segunda mitad del mandato de Cristina se profundizó. Incluso el gobierno, a través de ex periodistas que ahora son propagandistas, ataca a las instituciones que sacan noticias de esto.
-¿Los periodistas se han organizado contra esto? ¿Han tomado medidas?
-Hubo periodistas que han ido a la Comisión Interamericana de DD.HH. a denunciar todo. Pero ante eso hubo un acto en Plaza de Mayo, donde se hizo un juicio público a periodistas con carrera intachable, se los condenó con afiches, se los escupió en la propia casa de gobierno. El gobierno puso como estrategia tener a los medios como enemigos y se encargó de diversos modos de joder su trabajo.
-¿Cree que acabe esto con el cambio de gobierno?
-Sí, con el cambio de este gobierno va a terminar, pero más allá de eso, se generó una división fuerte entre periodistas. He trabajado con gente que me enseñó a investigar y que hoy, desde sus medios, nos atacan solo porque investigamos los crímenes del poder. Esa grieta va a tardar en cerrar.
"A los periodistas la única salida que nos queda es seguir haciendo nuestro trabajo, investigar. El arma más fuerte es la información, es indestructible. Más allá de lo que haga el gobierno, cuando hay información, siempre sale a la luz".
-¿Está enterado de cómo es el acceso de información en Chile?
-No lo tengo muy claro, pero me parece que el Gobierno de Chile no tiene esta actitud tan belicosa. Se sabe lo que hará la Presidenta, da conferencias y entrevistas. Hay acceso de información más libre que en Argentina. Pero lo importante es que hay que hacer un trabajo profesional. Siempre habrá alcahuetes de turno para intentar sostener un negocio corrupto.
"El gobierno de los Kirchner intenta limitar todo lo que puede la libertad de expresión, no solo trabando el acceso, sino que atacando a los periodistas de modo personal, a través del aparato de propaganda estatal".