Miedo
El atril presidencial se ha usado para intimidar, y muchos organismos del Estado han sido herramientas para atemorizar a opositores y críticos del Gobierno
La última década dio testimonio de los graves y desvergonzados desvíos de poder que implica el empleo de los organismos del Estado como herramientas para atemorizar a opositores o escarmentar a librepensadores y críticos del Gobierno.
Como reflexionábamos en nuestro editorial de ayer, la política del miedo ha ido socavando relaciones, destruyendo lazos de confianza, espantando inversores y ahondando todavía más el deterioro moral e institucional del país a lo largo de la mal llamada "década ganada".
Las amenazas e intimidaciones proclamadas desde el atril presidencial son uno de los peores ejemplos e indicador tristemente gráfico sobre los abusos en que incurre el poder gubernamental, corporizándose en la más alta investidura para defenestrar a quienes se atreven a opinar distinto.
Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sólo cuestionó duramente a un corredor inmobiliario por el simple hecho de haber hablado de la desaceleración de su sector de actividad económica. La primera mandataria también citó información sobre su situación personal ante el fisco, prescindiendo del riguroso secreto fiscal que ampara a los ciudadanos, a punto tal que el broker fue luego suspendido por el ente recaudador.
La política del miedo anida también en la Unidad de Información Financiera (UIF), centro neurálgico de todos los movimientos financieros del país, que recibe de bancos, escribanos, aseguradoras y sociedades de bolsa los reportes de las operaciones que puedan ser sospechosas.
Ha quedado demostrado que, para el kirchnerismo, resulta demasiado tentador disponer de tan abundante información confidencial sin ponerla al servicio de su destino hegemónico. José Sbattella, quien dirige la UIF, es un economista sin formación específica, pero militante K, que designó a parientes y amigos inexpertos en puestos clave. No se trata de una cuestión técnica, sino estratégica: se investiga a opositores y se congelan expedientes contra el oficialismo como el de Lázaro Báez.
La Inspección General de Justicia (IGJ), hoy en manos de La Cámpora, es otro instrumento de esta aberrante política de coacción. Frena denuncias que afecten al poder y no da información sin el visto bueno de sus operadores. Pidió datos confidenciales a las mil empresas más importantes del país para "apretarlas"; idéntico procedimiento siguió la Secretaría de Comercio. El titular de la IGJ, Luis Tailhade, publicó en su cuenta de Facebook afiches con las fotos de los empresarios a cargo de esas firmas, bajo la leyenda: "Éstos son los que te roban el sueldo".
http://www.lanacion.com.ar/1711663-miedo-ultima-parte
