viernes, 30 de mayo de 2014

Otro premio para un funcionario que esconde los exptes en la IGJ

Crean agencia para el acceso a la justicia

30.05.2014 | tendrá carácter federal y la dirigirá tailhade

El gobierno creará una nueva agencia federal de coordinación con las provincias y los municipios en materia de acceso a la justicia, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak. El nuevo organismo tendrá al frente a Rodolfo Tailhade, actual titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), que pasará ahora a estar al mando de la aplicación de las políticas que lleva adelante la cartera como el plan de desarme, el combate a la trata de personas y la coordinación de las oficinas de Acceso a la Justicia en todo el país.

Hasta el momento, la cartera de Justicia había ampliado su presencia territorial en las principales ciudades y capitales del país a través de la creación de más de 200 centros, pero trabajaba de manera descentralizada en los distintos programas y políticas públicas que impulsa el Ministerio. A partir de la creación de la agencia federal que comenzará a promover estas iniciativas de manera coordinada, la nueva dirección también funcionará como una suerte de enlace político articulado bajo la dirección de Tailhade, que integra la agrupación La Cámpora y es además presidente del bloque de Concejales del Frente para la Victoria en el municipio de Malvinas Argentinas. Según pudo confirmar Tiempo Argentino, Tailhade ya firmó su renuncia a la IGJ que será oficializada en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial. Lo sucederá la abogada especialista en derecho societario Analía Spátola, quien desde hace más de dos años es la Subinspectora General de Justicia, segunda al frente del organismo registral y de fiscalización de sociedades. La coordinación del Programa de Desarrollo Territorial de Políticas Públicas –nombre formal de la unidad– tendrá injerencia en la aplicación federal del programa de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de Trata, que rescató a 6000 personas desde su creación, y el programa de Desarme Civil, que fue recientemente distinguido por la Organización de Naciones Unidas tras haber alcanzado las 220 mil armas de fuego destruidas, según números del Ministerio. También los de Lucha contra la Impunidad y el de Asistencia a las personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia. En rigor, será la que unifique políticas territoriales para sectores vulnerables facilite logística en las agencias de Acceso a la Justicia que con 58 oficinas están presentes hoy en 14 provincias y tramitan alrededor de 300 mil consultas por año, muchas de ellas como único punto de contacto para el comienzo de la resolución de conflictos. La intención del gobierno es extender la cobertura territorial. De perfil político y dialoguista, Tailhade asumió en diciembre pasado al frente del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, un municipio difícil del primer cordón del Conurbano conducido con mano de hierro por el ahora massista Jesús Cataldo Cariglino, frente a quien logró cosechar 53 mil votos. «

sábado, 24 de mayo de 2014

Imputan al ex Inspector General de Justicia por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas

Imputan al secretario de Comunicaciones por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas

El funcionario Norberto Berner había sido denunciado por la diputada Margarita Stolbizer por supuestas incompatibilidades con su cargo

Norberto Berner, fue imputado hoy por presuntas falsedades e irregularidades en la declaración jurada que presentó en el año 2012.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias DyN que el fiscal federal Gerardo Di Masi imputó a Berner y formalmente solicitó que se abra una investigación contra el funcionario, en la que solicitó medidas de pruebas para avanzar en la causa.

Berner fue denunciado el 29 de abril por la diputada nacional Margarita Stolbizer porque detectó "una serie de irregularidades importantes, que dejan al mismo tiempo, una cantidad de interrogantes sobre la actuación del mencionado funcionario".

Según dijo la legisladora en su denuncia, Berner fue director en Telecom en representación del Estado entre diciembre de 2010 y abril de 2013 y sostuvo que "la empresa le hizo un préstamo de 400 mil pesos que consignó en su declaración jurada". "Resulta raro que una empresa de Telecomunicaciones le preste semejante suma de dinero a un director y que éste se la devuelva en cuotas o por partes", sostuvo Stolbizer.

Para la diputada, "mayor gravedad supone el hecho que desde mayo de 2013 Berner se desempeña como secretario de Comunicaciones, debiendo controlar, entre otras empresas, a Telecom SA. Imagínese la gravedad que, de ser cierta la deuda declarada, persista a la fecha", cuestionó.

LA DENUNCIA

A fin de abril, después de una denuncia periodística, Telecom había asegurado en una nota que remitió al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli que Berner "no ha tenido ni tiene ninguna" deuda con la compañía.

Stolbizer también denunció que el funcionario declaró una deuda con la ANSeS de 11.678,90 pesos que luego pasó a $ 44.571.

"También resulta poco frecuente la deuda declarada a la ANSeS, la cual aumentó al finalizar el periodo. ¿En qué concepto surge esa deuda? ¿Si fue un préstamo, como se instrumentó, en qué condiciones, se pactaron intereses? ¿Es legal que la ANSES le preste plata a un funcionario público?", se preguntó.

La legisladora planteó que en el año 2012 Berner ganaba 90 mil pesos por mes y dijo que declaró gastos por 27 mil pesos mensuales.

Ahora, el fiscal Di Masi requirió abrir una causa para investigar a Berner y le solicitó distintas medidas de prueba al juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente.

El secretario fue denunciado por violar el artículo 268 (3) del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo"..

viernes, 23 de mayo de 2014

Campagnoli, Ciccone y la IGJ

Campagnoli, Ciccone y la IGJ

El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, Ernesto Kreplak, uno de los principales impulsores de la suspensión del fiscal Campagnoli, es el ideólogo del cepo informativo que se dispuso en la Inspección General de Justicia (IGJ) y en el Registro de la Propiedad cuando estalló el caso Ciccone. Desde 2012, Kreplak es titular de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, que controla ambos organismos. Llegó a ese cargo de la mano de otro integrante de La Cámpora, el secretario de Justicia, Julián Alvarez.

Por la “pérdida” de documentación de Ciccone dentro de la IGJ hay al menos tres causas en trámite en el fuero criminal y correccional ordinario. El organismo se negó a entregar datos de la imprenta y de la sociedad The Old Fund. Hasta rechazó un pedido especial del ex diputado Ricardo Gil Lavedra. “Kreplak le dio la orden a Norberto Berner (ex titular de la IGJ) y lo mantiene con el actual inspector general de queno se entregue documentación de Ciccone a la oposición y a los medios”, denunció como testigo en una de esas causas Silvia Martínez, una ex funcionaria del organismo. Kreplak fue quien impulsó la suspensión de Campagnoli en la reunión del jury del jueves pasado. La votación estuvo reñida hasta el final. Se suponía que la representante de la Defensoría, María Cristina Martínez Córdoba, podría votar a favor de Campagnoli, pero inclinó la balanza en su contra. “No entró con una posición definida, al principio solo escuchaba. Pero después empezó a opinar y parecía que rechazaría la suspensión”, le dijo a Clarín un integrante del Jury. La audiencia durósiete horas. Durante todo ese tiempo, los siete jurados recibían decenas de llamadas. “Yo solo atendía a mis familiares”, se defendió otro de los presentes. Adentro del salón no hubo presencias extrañas: solo los siete jurados, una secretaria y una empleada que tipeaba.

Kreplak es de los camporistas que ahorra en dólares, desoyendo los pedidos de Cristina Kirchner. A fines de 2012, declaró US$ 51.304 en una cuenta y US$ 24.000 en efectivo. Su patrimonio aumentó un 50%. Terminó el año con $ 784.465, aunque dice deber $ 175.332 por un préstamo hipotecario. Nada mal para un funcionario con tres años en el Estado.

http://seprin.info/2014/05/21/escuchas-y-negocios-k-detras-del-juicio-al-fiscal-capagnoli-ciccone-y-armado-de-causas/