Acorralados y hostigados por cuestionar el "relato"
La creación de una ONG de ex empleados públicos que fueron perseguidos por el kirchnerismo es un llamado de atención y una oportunidad para denunciar abusos
la Argentina de hoy, hay ciudadanos que han llegado a considerarse "desaparecidos civiles". No se puede menos que justificarlos, si se considera que han sido objeto de vigilancia constante, despedidos de sus trabajos, acosados y discriminados de mil formas, y todo eso por no coincidir "con el proyecto" político gubernamental, osar diferenciarse o denunciar graves irregularidades en los organismos del Estado en los que estaban trabajando, la mayoría de ellos, funcionarios de carrera.
Como consecuencia de ese brutal maltrato, a muchos ni siquiera llegaron a despedirlos, pues se fueron antes, por propia decisión, hartos del profundo desprecio por sus opiniones y de la constante degradación a la que eran sometidos.
La visibilidad les llega ahora, que han decidido crear una ONG que se llama Juntos por el Trabajo en Libertad, con el objetivo de denunciar todos esos casos de acoso, violencia, discriminación o persecución en el ámbito laboral estatal, provincial o municipal. Algunos de estos integrantes de la nueva ONG ya habían conocido una súbita y nada buscada celebridad, como es el caso de Graciela Bevacqua, ex directora del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Bevacqua había sido desplazada en 2007 por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y finalmente se vio obligada a renunciar, en 2009, después de haber pedido licencia médica y de haber sido designada para la biblioteca del Ministerio de Economía, es decir, relegada a un puesto que nada tenía que ver con su especialidad.
Otro caso más reciente es el de Silvina Martínez, quien, como se recordará, fue echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. Además de Bevacqua y Martínez, también son fundadores de la ONG María Laura Haag, que trabajó 13 años en la Secretaría de Energía; Fernando Scanavino, ex inspector de la IGJ; Sandra Votta, despedida de la Cancillería por sus jefes de La Cámpora; María Alicia Córdoba y Griselda López Viegas, también echadas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Más o menos conocidos, todos ellos han sufrido situaciones parecidas y con métodos cuasi mafiosos que llegan hasta extremos nunca vistos: por ejemplo, quitarles el ventilador en verano o anotar en un cuaderno con quiénes mantenían conversaciones. Es decir, humillaciones constantes e insoportables, más dignas de figurar en una novela como 1984, de George Orwell, que de ocurrir en las oficinas del Estado de un país democrático, como se supone que es el nuestro. Sin embargo, todo lo que estos ex empleados de dependencias del Estado vivieron no es una pesadilla, aunque lo parezca. Ha sucedido realmente y debe ser conocido y repudiado por todos nosotros, como integrantes de una sociedad que rechaza este tipo de atropellos.
Si en alguna nefasta "habilidad" se ha perfeccionado el kirchnerismo en los casi 12 años que lleva en el poder ha sido en perseguir a opositores dentro y fuera del Gobierno. Y lo ha hecho de manera desenfadada e impune. Baste recordar a la propia Presidenta escrachando en cadena nacional y con argumentos dudosos cuando no incomprobables a funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y periodistas, entre tantos ciudadanos que, de repente, se convierten en el blanco de la ira y de la venganza de quien, como conductor político del país, tiene el deber de hacer prevalecer la sensatez y la unión entre los argentinos.
Por otra parte, si un gobierno entiende que alguien, dentro del ámbito público, ha infringido leyes, violentado normas o cometido cualquier tipo de delito, su deber es denunciarlo ante la Justicia. Y, si las diferencias son de criterio, de procedimiento o simplemente políticas, deberán los funcionarios debatirlas dentro de cada dependencia, admitiendo las razones de todos, como parte de un debate sano, adulto y productivo.
No menos importante es la obligación que tienen los gobiernos de facilitar a la Justicia cualquier tipo de investigación que involucre a uno de sus miembros, y el deber moral de ponerlos a disposición de jueces y fiscales, en vez de protegerlos, de ampararlos, de mantenerlos obstinadamente en su redil, no obstante las numerosas denuncias y pruebas que se acumulan en su contra.
La fundación de la ONG Juntos por el Trabajo en Libertad es, por supuesto, uno de los vehículos apropiados para difundir los casos de acoso laboral, que no debieran volver a repetirse.
Lo peor que podría pasarnos es acostumbrarnos a este tipo de maltrato que tan penosamente dejó expuesto el ahora agregado económico de la embajada argentina en Italia, Guillermo Moreno, cuando las cámaras lo registraron haciendo la señal de degüello para dar por terminada una discusión que mantenía con el entonces ministro de Economía Martín Lousteau.
En imprescindible que, como ciudadanos, nos pronunciemos y nos esforcemos para que nunca más haya "víctimas del relato" como éstas.
http://www.lanacion.com.ar/1782468-acorralados-y-hostigados-por-cuestionar-el-relato
