IGJ EN LA ELECCIÓN DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS

De pronto, el colegio profesional que agrupa a los farmacéuticos porteños pasó a ser un lugar de disputa entre distintos sectores políticos, a lo que el Gobierno no es ajeno. Después de todo, estos profesionales, en nombre de las 1.500 farmacias registradas en la Ciudad, son los que alertan ante las subas de precios y la falta de remedios. Los comicios son el próximo 31 y la Inspección General de Justicia, en la que domina la presencia de los jóvenes de La Cámpora, proscribió la participación de la opositora lista naranja, que aglutina a farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan en relación de dependencia y no son dueños de las farmacias. El oficialismo, liderado por Claudio Uccino, con fuertes lazos con la Casa Rosada, busca repetir el mandato de tres años.

Investigación IGJ

CARRIÓ PIDE INVESTIGAR LA IGJ

La diputada Elisa Carrió presentó ayer nuevos documentos en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades y delitos ocurridos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ). También pidió que la jueza María Servini de Cubría llame a declarar a dos ex empleados del organismo despedidos por la nueva gestión. Carrió consideró que la IGJ se convirtió en un "garante de la impunidad de funcionarios del Gobierno", y señaló la supuesta responsabilidad del ministro de Justicia, Julio Alak, como máxima autoridad sobre ese organismo. "Alak no podía desconocer lo que pasaba", estimó la legisladora, lo que configuraría "los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Respuesta del diario La Nación a la solicitada de La Campora

La IGJ, sacudida por acusaciones y por una interna gremial

publicado 18/7/2013

La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó envuelta ayer en un fuerte cruce de acusaciones luego de que un grupo de al menos 98 empleados denunció una supuesta campaña de desprestigio del organismo, pero terminó por enfrentarse con delegados gremiales.

La denuncia de los 98 empleados -sobre un total aproximado de 450 que trabajan en el organismo- se plasmó en una solicitada que se publicó ayer en Ámbito Financiero. Allí sostuvieron que la IGJ padece "una artera descalificación" y "versiones difamatorias" por la que responsabilizaron a "dos ex agentes" a los que enrostraron un "inusual raid mediático", en alusión a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez y el ex inspector Fernando Scanavino.

"Nos sentimos vulnerados por el actuar imprudente y despechado de quienes, persiguiendo otros objetivos que desconocemos, instalan en la opinión pública una realidad que en rigor es inexistente", expusieron esos empleados en la solicitada, que entre los firmantes incluyó a la delegación general en el Ministerio de Justicia del gremio UPCN y, de modo escueto, "ATE".

La inclusión de ATE, sin embargo, provocó una dura reacción, ya que ese gremio había liderado, sólo 48 horas antes, el paro que sacudió a la IGJ el lunes. Más aún, denunció por medio de volantes pegados en puertas y paredes que en la IGJ no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho".

Tras conocerse la solicitada, además, desde el gremio desmintieron haberla firmado. "La Cámpora intenta colonizar la IGJ desde hace meses y se está quedando con los puestos de mando en distintas direcciones y departamentos, reemplazando a gente capaz con otra que no sabe nada", explicó el delegado general adjunto de ATE para el Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch. "Ahora también quebraron la unión dentro de nuestro gremio y lograron que una parte juegue para La Cámpora, pero no el gremio en sí. Nunca se vivió algo así, ni siquiera en el menemismo", comparó.

En su solicitada, además, los empleados afirmaron que Martínez y Scanavino -a los que nunca mencionaron por sus nombres- intentan "desprestigiar inusitadamente a este organismo centenario" cuando afronta "cambios tecnológicos, actualización de criterios y ejercicio eficiente del poder de policía sobre estructuras societarias".Pero en el texto obviaron el extravío -o robo- de los legajos societarios vinculados al "caso Ciccone" y la entrega irregular al Ministerio de Economía de los legajos de las 1000 empresas más importantes del país, como también la protección a entidades cercanas a Sergio Schoklender o las sociedades de Lázaro Báez. Los firmantes tampoco mencionaron el "cepo informativo" impuesto en la IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou y que ordenó levantar la Cámara Contencioso Administrativa Federal, tras recordar que las autoridades públicas deben quedar "sujetas al escrutinio público en reconocimiento al principio básico de que la democracia simplemente no podría funcionar si los ciudadanos no pudieran conocer de qué manera actúa su gobierno".

La oposición muestra su repudio al accionar de la IGJ...

Ricardo Gil Lavedra – La IGJ no puede seguir partidizada

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra señalo hoy, respecto del paro de empleados de la Inspección General de Justicia, que “Es increíble que la IGJ siga funcionando de esta manera y que no suceda nada, ni haya cambio alguno. Hace mucho tiempo que la IGJ es un caos y que, en vez de regirse por criterios técnicos para funcionar, su destino sigue siendo manejado por criterios políticos”.

 “Partidizar un organismo como el Registro Público de Comercio significa que este deje de cumplir un rol de control y fiscalización de sociedades comerciales para cumplir un rol de encubridor de los delitos del gobierno de turno”, agregó el legislador.

“Estamos a favor de quienes resisten al avasallamiento diario de las instituciones, y los instamos a realizar todas las denuncias que sean necesarias hasta que alguien escuche. Muchas de estas prácticas no sólo son detestables, sino que además son delito”, apuntó Gil Lavedra. “La lucha contra la corrupción la hacemos todos”.

Solidaridad con funcionario removido en la IGJ

La Candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por la alianza Unión por Todos – PRO, María Paula Lopardo, realizó declaraciones en las cuales se solidariza con Roque Malerba trabajador de la Inspección General de Justicia, quien fue recientemente removido de su cargo.

17/7/2013

 

María Paula Lopardo, declaró al respecto que: “Con desagradable sorpresa supimos hoy sobre el desplazamiento de la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia (IGJ), del Sr. Roque Malerba, funcionario histórico del organismo, de quien se acaba de disponer su traslado al Departamento de Control Federal de Ahorro, por un funcionario que no sólo no tendría facultades para ello, sino que además no se indican motivos de su traslado ni se especifican sus funciones”.

 

“Esto es más grave aún porque no es un hecho aislado en el organismo. Lamentablemente se trata de maniobras de similar modus operandi que se están repitiendo, con la evidente finalidad de dejar en manos de funcionarios que responden a intereses del gobierno, el contralor de las sociedades que -con capitales nacionales o extranjeros- se constituyen en la ciudad.”, indicó Lopardo y agregó que “Con esta maniobra, se busca autorizar lo "inautorizable", dificultar, sino impedir el acceso a información que consta en los legajos y que no les conviene mostrar, y a la vez, hurgar en los expedientes de empresas para obtener información que es útil para perseguirlas, desoír el robo de legajos, nombrar personal afín a sus intereses y necesidades y que como detalle, no tienen idea de derecho societario, entre tantas otras”, señaló.

 

Finalmente la candidata a Diputada Nacional subrayó que “Desde Unión por Todos expresamos nuestra solidaridad con el Sr. Roque Malerba y bregamos por su reposición en la función que durante 35 años ha desempeñado con profesionalismo, amabilidad y educación”.

Así Notificaron a Roque Malerba que lo desplazaban de su cargo después de 35 años...

Paros y disputas en la IGJ por la designación de nuevos funcionarios

Empleados de la entidad realizaron el lunes un paro por el desplazamiento de un histórico trabajador del organismo. Mientras un sector denuncia el avance de La Cámpora, otros aseguran que hay una campaña para instalar "una realidad que en rigor es inexistente"

La solicitada publicada este miércoles por un grupo de empleados

Aunque las tensiones ya eran múltiples, el conflicto terminó por estallar cuando la conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió desplazar de su cargo al titular de la Mesa de Entradas, Roque Malerba, para trasladarlo al Departamento de Control Federal de Ahorro sin funciones asignadas.

En asamblea, los empleados de la entidad cuestionaron la movida y apuntaron contra el director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, quien no cuenta con las facultades para tomar esa decisión, según publica el diario La Nación. Como protesta contra el desplazamiento, los trabajadores realizaron el lunes un paro general que obligó a la entidad a cerrar sus puertas y analizan realizar otro la semana próxima.

Según denuncian, en el último tiempo se ha producido el desplazamiento de numerosos empleados de carrera al interior del organismo para beneficiar a dirigentes traídos por el kirchnerismo y principalmente por La Cámpora. La situación de Malerba se sumaría así a otros casos, como la del ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y el ex inspector Fernando Scanavino, entre otros.

Este miércoles, sin embargo, otro grupo de la IGJ publicó una solicitada en el diario Ámbito Financiero para denunciar una campaña que busca instalar "una realidad que en rigor es inexistente". Además, apuntaron contra las "versiones difamatorias sin una mínima y elemental verificación de los hechos" que han circulado en los últimos días.

"Las mentiras y la amplificación mediática que sin resguardo alguno reciben, afectan los esfuerzos que durante los últimos años los trabajadores de la Inspección General de Justicia venimos realizando en términos de nuevos procesos de gestión y ejercicio de controles de legalidad y fiscalización, y sobre todo generan un daño irreparable a esta Institución y a las personas que con orgullo pertenecemos a ella", apuntaron.

La firma de la solicitada está encabezada por los sindicatos de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)-Delegación General Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este último, sin embargo, fue uno de los principales promotores del paro del lunes, como puede verse en su página web.

Paro en la IGJ por el avance de La Cámpora. Desplazaron a otro empleado y se desató una protesta

La Nación 17/7/2013

Los empleados de la Inspección General de Justicia (IGJ) amenazan con profundizar las protestas y convocar a un nuevo paro para la semana próxima en repudio al desplazamiento de otro histórico funcionario del organismo, que fue trasladado para permitir el avance de La Cámpora.

El nuevo incidente lo padeció el jefe de la Mesa de Entradas de la IGJ, Roque Malerba, a quien las autoridades trasladaron al Departamento de Control Federal de Ahorro tras una polémica movida del director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, que carecería de facultades propias para tomar esa decisión.

El traslado de Malerba -sin consignar sus nuevas funciones ni fundamentar el traslado- provocó ya que el organismo que depende del Ministerio de Justicia debiera cerrar sus puertas este lunes. Sus empleados decidieron junto con ATE y la CTA un paro y pegaron afiches para denunciar que en la IGJ no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho".

La remoción de Malerba, que según sus compañeros acumula más de 35 años de antigüedad, registra otros antecedentes, como el de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y de un ex inspector, Fernando Scanavino, entre otros.

Los problemas se agudizaron dentro de la IGJ con el arribo de Norberto Berner, en 2012, quien en pleno escándalo por el caso Ciccone emitió las circulares 1 y 4 para imponer el criterio de que el interesado en obtener información del organismo deba antes demostrar su "interés legítimo" para acceder a esos datos.

Un año después, la Justicia admitió un amparo del legislador Ricardo Gil Lavedra y le ordenó a la IGJ levantar ese "cepo informativo", aunque para entonces Berner ya se había asumido como secretario de Comunicaciones.

Al frente de la IGJ, Berner dejó su lugar a Rodolfo Tailhade, que a su vez se encuentra de campaña como primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria (FPV) en el municipio de Malvinas Argentinas. Por eso, y como virtual número uno, quedó Analía Spatola. Su currículum vitae expone que no es especialista en derecho societario ni tampoco trabajó en ese campo hasta su arribo a la propia IGJ a través del Ministerio de Justicia..

Protesta gremial contra el avance de La Cámpora en un organismo clave

clarin 17/7/2013

El avance de La Cámpora en la Inspección General de Justicia (IGJ) no empezó ni terminó con la llegada de Norberto Berner y, tras su paso a la Secretaria de Comunicaciones, el arribo de uno de sus hombres de confianza, Rodolfo Tailhade. Este lunes, los trabajadores del organismo adhirieron a un nuevo paro en rechazo al desplazamiento de otro histórico de la Inspección.

Se trata del, hasta hace unos días, jefe de la Mesa de Entradas de la IGJ, Roque Malerba. Este hombre con más de 35 años de experiencia en el cargo, fue trasladado, sin explicación ni motivo --aducen algunos de sus compañeros-- al Departamento de Control Federal de Ahorro. Según publica hoy el diario La Nación, la movida estuvo a cargo del director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, quien no tendría las facultades para tomar esa decisión.

El traslado de Malerba se suma a otras remociones anteriores como la de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y de un ex inspector, Fernando Scanavino, todas después de la asunción de Berner. El lunes, los empleados de la IGJ fueron al paro en adhesión con ATE y la CTA, pegaron afiches con la leyenda no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho" en la IGJ y la amenaza de tomar nuevas medidas de fuerza.

Como jefe de la Inspección, Berner no sólo movió gente clave de sus puestos sino que también emitió dos circulares, en medio del escándalo de Ciccone, que establecieron un "cepo informativo" en la IGJ. Esas circulares, tras una demanda del diputado radical, Ricardo Gil Lavedra, debieron ser dadas de baja. Las irregularidades, sin embargo, continúan.

LA CÁMPORA (A TRAVÉS DE LA IGJ) SE METE EN LAS ENTIDADES CIVILES

La Cámpora también se metió en la elección del Colegio de Farmacéuticos

La organización intervino a través de la Inspección General de Justicia en las elecciones del Colegio de la Capital y proscribió a la única lista opositora que se iba a presentar el próximo 31 de julio para favorecer a la actual gestión, vinculada al kirchnerismo. 

La Cámpora intervino otra vez en una elección y proscribió a la única lista opositora que se iba a presentar en los comicios del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, que se realizarán el 31 de julio.

La organización de jóvenes kirchneristas, que controla la Inspección General de Justicia (IGJ), vetó a través de este organismo a la lista Naranja, la única que se opone a la actual gestión, cuyas figuras políticas son el presidente del Colegio, Claudio Ucchino, y su Director Ejecutivo, Luis Antún. Así las actuales autoridades, vinculadas al kirchnerismo, tienen el camino allanado para su reelección.

Si bien el comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos dice que “todas las listas fueron sometidas al mismo proceso de verificación”, esto no fue así según denunció María Manzolido candidata a presidente por la opositora Lista Naranja.

“Estamos viviendo momentos difíciles, ya que el oficialismo nos impidió la participación, impugnando nuestros avales. Respondimos estatutariamente, en tiempo y forma a todas las objeciones e impugnaciones que nos hicieron, pero no quisieron oficializar nuestra lista”, aseguró Manzolido.

“Las otras dos listas, ambas oficialistas, la “Violeta” y la Verde y Blanca, fueron oficializadas de inmediato” explicó la candidata de la lista Naranja.

“Fue fiscalizado por la Inspección General de Justicia (IGJ), pero termina decidiendo el oficialismo que nos desconoció 49 avales de colegiados y 11 avales para proscribirnos la lista”, afirmó Manzolido. “La lista Verde y Blanca incluso fue oficializada con menos avales que la nuestra” dijo la farmacéutica.

La proscripción fue ante la misma IGJ, actualmente manejada por La Cámpora, que tuvo una intervención indirecta, al no haber escuchado los reclamos y la documentación presentada por los candidatos de la lista Naranja para poder presentarse en elecciones.

Los profesionales proscriptos de la lista Naranja sospechan de las intenciones de la IGJ, cuyos inspectores participantes fueron Patricia Mo y Gerardo Ganly, activos militantes de La Campora.

Las decisiones de aprobación de una lista de candidatos termina quedando manos de la Junta Electoral y del Consejo General, ambos oficialistas. Mientras que la Junta Electoral está conformada por miembros de la lista Violeta oficialista y presidida por el actual Director Ejecutivo del Colegio, Luis Antún. Por otro lado el Consejo Directivo, que resuelve impugnaciones o proscripciones, está totalmente integrado por miembros de las dos listas oficialistas aprobadas a participar: lista Violeta y la Verde y Blanca.

Dos meses atrás, LPO recibió la denuncia de un grupo de farmacéuticos y bioquímicos que revelaban “presiones” de parte de las autoridades del Colegio a profesionales con el fin de “alinearlos políticamente”. A esta denuncia de “aprietes” se sumó lo que se interpretaría como un “desvío de fondos” a través del aumento de cuota a los colegiados. Las autoridades del Colegio forzaron un aumento fuera de lo que indica el Estatuto a través de una asamblea irregular. De esta manera aumentaron la cuota del Colegio en un 150 por ciento.

FIN DEL CEPO INFORMATIVO DE LA IGJ

La IGJ deberá informar sobre Boudou

La Justicia ordenó ayer el levantamiento del "cepo informativo" que impuso el Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las sociedades que lo rodean en el "caso Ciccone".

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita ni mucho menos exigir un "interés legítimo" para acceder a esos datos.

"No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento alguno para ello", concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.

"Cada ciudadano -sin importar su condición- tiene derecho a estar informado y obtener la información contenida en los documentos y registros públicos", añadieron los camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR) Ricardo Gil Lavedra.

La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de "interés legítimo".

"Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos", afirmó Gil Lavedra.

Tras el estallido del escándalo, en febrero de 2012, el diputado presentó dos pedidos ante la IGJ. Pidió que le informara si investigaba irregularidades en la creación y funcionamiento de Ciccone Calcográfica y otras sociedades vinculadas a la operatoria bajo sospecha. También requirió copias de la documentación disponible sobre todas esas firmas.

Ante la negativa de la IGJ -que llegó a emitir las circulares 1 y 4 para fundamentar la negativa a ese pedido y otros similares de LA NACION y otros medios-, Gil Lavedra presentó un amparo junto a la Asociación de los Derechos Civiles (ADC).

En primera instancia, sin embargo, el juez Esteban Furnari rechazó su pedido por considerar que Gil Lavedra y la ADC no se encontraban legitimados para reclamar esa información de ese modo. Pero la Cámara terminó por darles la razón, con el previo dictamen favorable del fiscal de segunda instancia.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para eso, los camaristas recordaron la justificación del decreto 1172/2003, con el que el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó el acceso a la información pública, pero que nueve años después intentaron desconocer funcionarios de la agrupación política La Cámpora, liderados por el entonces titular del organismo Norberto Berner, luego ascendido dentro del Gobierno como secretario de Comunicaciones, y su número dos, Gustavo Varela.

El decreto 1172/03, recordó la Cámara, "procura asegurar que las acciones de las autoridades públicas queden sujetas al escrutinio público en reconocimiento al principio básico de que la democracia simplemente no podría funcionar si los ciudadanos no pudieran conocer de qué manera actúa su gobierno".

Dentro de la IGJ, no obstante, no sólo se bloqueó el acceso a los legajos societarios, sino que además se extraviaron -o robaron- los expedientes de Ciccone Calcográfica, The Old Fund y London Supply, como también se restringió al máximo la compulsa de datos por la página de Internet.

Para Gil Lavedra, la actuación de las autoridades de la IGJ -que responde de manera directa al Ministerio de Justicia- durante el último año y medio resulta "inexplicable si no tenían nada que ocultar. Pero en estos últimos tiempos, gracias a denuncias de dos empleados despedidos injustamente, saltó la ficha de las verdaderas razones por las cuales no contestaban", en alusión a las declaraciones de Silvina Martínez y Fernando Scanavino.

Entrevistados por la nacion, Martínez y Scanavino detallaron presuntos delitos e irregularidades que se habrían cometido dentro del organismo, lo que investigan la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli.

"Las denuncias que se consideraban «complicadas» -contó Martínez a la nacion-, porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por Varela y por quienes trabajan con él."

Según reconstruyó LA NACION durante el último año y medio, las irregularidades dentro de la IGJ apuntarían a proteger, entre otros, a Boudou, a Sergio Schoklender y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También, a acotar la información sobre las sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez.

Twitter: @halconada    |