viernes, 6 de febrero de 2015

otra vez la IGJ...

Allanaron un organismo por los hoteles de Cristina

Vuelven las actuaciones judiciales por Hotesur
Es la Inspección General de Justicia. Había bloqueado el acceso a los balances de la empresa presidencial
El lunes terminó la feria judicial. A solo tres días del fin del descanso en los tribunales, volvió a tomar impulso una de las causas por corrupción que investiga a los Kirchner de forma directa. Se trata del expediente Hotesur, que busca determinar si la empresa de la familia presidencial que lleva ese nombre fue utilizada para lavar dinero. Por orden del juez del caso, Claudio Bonadio, ayer se realizó un operativo en la Inspección General ed Justicia (IGJ), el ente que regula la actividad de las sociedades comerciales: la Justicia fue en busca de la documentación financiera que la compañía K presentó allí en las últimas semanas, supo Clarín en base a fuentes judiciales. 
Se trató, en los hechos, de un allanamiento, aunque el nombre formal de las acciones instrumentadas en el organismo haya sido el de “orden de presentación”.
A través de Hotesur, los Kirchner manejan su hotel más grande, el Alto Calafate. Ese negocio fue administrado hasta el 2013 por el empresario Lázaro Báez, quien fue acusado de haber alquilado durante meses cientos de habitaciones del hotel que finalmente nadie ocupó, una maniobra que suelen realizar quienes buscan blanquear fondos ilegales.
Anoche, una versión que circuló por tribunales, indicaba que la Justicia también había allanado oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero los investigadores judiciales fueron muy herméticos al respecto. 
Esta última empresa estatal está involucrada en la trama Hotesur porque la tripulación de sus aviones que llega cada día a El Calafate duerme en el Alto Calafate.
Además de estudiar si Hotesur se usó para lavar dinero, la Justicia quiere saber si el contrato con la aerolínea del Estado que administra la dueña del hotel patagónico -Cristina Kirchner-, se ajusta a derecho. El representante legal de la familia K en ese negocio es el hijo de la Presidenta, Máximo.
En noviembre del año pasado, el juez Bonadio ya había allanado la IGJ para recolectar los papeles de Hotesur.
Ayer el magistrado volvió a exigirle al ente que entregue documenta de la compañía.
Ocurre que, en diciembre, los Kirchner dejaron trascender que habían registrado ante ese ente los últimos balances contables su hotel que hasta ese momento habían evitado entregarle al Estado.
Esos papeles podrían ser cruciales para la investigación de Bonadio. La Justicia busca reconstruir la contabilidad de la compañía K:la oficial, y también la que podría haberse instrumentado en secreto para vehiculizar fondos originados por corrupción gubernamental.
La causa sobre la principal empresa hotelera de los Kirchner se inició cuando el programa PPT, de Jorge Lanata, y también Clarín, informaron que Hotesur se encontraba en falta porque no había presentado en la IGJ sus últimos estados contables, entre otras irregularidades. Quien se presentó ante la Justicia para pedir que se investiguen esos hechos fue la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
El caso avanzó, y se comprobó en el expediente que, además de adeudar balances, Hotesur había registrado como sede a domicilios “fantasmas”, en donde en realidad nunca funcionó. 

miércoles, 4 de febrero de 2015

La IGJ y mas restricción al acceso a la información

Restringen más el acceso a la información en un ente del Gobierno

Tras los escándalos Ciccone y Hotesur.Es en la Inspección General de Justicia, que guarda los balance de las empresas

El Gobierno profundizó ayer el bloqueo al acceso de la información pública que resguarda la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula el funcionamiento de las empresas y las entidades civiles. Mediante la resolución número 1 del 2015, el ente estableció nuevas restricciones para la difusión de los datos que pueden usarse para conocer si las sociedades comerciales actúan o no de acuerdo a lo establecido por las leyes.
El “cepo” en la IGJ es un hecho único en democracia.
Se instauró de modo informal en el 2012, cuando Clarín primero, y la oposición después, le solicitaron al organismo documentación sobre empresas vinculadas al vicepresidente Amado Boudou.
El organismo controla la información sensible de varias de las sociedades comerciales involucradas en casos de corrupción gubernamental.
Entre varios ejemplos, se destaca el de la firma Hotesur, propiedad de los Kirchner.
Es la compañía que la familia presidencial utiliza para manejar su hotel más importante, el Alto Calafate: la sociedad es investigada en una causa de lavado de dinero que está a cargo del juez Claudio Bonadio.
En noviembre del año pasado, el magistrado allanó la sede de la IGJ en busca de la documentación de Hotesur.
Varios de los papeles secuestrados en ese operativo mostraron que la empresa de la Presidenta funcionaba de modo irregular.
Después de conocerse esa situación, Hotesur actualizó sus datos registrales en la IGJ, y también se dio a conocer que había presentado ante ese ente balances contables adeudados desde hacía años.
Es justo el tipo de información que ya no será de acceso público, según dispuso la IGJ en su resolución número 1 del 2015.
El texto da por aprobado el llamado “Procedimiento de Acceso a la Información Pública”.
En los hechos, se trata de la formalización del “corralito” con el que el ente restringió de hecho a la difusión de su documentación.
Entre otras cosas, la resolución 1/2015 establece que la IGJ podrá determinar qué tipo de información de las empresas se resguardará para proteger los “datos personales” de sus dueños.
En noviembre, la Corte Suprema emitió un fallo puntual sobre esta cuestión: el tribunal obligó a la IGJ a que haga justo lo contrario a lo que está haciendo ahora.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades Comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, resumió la situación de este modo: “La resolución va en contra de toda la jurisprudencia que existe al respecto”.
Martínez fue despedida por este Gobierno cuando denunció que la IGJ había protegido a funcionarios investigados por corrupción