Perseguidos por Ciccone

Ciccone: denuncia por un despido en la IGJ

 ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

En el caso de Ramos -que en Internet se presentó en algunos foros de discusión como un "politólogo" que simpatiza con el radicalismo-, la conducción actual de la IGJ lo acusó de haber adulterado los registros informáticos del organismo sobre Ciccone Calcográfica, lo que combinado con el extravío o robo previo del legajo físico de esa empresa dificultaría su reconstrucción completa.

"En suma -se explayó Ramos en su escrito judicial- considero que soy el triste chivo expiatorio o «perejil» en la jerga coloquial de imputaciones, ya que se me endilga nada menos que la desaparición de los registros del caso Ciccone, achacándoseme no sólo la desaparición, sino también la imposibilidad de reconstrucción."

EL ESCRITO

Ramos presentó ese escrito judicial el 12 de este mes ante el juez Lijo, al que le avisó que se marcharía de la Argentina tres días después, a Puerto Rico, de donde es su esposa, "con la esperanza de insertar[se] laboralmente" allí.

"Con 29 años de servicios en empleo público nacional, la sanción de cesantía se equipara a una verdadera muerte civil -explicó-. Por un lado no podré reingresar a ningún empleo público por la prohibición legal de designar o contratar a un cesanteado y mi experiencia muy difícilmente resulte aplicable al mercado laboral privado."

Para su abogada, Susana Elsa Torres, sin embargo, los problemas de Ramos exceden lo laboral. "Por cómo fue el sumario, que es «delirante», está claro que la IGJ lo impulsó para cubrirse por su actuación en el caso Ciccone, comentó a LA NACION.

Según reveló este diario, los legajos societarios de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply se extraviaron o fueron robados dentro de la IGJ semanas después de que estalló el escándalo que protagonizan Boudou, su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, entre otros.

La IGJ ordenó la reconstrucción de los tres legajos sobre la base de las copias digitales disponibles y el material que aportaron las tres sociedades, mientras que desde el Ministerio de Justicia abrieron sumarios para determinar los supuestos responsables de esos extravíos o robos.

Más de un año y medio después de abrir esos sumarios por los legajos de papel, la IGJ responsabilizó al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a Martínez, como ex jefa del Registro Nacional de Sociedades. Al primero le impuso cinco días de suspensión, mientras que el ministro Julio Alak pidió en Tribunales ser tomado como querellante contra la segunda, planteo que Servini rechazó porque el propio Alak podría quedar imputado. Pero la Cámara Federal, en fallo dividido, le dio la razón al ministro, que ahora podrá pedir medidas de prueba y revisar el expediente.

Al presentar ese pedido ante Servini, sin embargo, Alak acompañó sólo algunos tramos editados de los sumarios, con los se acusó a Martínez para así debilitar su credibilidad como testigo en las investigaciones judiciales sobre la IGJ y sobre la sociedad hotelera de la familia presidencial, Hotesur SA.

La cesantía sobre Ramos completa esa ofensiva, con otro sumario que se centró, ya no en los legajos de papel de las tres empresas involucradas en el escándalo -por los que la IGJ apuntó contra Agüero y Martínez-, sino en la adulteración de las copias electrónicas del legajo de la ex Ciccone en el sistema informático del organismo.

Ramos niega haber adulterado ese registro y apuntó hacia arriba -"la Inspección General, la Dirección o bien Jefatura de Departamento"-, los que se encargaron siempre de lidiar con todo aquello que tuviera algo que ver con el caso Ciccone, incluido su propio jefe, Marcelo López, que lo denunció, "eludiendo de esa forma que se investigue su propia conducta dolosa o bien omisa, teniendo en cuenta su ignorancia para la función".

Tras esa denuncia y ya con una abogada a su lado, Ramos forzó a la IGJ a anular la "indagatoria" que le habían tomado en sede administrativa. Pero aun así se dispuso su cesantía, por lo que su letrada se apresta a apelar la decisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Para el "perejil" es demasiado tarde. "Soy el empleado que se necesita para atribuirle irregularidades en salvaguardia de intereses más altos y poderosos con los que no tengo nada que ver", se quejó ante la Justicia. Y se marchó del país..

http://www.lanacion.com.ar/1756041-ciccone-denuncia-por-un-despido-en-la-igj
http://www.lanacion.com.ar/1756054-nota-para-armar

Victimas del relato

Las otras víctimas del relato

Funcionarios de carrera, técnicos y hasta directivos de empresas privadas fueron y son hostigados por un gobierno que desprecia y castiga el disenso

gunos están fuera del Estado por decisión propia, porque, a pesar de haber hecho carrera en la administración pública y tener una sólida experiencia en sus puestos, se negaron a soportar las presiones, los aprietes y las degradaciones que les impuso el kirchnerismo cuando comenzó a sospechar que las voces críticas podían multiplicarse y crearle más problemas.

Otros fueron separados de sus cargos por el simple hecho de haber gestionado contactos o fotos a precandidatos del propio riñón kirchnerista, pero que aún no fueron bendecidos por el índice presidencial, o porque -dicen, y a estas alturas de los hechos hay pocas razones para no creerles- lograron esos acercamientos antes de que los hubiera conseguido la Presidenta.

Y están también los que se fueron empujados por distintas acciones de la jefa del Estado: como un decreto rabioso, un inexplicable escrache público con datos incomprobables a simple vista o una suelta de "carpetazos", como suele llamarse al trabajo de inteligencia que sectores del Gobierno le preparan a la primera mandataria para que denuncie en cadena nacional lo que sus propios funcionarios deberían estar investigando si es que realmente existiera una fundada sospecha de culpabilidad.

Uno de los últimos casos conocidos, de repercusión pública, fue el de Silvina Martínez, echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. El testimonio de Martínez resulta hoy clave en la causa que investiga los vínculos de la familia presidencial con el seudoempresario Lázaro Báez. En una reciente entrevista periodística, la ex funcionaria acusó al Gobierno de mentirle a la gente cuando dice que hay 47.000 empresas con irregularidades como las verificadas en los hoteles presidenciales. "Una cosa es que una sociedad deba balances, pero en el caso de Hotesur, adeuda eso y el pago de tasas, y la sede es ficticia, entre otras cuestiones. Son muchas fallas juntas", enfatizó.

Martínez no es la única mujer echada de su cargo estatal por pensar distinto, oponerse a las políticas oficiales o denunciar ilícitos. Un caso lejano, pero anticipatorio de todo lo que vino después fue el de Graciela Bevacqua, directora del Indec hasta que la desplazó Guillermo Moreno, en 2007. Si bien la funcionaria terminó presentando la renuncia, lo hizo luego de que fuera degradada laboralmente, según ella misma relató. La que comenzaba a ser la mayor manipulación estadística del instituto en toda su historia empezaba también a sumar una persecución política descarada. Junto con Bevacqua, fueron removidos Clyde Trabucchi, entonces directora de una de las áreas del Indec, y numerosos técnicos que alzaron sus voces para denunciar la falsedad de las mediciones y el constante hostigamiento por parte de la intervención.

Laura Haag, abogada, fue despedida de otra dependencia del Estado, la Secretaría de Energía, por las declaraciones de su esposo, Cristian Folgar, un ex funcionario del área, que marcó diferencias con la política energética del Gobierno. Otro tanto les ocurrió a Sandra Votta, María Córdoba y Griselda López Viegas, todas empleadas de la Cancillería hasta que fueron despedidas hace casi un año. López Viegas adjudica su despido a haberse negado a incluir a una ex pareja de Máximo Kirchner en el grupo de diseñadores argentinos que viajaron a Milán para participar de la Semana de la Moda. Votta, en tanto, había denunciado maltratos en el ministerio conducido en lo formal por Héctor Timerman, pero, en la práctica, por La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas que se han hecho fuertes en el manejo de la mayoría de las carteras nacionales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue depositaria de decenas de denuncias de empleados de la Cancillería sobre maltrato, acoso laboral, reducción de salarios, charlas obligatorias de adoctrinamiento político y persecución ideológica.

Si se compara al país con una familia, bien puede decirse que muchos de los jóvenes kirchneristas a los que temprana e indiscriminadamente se les ha otorgado poder de mando, tienen ejemplos muy poco edificantes para seguir, empezando por la Presidenta. Martín Redrado fue expulsado de la titularidad del Banco Central mediante un decreto de necesidad y urgencia, por haberse resistido a cumplir órdenes presidenciales, contrarias a la autonomía de la entidad. Más allá de las diferencias de criterio, su eyección fue escandalosa, como también lo fue la de Martín Lousteau del Ministerio de Economía. Éste se había trenzado en varias ocasiones con Guillermo Moreno, quien le dedicó en público un gesto difícil de olvidar: dio por concluida una conversación con Lousteau pasándose el índice de lado a lado del cuello. Señal clarísima del degüello al que podrían exponerse los que pensaran distinto de él.

Gustavo Beliz, ministro de Justicia de la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo que irse a los Estados Unidos tras haber sido desplazado del Gobierno, entre otras cosas, por haber denunciado que la SIDE manejaba indebidamente partidas millonarias, fracasaba en sus operativos y daba información falsa a las autoridades.

Graciela Ocaña dejó de ser la ministra de Salud de la primera presidencia de Cristina Kirchner ciertamente en medio de una crisis sanitaria, pero también cuando comenzó a enfrentarse con los gremios por el uso de los fondos de las obras sociales y por la investigación que impulsó por la mafia de la medicamentos y los aportes de ese negocio ilícito a la política.

Como si no le bastase con esas maniobras dentro del propio Estado, el kirchnerismo también logró deshacerse de directores de empresas privadas, presionándolos de todas las formas posibles, incluso usando la fuerza, como ocurrió no bien tomada la decisión de expropiar la porción accionaria de Repsol en YPF.

Hubo también muchos casos en sentido inverso: los de aquellos funcionarios que debieron irse acorralados por la Justicia, a pesar de la fuerte protección del kirchnerismo, que se empeñaba obscenamente en mantenerlos en su redil como gesto de gratitud por no haber intentado sacar los pies del plato en medio de la tormenta política. Los más escandalosos fueron los de la ministra de Economía Felisa Miceli, en cuyo despacho se encontró una bolsa con dinero, hecho por el que fue juzgada y condenada; los de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el primero, con más de una decena de denuncias por corrupción, y el segundo, investigado por su responsabilidad en el trágico accidente ferroviario de la estación de Once. Y qué decir del vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado y con elevación a juicio oral en una de las causas en las que se lo investiga, a quien el kirchnerismo ha decidido mantener en el cargo contra toda lógica, desechando pedidos de juicio político y permitiéndole seguir al frente de las sesiones del Senado y del Poder Ejecutivo en ausencia de la Presidenta.

Otro caso paradigmático de las formas -o pésimas formas- del kirchnerismo, tanto para echar como para retener gente a toda costa en puestos estatales, lo representa el acto en que Cristina Kirchner embistió contra Juan Carlos Fábrega, entonces presidente del Banco Central, acusándolo en público de haber filtrado información privilegiada a los bancos.

También trascendió que la Presidenta echó a Víctor Ramos del área de Cultura por haber colaborado con el armado de la estrategia porteña del sciolismo, y que desplazó de su puesto al secretario de la Unidad Presidencial, Rafael Follonier, por haber gestionado sendos encuentros de Scioli con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y con el mandatario electo de Uruguay, Tabaré Vázquez.

La reacción presidencial frente a lo indeseado tiene un antecedente menos protocolar pero igualmente grotesco: fue el día en que por micrófono, ante un Museo del Bicentenario lleno de comensales para celebrar la visita del presidente paraguayo, Horacio Cartes, anunció que había decidido echar al electricista a cargo del mantenimiento del acto por las fallas en los micrófonos, que provocaron baches en los discursos.

Si de algo está convencido el kirchnerismo es de que no necesita ni guardar las formas ni respetar a quien no piensa igual. Enfrente quedan las víctimas del relato, que cada vez son más.

http://www.lanacion.com.ar/1754345-las-otras-victimas-del-relato

Denunciante denunciada

Habló la testigo del caso Hotesur: "Se supone que es una sociedad fantasma"

TESTIGO EN LA CAUSA QUE INVESTIGA BONADIO

DENUNCIANTES DENUNCIADOS

Silvina Martínez, que declaró frente a Bonadio por la causa de la empresa de Cristina, relató en Desde el llano lo que padeció dentro de la Inspección General de Justicia. "Son muchas irregularidades juntas", afirmó.

"En 2012, la gente de La Cámpora, decidió retacear la información que teníamos a los periodistas y a los miembros de la oposición. Ellos querían limitar la información, sumado a la pérdida de expedientes que ya había. Ahí empezó todo", relató Silvina Martínez, la exfuncionaria de la Inspección General de Justicia, testigo en la causa contra Hotesur, la empresa de la Presidenta, que fue denunciada por una diputada kirchnerista.

Martínez explicó en Desde el llano lo que le ocurrió con la agrupación de Máximo Kirchner cuando trabajaba en ese organismo público y dio su opinión sobre las inconsistencias en la documentación de Hotesur, la compañía de Cristina que supervisa el hotel Alto Calafate. "Acá son muchas irregularidades juntas. Se supone que es una sociedad fantasma, que no tiene movimiento", precisó la exempleada responsable del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia  .

"A mí me echaron. Me despidieron a raíz de la explosión del escándalo Ciccone y su repercusión en la ICJ. Yo me niego a acatar la orden que dieron de limitar la información y ellos me dicen que a la oposición y a los medios no le entregue nada", recordó. Y amplió: "Me voy de licencia. Me desmantelan el lugar. Denuncio esta situación cuando vuelvo y la respuesta fue que me echaron".

Luego describió de lo que ocurrió en la Justicia, a la que tuvo que comparecer para contar la función que ella tenía. "Me llaman a declarar como testigo por mi participación en Periodismo para todos, donde me preguntaron qué es lo que hacía en mi función", detalló. 

A Martínez la denunció la diputada kirchnerista Andrea García por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio". Ella se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia entre 2009 y 2012 y Bonadio la llamo como testigo en la investigación contra Hotesur por las irregularidades que había en el organismo.

La exdirectora expresó que ahora el organismo, dependiente del ministro de Justicia Julio Alak está "manejado completamente por La Cámpora". "La gente de carrera no pueden cumplir su función. Hubo muchos casos de despido como el mío", comentó.

Y agregó: "Yo tengo una doble denuncia. Alak me culpa a mi la pérdida de los expedientes de Ciccone. A raíz de lo de Hotesur, me denuncia una diputada del Frente de la Victoria. Hay un operativo de algunos medios y hay una agresión continua hacia mí", dijo. "Fomentaban que la gente me agrediera. Soy un ciudadano, normal, y del otro lado la agresión estaba del lado de la Casa Rosada. Es despareja la situación", concluyó.

El caso Hotesur tiene en la denuncia a Bonadio la primera de una serie de presentaciones judicial contra las personas que está detrás de la investigación. Al juez que entiende en la causa le siguió, primero la diputada Margarita Stolbizer, que fue la que inició la investigación, y luego Martínez, que fue convocada a declarar por el magistrado.

Hace unos días la exfuncionaria aseguró en su cuenta de Twitter que la causa es la 12.056 y está radicada en el juzgado 10 que encabeza Julián Ercolini. "Estoy muy angustiada. No puedo creer que me denuncien por ser testigo en #Hotesur. A raiz de mi declaracion como testigo en #hotesur me denuncia por falso testimonio y abuso de autoridad", escribió.

En 2013, en diálogo con El juego limpio, la exfuncionaria acusó al entonces titular del organismo, Norberto Berner de emitir "circulares de restricción a la información", lo que dificultó el trabajo dentro del organismo.

De hecho, Martínez denunció que el archivo "está cerrado" para los trabajadores, y ejemplificó que la jueza Gabriela Lanz ordenó allanar la institución por demorarse en enviarle los balances de SGI, la financiera a través de la cual se sospecha que se habrían realizado las operaciones de lavado del empresario kirchnerista Lázaro Báez. 

http://tn.com.ar/politica/hablo-la-testigo-del-caso-hotesur-se-supone-que-es-una-sociedad-fantasma_552754

Mas presiones por mis declaraciones

Hotesur: más presiones contra una ex funcionaria de la IGJ

El contrataque del oficialismo.

Silvina Martínez, ex directiva de la IGJ, dice que están obligando a los empleados a firmar una solicitada en su contra.

Su declaración ante el juez Claudio Bonadio, y sobre todo el sustancioso aporte de datos y detalles sobre las irregularidades societarias de la empresa Hotesur –que le pertenece a la Presidenta y sus hijos– recrudecieron los ataques que la ex funcionaria de la Inspección General de Justicia Silvina Martínez viene sufriendo desde hace dos años, cuando saltó el Rubicón y denunció el robo del expediente Ciccone. Ahora habría más: Martínez asegura que los militantes de La Cámpora que controlan el organismo estarían presionando a los empleados para que firmen una solicitada en su contra.

“Me imaginaba que iban a hacer lo que están haciendo. Es la metodología de ellos: amenazarte, tratar de amedrentarte, es lo que hacen siempre. Se manejan con el miedo”, dice a Clarín Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Después de que declarara sobre la pérdida del expediente de Ciccone –que en la Inspección también le atribuyen a su responsabilidad–, a la funcionaria la echaron, la incluyeron en una lista de supuestos incumplidores respecto a la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción –que Martínez niega y la Justicia le dio la razón, aunque no la sacaron de la nómina– e intentaron molestarla manipulando sus declaraciones ante la AFIP. No lograron callarla.

Ahora la táctica, asegura ella, es intentar desacreditarla ante sus propios compañeros: “la subinspectora general, Analía Spatola –que responde al hombre fuerte de La Cámpora en el ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak–, decidió hacer esta solicitada que básicamente sería en mi contra. A algunos empleados les da una hoja para firmar y no ven que firman; otros vieron el texto, pero ya ocurrió en julio del año pasado que a la gente le hicieron firmar un texto y después publicaron otra cosa”.

Martínez asegura que “la gente teme firmar, pero ellos te marcan: vos estás con el gobierno o estás en contra. Si no hacés lo que te piden –votar en una lista, ir a un acto, firmar algo– pasás a integrar la lista de marcados, te analizan y te estudian para ver si sos o no sos del gobierno. Entonces la gente tiene miedo a perder su trabajo. Hubo despedidos que eran contratados, no tienen cómo defenderse”.

El sistema de vigilancia de La Cámpora en la Inspección sería más sofisticado aún. Según dice la ex funcionaria y Clarín chequeó con otras dos personas que trabajan allí desde hace años, las patrullas oficialistas supervisan y controlan las redes sociales en la búsqueda de posteos de Facebook o tuits que pudieran delatar opiniones contrarias al Gobierno.

“Hace rato que quieren sacar algo en su contra”, dijo a Clarín otro funcionario de la IGJ con llegada directa a todos los despachos del organismo. “No sé si va a ser una solicitada o qué, porque tantean a la gente y es reacia a firmar. Pero si se deciden a hacerlo va a salir, porque hay un terror pánico. Ellos salieron a recorrer el edificio con temor, porque varios empleados de carrera les dijeron en la cara que ‘es muy difícil salir a defenderlos a ustedes’”

http://www.clarin.com/politica/Hotesur-presiones-funcionaria-IGJ-SIlvina_Martinez-solicitada_0_1264073592.html

Silvina Martinez: 'Hotesur es una sociedad que tiene una sede ficticia y que no presenta balances'

Silvina Martinez: 'Hotesur es una sociedad que tiene una sede ficticia y que no presenta balances'

La victima juzgada. Mi respuesta ante las criticas...

No soy santa ni demonio. Mucho menos heroína. Soy  una persona normal. Con defectos y virtudes. Creo que el punto no es juzgarme a mi, no? A nadie le importa mi pasado o los chismes de barrio. No soy una persona publica. Creo que lo importante es lo que denuncio que nadie puede desvirtuar.Cabe aclarar que nunca fui militante política ni kirchnerista. No todos lo que ascienden son militantes. O por lo menos así era en 2010.
Siempre dije que ingrese en el 2004, nunca mentí sobre mi trayectoria. Nunca tuve destrato con la gente a mi cargo jamas recibí denuncias ni despedí a nadie. No tenia facultad para eso La IGJ siempre fue un organismo difícil y cuando había un despido enseguida se movilizaba el personal y había paro. Basta rastrear los antecedentes o las paginas web para ver que nunca fui repudiada ni hay medidas de fuerza por supuestos despidos míos.
En cuanto a Moreno, reitero que no lo conozco y nunca le pase información. Ni a el ni a ningún funcionario.
Nunca me pidieron la renuncia y yo la puse a disposición cuando asumió Berner pero dijeron que íbamos a continuar todos.  Es mentira que me quede sola en ese momento ya que la realidad es que no quise participar de las medidas ilegales que tomaba la Campora.
No voy a nombrar a mis compañeros. Ni para bien ni para mal. Porque eso es exponerlos y no es mi intención. Pero muchos me apoyan. Y lo hicieron en su momento.
La Campora quería que yo firmara cosas ilegales. Y lo mismo hicieron con otros funcionarios a los cuales tampoco nadie salio a defender por miedo. Pero en todos los casos, siempre hay una excusa. Una manera de justificar el maltrato. Eso no lo comparto.
En cuanto al vencimiento del contrato, no es cierto. Yo estaba designada por decreto por 180 dias. Mi decreto estaba a la firma de la presidenta y cuando denuncio deciden sacar el decreto de circuito y cambiar la fecha.
No participe de ningún ilicito ni fui cómplice de la Campora a quien siempre denuncie. No tengo propiedades ni plata. No me enriquecí con la gestión.
Creo que lo importante es que nadie niega lo que digo sobre Hotesur y el resto de las irregularidades. Sigo sin entender porque se me juzga cuando el foco es otro. Sabes que parece? Cuando una persona denuncia agresión y sale alguno a decir: se lo tenia merecido. La victima es juzgada y el victimario justificado.
No pretendo que me idolatren. No pretendo volver en el próximo gobierno a la IGJ. Solo pretendo que se conozca la verdad de lo que ocurre y que muchos callan por miedo.
Busquen una foto mía en un acto político. Busquen un registro mio haciendo política. Busquen una prueba de los supuestos despidos (alguna medida sindical, alguna presentación, etc). Busquen alguna vinculación con Moreno. Busquen prueba que avalen el radio pasillo. No van a encontrar nada de eso, porque no existe. Solo tratan de desprestigiarme.
Que obliguen a la gente a firmar una solicitada es realmente patético. 

Persecución por testimonio en la causa Hotesur

"Una empresa en las condiciones de Hotesur es considerada como una sociedad fantasma"

Silvina Martínez, testigo en la causa que inició Bonadio, afirmó que se debería exigir la cancelación judicial de la firma. En InfobaeTV, criticó el manejo que La Cámpora hace de la IGJ y habló de su despido: "Tuve mucho miedo"

http://www.infobae.com/2014/12/02/1612609-una-empresa-las-condiciones-hotesur-es-considerada-como-una-sociedad-fantasma

La investigación sobre Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la familia Kirchner en la Patagonia, mereció una reacción inmediata del oficialismo, que una vez más vio en el hecho una confabulación entre la Justicia y la oposición para afectar la imagen de la Presidente. En cuestión de horas, el kirchnerismo denunció al juez Claudio Bonadio y a la diputada Margarita Stolbizer, cuya acusación motivó la apertura de la causa. Luego fue el turno de Silvina Martínez, hoy asesora de la legisladora y quien supo ser directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La abogada, desplazada de la IGJ de manera intempestiva en medio del escándalo por el caso Ciccone, detalló que la empresa presenta varias irregularidades ante el organismo que supo integrar: no presentó los balances ni informó de las autoridades que la conformaron cada año, como debería hacerlo cualquier otra sociedad; tampoco informó un domicilio real –de hecho, brindó uno falso, la oficina allanada en Lavalle 795 (CABA)– ni la composición accionaria.

"Todas esas irregularidades juntas llevan a pedir la cancelación judicial, que es lo que hace la IGJ con otras sociedades", afirmó Martínez, quien días atrás declaró en calidad de testigo ante el juez Bonadio. "Para el Estado, una sociedad en esas condiciones es una sociedad fantasma, es inactiva. Deberían solicitar la cancelación judicial", insistió.

El Gobierno reconoció algunas de las faltas en las que habría incurrido la firma, pero buscó minimizar el hecho. "Habrá sido el error de un contador", dijo el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al observar que sí se habían presentado los balances ante la AFIP. El funcionario informó que de todos modos recibiría la multa "más severa" contemplada para esos casos: $3.000.

Martínez consideró, en cambio, que a Hotesur se la tendría que sancionar por cada una de las irregularidades detectadas. "Sería mucho más que $3.000", aseveró. Y agregó que poco puede importar el trámite realizado ante la AFIP, ya que las presentaciones hechas ante la IGJ sirven para "el conocimiento sobre terceros".

De cualquier manera, la abogada indicó que desde 2012, con el desembarco de La Cámpora, la inspección ya no entrega la información ante los requerimientos de particulares. En rigor, dijo que tampoco lo suele hacer incluso cuando la solicitud es judicial. Y ejemplificó con el caso Ciccone, que a su entender fue el detonante de su salida: "Empezaron a llegar pedidos de informes de legisladores y periodistas, ahí se pusieron bastante nerviosos, me exigían que no entregara la información a los jueces".

"A mí en realidad nadie me dice a la cara que me despiden, sino que me notifico cuando voy a hacer un trámite en recursos humanos y figuraba echada", contó. "El decreto de mi baja salió ocho meses después de que me mostraron eso".

La letrada recordó que sufrió "ataques de prensa" y que incluso la cuenta de Twitter de la Casa Rosada hizo público su domicilio e incitó a agredirla. "Me sentí perseguida, tuve mucho miedo. Era una ciudadana común frente a la Casa Rosada".

A raíz de su declaración ante Bonadio, Martínez fue denunciada por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio. Al respecto, dijo: "Temo que no haya justicia" y que le pueda ocurrir algo de parte de "alguien en algún arrebato de fanatismo extremo". Y agregó: "Están fogoneando una agresión, eso te asusta mucho".

Testigo del caso Hotesur

Silvina Martínez, la testigo más temida por el Gobierno: "Recibí amenazas, quieren impartir el miedo"

http://www.iprofesional.com/notas/201513-Habla-Silvina-Martinez-la-testigo-mas-temida-por-el-Gobierno-Recibi-amenazas-quieren-impartir-el-miedo

La ex funcionaria de la Inspección General de Justicia habló sobre las denuncias que le adjudicó el kirchnerismo y le contó a iProfesional las irregularidades en el organismo. Cuál fue su declaración sobre el caso Hotesur que acorrala a la Presidenta

lvina Martínez, abogada de 33 años, está asustada. Tiene miedo. Quizás, porque cometió el error de saber demasiado: trabajó en el Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de fiscalizar a empresas, hasta que en 2012 fue despedida por denunciar irregularidades. 

"Vengo alertando lo que pasa en la IGJ desde antes de que me despidieran. Declaré en la Justicia y por eso me echaron", aseguró.

El viernes, el ministro de Justicia, Julio Alak, denunció a la ex funcionaria por el extravío de legajos cruciales en el caso de la ex Ciccone."Deciden extraer parte del sumario y culparme por la pérdida de los documentos. Estas denuncias no son más que otra forma de tratar de amedrentarte", fustigó la abogada, que carga también con la denuncia de la diputada kirchnerista, Andrea García, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio.

- Recibí amenazas encubiertas, ese tipo de mensajes. Siempre han buscado de qué manera podían complicarme más la vida. Se me han cerrado puertas laborales, me han sacado de dar la cátedra de la Facultad de Derecho donde yo daba Sociedades. Tengo una especie de persecución de parte de la Oficina Anticorrupción (OA) porque manifiesta que nunca cumplí con mi última declaración jurada cuando la cumplí en tiempo y forma. No tengo autos, propiedades, ingresos lujosos, no me pueden perseguir por el lado de la AFIP. Estas denuncias no son más que otra forma que de tratar de amedrentarte.

- Estoy a disposición de la Justicia y voy a presentarme en Tribunales. En una tengo que esperar a que la Cámara confirme la decisión de Servini de Cubría de no tomar a Alak como querellante. La otra presentarme y ponerme a disposición de la Justicia. Creo que la Justicia va a determinar que no tengo ningún tipo de responsabilidad de los delitos que se me imputan.

- ¿Tenés miedo?

Ahora, la letrada se vio envuelta en una nueva polémica. Después de prestar su testimonio en la televisión, donde habló sobre las irregularidades administrativas de la empresa Hotesur S.A., fue llamada a declarar como testigo por el juez Claudio Bonadio, y ratificó su testimonio.

Acto seguido, el magistrado decidió allanar la empresa de la presidenta Cristina Kirchner y el oficialismo la acusó -incluso desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada- de ser una perito imparcial. "Nunca fui perito, declaré en carácter de testigo, eso es todo un invento", explicó.

Entrevistada por iProfesional, Martínez contó que fue intimidada de distintas maneras. "Recibí amenazas encubiertas, el Gobierno busca instaurar el miedo para que nadie más se anime a hablar", aseveró. Además, detalló cómo fue el proceso de cooptación de la IGJ por parte del kirchnerismo. "Cuando llegó La Cámpora, nos pedían no entregar información, no fiscalizar empresas, sacarlas del circuito, no tener el mismo tratamiento", reveló.

-iProfesional: ¿Cómo pasaste a ser asesora de la diputada Margarita Stolbizer? ¿Cuál es tu situación laboral actual?

-Silvina Martínez: Empecé a colaborar con ella después de que me despidieron de la IGJ, a fines de 2012. Había perdido mi fuente de trabajo y me contacté con Margarita, entre otros diputados, para mandarle proyectos de ley para sacar a la luz lo que estaba pasando en ese organismo. Empecé ad-honórem, después empecé a trabajar part-time. 

- ¿Quién es el principal funcionario kirchnerista que opera en la IGJ?

- El principal funcionario es Ernesto Kreplak, el subsecretario de coordinación y control de gestión. Depende del secretario de Justicia, Julián Álvarez. Maneja todo lo que son registros y decide qué inspector general está. Es él quien decidió todo lo referido a Ciccone y a las actitudes que se toman ahora con Hotesur.

- ¿Cuándo se comenzó a politizar el organismo?

- A fines del 2011. Habían llegado algunos funcionarios militantes de La Cámpora. A fines de ese año, con la llegada de un subinspector, Gustavo Varela, ingresan a la inspección y empieza a ser fuerte la presencia de La Cámpora. Vengo alertando con lo que pasa en la IGJ desde antes de que me despidieran. Declaré en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Justicia y por eso me echan.

-¿Cómo se encubren en la IGJ las sociedades que involucran a funcionarios?

-En realidad, lo que sucedía en la etapa que yo estaba, el principal caso era el de Ciccone. En ese momento si bien el kirchnerismo llevaba muchos años en el poder, nunca recibí un pedido para no entregar información a los jueces o para no dar tratamiento a una sociedad que tenga que ver con algún funcionario. Salvo cuando llega La Cámpora y con el caso Ciccone. Ese es el gran quiebre de la IGJ. A partir de ese momento era no entregar información, no fiscalizar empresas, sacarlas del circuito, no tener el mismo tratamiento.

- ¿Qué hacen con los empleados que no siguen esas órdenes?

-Cuando ellos veían que la gente del organismo -que no tiene nada que ver con esto- trataba de cumplir su función, la dejaban afuera del circuito. Ponían a alguien de ellos que se encargaban de todo el procedimiento. Sacan del circuito normal a las empresas que pueden estar cercanas al poder. La gente del organismo nunca se entera, nunca las ve.

- ¿Fuiste perito como se dijo en el allanamiento de Hotesur?

- No, ahí está una de las principales confusiones que tratan de plantear del otro lado. Yo nunca fui perito.

- ¿Y cuál fue tu vinculación a la causa?

- Participo del programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, hace dos o tres semanas. En ese programa se presenta Margarita a hablar y aparezco yo. No por Margarita ni mi vinculación con ella, sino porque me invitan de la producción del programa, a hablar sobre la base de mi experiencia en la IGJ. Después de eso me citan del juzgado de Claudio Bonadio por mi participación en el programa, para que ratifique lo que había dicho, lo rectifiqué o agregué algo más.

- ¿Qué fue lo que declaraste ante Bonadio?

- Tenía que ver con lo que hacían las sociedades comerciales, qué obligaciones tenían las empresas con la IGJ, qué tenían que cumplir, qué pasaba cuando no cumplían. Algo genérico, sin hablar de ninguna empresa en particular.

- ¿En alguna ocasión actuaste como perito?

- No, nunca fui perito. Para ser perito tenés que estar en una lista de peritos designados por la Justicia a través de un procedimiento establecido. Tampoco perito de parte, porque Margarita no es parte de la causa, Margarita es denunciante de una irregularidad. Me citan como testigo por mi participación en el programa, para averiguar en general sobre las obligaciones de las empresas. Después se analizará si Hotesur cumplió o no cumplió con la normativa. 

- En los últimos días fuiste denunciada por el ministro Alak...

- Son dos denuncias. Una denuncia es la que hace la diputada Andrea García, que tiene que ver con los hoteles. Alak hace una denuncia como querellante, una investigación que está en el juzgado de Servini de Cubría por la pérdida de los expedientes de la ex Ciccone, The Old Fund y London Supply, dentro de la IGJ. En esa causa me citó como testigo. Yo declaré varias veces y después ellos cambiaron un sumario en el Ministerio de Justicia. Durante un año y medio nadie me mencionó y a raíz de que me citan a declarar, deciden extraer parte de ese sumario y culparme por la pérdida de los expedientes de la ex Ciccone.

- ¿Qué suponés que el Gobierno quiere hacer con esta denuncia?

- Claramente quieren impartir el miedo. Están mandando un mensaje a la persona que se presenta como testigo y dice la verdad y un mensaje para los demás para que no hagan lo mismo. Creo que esa es la función principal, no sólo es la denuncia sino la discusión de lo que pasa si alguien se presenta como testigo.

- Después de que diste tu testimonio a los medios sobre las irregularidades en la IGJ ¿recibiste alguna amenaza?

-¿Cómo pensás actuar ante las denuncias que te hicieron?

- Sí, la verdad es que me encuentro muy angustiada. Con mucho miedo y con mucha decepción. Uno lo que hace es lo que tiene que hacer, su función. Una pesadilla no se termina nunca, primero fue el acoso dentro del trabajo y después la persecución y el acoso por ir a declarar. Ya estoy muy agotada.

Acoso Laboral en la Administración pública

La rebelión de las echadas por pensar distinto

Eran funcionarias de la administración nacional. Fueron apartadas de su cargo en distintas dependencias por disentir de la política oficial. Ahora quieren presentar sus casos ante el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Decidieron ser la cara visible de un problema que se extiende en la administración pública: los despidos de profesionales que son críticos de las políticas del Estado y de los que denunciaron corrupción. Están dispuestas a “ir por todo” y quieren que su testimonio ayude a quienes sufren lo mismo.

En su mayoría, se trata de mujeres que perdieron su puesto después de diez años de carrera. Vivieron situaciones de desplazamiento o despido con características similares en Cancillería, la Secretaría de Energía, los ministerios de Justicia y Defensa y la Sedronar, entre otras
reparticiones.

El último ejemplo es el de Laura Haag, abogada que trabajó por 13 años en la Secretaría de Energía. Su caso ganó resonancia porque ella denunció –en coincidencia con testimonios sindicales recopilados por PERFIL– que la causa de su despido fueron las diferencias con la política energética del Gobierno de su marido, el ex funcionario Cristian Folgar.

Tras unos días de “duelo”, Laura decidió dar a conocer su despido y se puso en contacto con otras personas que vivieron situaciones similares. Además de contar con un espacio para compartir sus experiencias, decidieron organizar junto a las diputadas Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt –GEN y Frente Renovador– una audiencia pública el 11 de noviembre para denunciar los despidos. En los próximos días, la diputada Stolbizer presentará una nota al jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, detallando todos los casos.

Una de las más activas entre las despedidas es Sandra Votta, que trabajaba hasta diciembre pasado en la dirección económica de Cancillería, un espacio colonizado por el ministro de Economía. Durante el verano de 2013 se enteró de que perdía su trabajo, junto a dos compañeras del área, María Córdoba y Griselda López Viegas. Ellas habían denunciado maltratos a empleados ante los delegados de UPCN. En el caso de Griselda, también relacionó su despido con su resistencia a incluir a la ex novia de Máximo Kirchner, Tamara Mori, en la terna de diseñadores argentinos que participaron de la Semana de la Moda de Milán.

Otros dos casos de despedidos en el Ministerio de Justicia se sumaron a la iniciativa. Silvina Martínez fue apartada de su cargo como directora del Registro Nacional de la Inspección General de Justicia tras denunciar un cepo informativo instaurado para encubrir el caso Ciccone. Ahora es un testimonio clave en el caso contra la empresa presidencial Hotesur SA
(ver aparte).

Sin causa. En el Registro Automotor, dependiente del mismo ministerio, hubo otro despido derivado del caso Ciccone: el calígrafo público Eduardo Casá, ex jefe del Area de Pericias Caligráficas de la Dirección del Registro Automotor. Había marcado falencias técnicas en una oferta de Ciccone (bajo control de The Old Fund) para las placas de autos. Lo acusaron de favorecer a la empresa Boldt y fue despedido. Incluso, intentaron echarlo de su trabajo como perito en la
Corte Suprema.

Durante la audiencia, también hubo testimonios de empleados desplazados por razones políticas en la Sedronar, pero pidieron reserva de identidad al presentar denuncias sobre persecución a empleados en medio de la transferencia de un sector de la secretaría al Ministerio de Seguridad.
Más allá de la trascendencia institucional de estos casos, las personas afectadas relataron –en algunos casos entre lagrimas– las graves consecuencias psicológicas que conllevan las situaciones de persecución y acoso que denuncian. Peor aún, dentro de una estructura estatal.
En dos casos, además del despido de la función pública, sufrieron el apartamiento de cargos académicos en la Universidad de Buenos Aires por presiones políticas.

También se manifestó que algunos de los despedidos tuvieron serios problemas para conseguir trabajo tras haber dado a conocer sus casos por la “sensibilidad política” que tuvieron sus despidos. De todos modos, advierten, están dispuestos a dar la pelea.

http://www.perfil.com/politica/La-rebelion-de-las-echadas-por-pensar-distinto-20141129-0086.html

La ofensiva de la Casa Rosada por Hotesur

La otra víctima del operativo para defender a los hoteles K

Por Luis Gasulla. En el año 2012, Silvina Martínez fue despedida de la IGJ cuando la copó La Cámpora. Ahora la justicia la denunció por trabajar con Stolbitzer. 

La mal llamada “democratización” de la justicia terminó en la burda persecución a un juez que allanó la oficina comercial de Hotesur, la empresa que gerencia los hoteles de la Presidenta de la Nación. El aparato comunicacional del gobierno escrachó a la diputada Stolbitzer, y un abogado la denunció por enriquecimiento ilícito. Paradojas del destino, Silvina Martínez es la protagonista con menos poder de la trama pero que más preocupa al entorno presidencial. Tal como informó La Nación, el Ministerio de Justicia adulteró un sumario interno para acusar a una exfuncionaria de la IGJ ¿Cómo se transformó Martínez en un cuco tras ocho años en que hizo carrera en el Estado y que había sido premiada por sus compañeros y superiores? ¿Qué interés tocó para convertirse en una piedra en el zapato de los talibanes que manejan como una escribanía de la Presidenta a un organismo que debería controlar a las empresas, sean de quien sean, como la IGJ?

La parábola de hacer las cosas bien
 
En El negocio de la impunidad, la herencia K, Martínez ocupa un capítulo de la segunda parte de la obra –Los Intocables- dedicada, entre otros, a Lázaro Báez, César Milani y el viceprocesado Amado Boudou. Martínez dirigía el Registro Nacional de Sociedades cuando, a mediados del 2012, investigó la desconocida, en ese entonces, sociedad The Old Fun. “No la conocía pero si la hubiera conocido, le habría dado el mismo tratamiento” explica Martínez a Perfil.com. Allí comenzó su calvario. “Traidora a la patria, ¿sos empleada de Magnetto vos?”, le gritó Analía Spátola a la funcionaria cuando la mujer le dio curso a los pedidos de informes sobre la firma de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. “Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Le querés hacer una cama a Berner?” insistía Spátola ante una desorientada Martínez. En el 2012, luego de las denuncias públicas de la ex mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, en el programa de Jorge Lanata, todo lo relacionado con Boudou era un tema tabú. El cristinismo lo bancaba a muerte y la justicia dilataba las causas que lo comprometían.
 
Norberto Berner había reemplazado a Ernesto Kreplak al frente de la IGJ e imponía el temor. Además de garantizar la impunidad de los funcionarios investigados por el periodismo, Berner se preocupaba por disputar la pelea simbólica dentro del organismo estatal. “¿En qué año ingresaste acá?” –preguntaba irónicamente a un histórico empleado que se desempeñaba desde 1979. “Ahh durante la dictadura, mirá vos”, sentenciaba el hijo de desaparecidos que, como primera medida, decidió descolgar los cuadros de los ex inspectores del organismo durante la última dictadura militar. Cómo si fuese Él, Néstor. Martínez había ingresado a trabajar en el 2003 y simpatizaba con muchas políticas del ex presidente Kirchner. Berner siguió su batalla contra el fantasma de la dictadura y pidió los legajos de los 450 empleados del organismo. Quería saber quiénes habían ingresado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Los históricos empleados sintieron la presión y el miedo al escrache. “Vas a tener que hacer lo que te digo para que nos llevemos bien”, decía el funcionario. Así fue. Martínez empezó a perder tareas, le quitaron el escritorio “como si fuese un botín de guerra” y terminó con ataques de pánico. 

La mujer decidió escribirle al Ministro de Justicia, Julio Alak, del que depende la IGJ. Le quitaron el 75% del sueldo por un pedido de licencia alegando un viejo y perdido artículo de la ley laboral que sólo una vez se había cumplido en la historia del empleo público. El sindicato, UPCN, miró para otro lado. Alak nunca contestó. El 14 de noviembre del 2012 se enteró, casi de casualidad, que había “egresado de la administración pública”. Alguien había cobrado dos meses de su sueldo en su nombre. Los aprietes continuaron. A Martínez la despidieron sin causa. Berner asumió como secretario de Comunicaciones y fue reemplazado por Rodolfo Tailhade. Casualmente, Berner había conocido, en detalle, las sociedades de medios gracias a su cargo en la IGJ y de su paso por Telecom. El tráfico de influencias y de intereses es una costumbre nacional y popular. Spátola subió de categoría raudamente. Pertenecer tiene sus privilegios.
 
Martínez habló con Hugo Alconada Mon y ofreció su testimonio en mi libro. La venganza continuó: La desplazaron en la cátedra de Derecho societario en la Universidad de Buenos Aires. La actuación del juez Bonadio en Hotesur sensibilizó a una Presidenta preocupada por “no deambular por los pasillos de Tribunales ni terminar presa”. Un juez y una diputada nacional tienen espalda para soportar los embates del poder estatal. 

Ahora Julio Alak la denunció acusándola de haber sido la responsable de perder documentación clave de la ex Ciccone y por falso testimonio. Martínez representa a una empleada que creía que se podía hacer carrera en la administración pública. La echaron por hacer su trabajo. La obsecuencia es la única forma de ascenso social durante el kirchnerismo. La confusión entre el Estado y el gobierno es generalizada. La mujer es la otra víctima de la incansable búsqueda de impunidad de un gobierno que se maneja como los protagonistas de El Padrino.

http://www.perfil.com/politica/La-otra-victima-del-operativo-para-defender-a-los-hoteles-K-20141128-0015.html

“Hay que pedir la cancelación judicial de la sociedad Hotesur”

Silvina Martínez cuenta, entre risas nerviosas, que está involucrada en los dos casos más resonantes que afectaron al kirchnerismo: la causa Ciccone y la investigación sobre los vínculos entre los hoteles presidenciales y Lázaro Báez.

Cuenta también que fue una semana muy difícil. Desde los medios afines al Gobierno la acusaron de haber sido citada como perito en la causa Hotesur SA además de mostrar su vínculo con la diputada del GEN Margarita Stolbizer –la denunciante– para acusarla de no ser parcial. Martínez ocupaba hasta 2013 el cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ). Se enfrentó a sus superiores porque, alega, le instruyeron hacer cosas que podían configurar un delito.

Tras su despido, fue señalada como la responsable del extravío de documentos vitales para la causa Ciccone, por parte del ministro de Justicia, Julio Alak.  Sin posibilidades de reinsertarse en el Estado, buscó trabajos particulares como abogada y fue contratada por Stolbizer en varios casos. La diputada advirtió ayer que “si le llega a pasar algo” a su abogada, responsabilizará a “la Casa Rosada”. El viernes, Martínez sumó una nueva denuncia en su contra por su declaración como testigo en el caso Hotesur SA. Dice que confía en la Justicia, pero también que tiene miedo.
—¿Por qué fue citada en la causa de la empresa hotelera?
—Cómo yo había hablado en el programa Periodismo para todos me citaron para que explicara mis manifestaciones. Eso fue lo que aclaré. Expliqué mis antecedentes de trabajo en la IGJ y precisé lo que había dicho sobre las responsabilidades de las sociedades comerciales ante el organismo.
—¿No participó entonces como perito?
—Es una mentira. En los medios relacionados con Cristóbal López y en Télam hay una campaña de desprestigio en mi contra. Tratan de ensuciarme continuamente.
—El Gobierno dijo que hay 47 mil empresas en la misma situación de Hotesur...
—No, están confundiendo a la gente. Una cosa es que una sociedad deba balances de dos o tres ejercicios. Pero en el caso de Hotesur adeuda balances, el pago de tasas, la sede es ficticia y en la declaración jurada se mintió sobre la sede, entre otras faltas. Son muchas irregularidades juntas.
—¿Cuál es el procedimiento ante este tipo de faltas?
—Corresponde pedir la cancelación judicial de la sociedad Hotesur.
—Desde el Gobierno se alegó que el juez actuó de forma intempestiva...
—Creo que la celeridad con la que actuó Bonadio se explica por los antecedentes de la Inspección, como la pérdida de expedientes y todo lo que ocurrió. Había temor de que sucediera algo similar con los expedientes del caso Ciccone.
Me parece que hay mucho miedo a la adulteración de documentos a partir de las irregularidades que ocurrieron en el pasado.

http://www.perfil.com/politica/Hay-que-pedir-la-cancelacion-judicial-de-la-sociedad-Hotesur-20141129-0087.html

Desde Twitter, Casa Rosada cargó contra uno de los peritos de la causa Hotesur

La cuenta institucional de la Casa de Gobierno acusó a la exfuncionaria de ser “parcial” al juez Bonadio. Las respuestas de Martínez y Stolbizer.

La cuenta institucional de la Casa Rosada en Twitter arremetió contra la funcionaria que, por estos días, más preocupa al círculo presidencial más estrecho y paradójicamente menos poder detenta: Silvina Martínez. 

En una seguidilla de tuits se encargaron manchar a la exempleada de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y clave en investigaciones como el caso Ciccone, acusándola de ser una “perito parcial” del juezClaudio Bonadio, de trabajar para la diputada del GEN Margarita Stolbizer y hasta de haber sido despedida. 

En sintonía con la línea que bajó la presidenta en Twitter, la cuenta de la Casa Rosada hace las veces de ariete digital para amedrentar al juez y la perito de la causa que compromete a Cristina Fernández. 

Réplica. Por su parte, Silvina Martínez desmintió la información que echó a circular @CasaRosadaAR citando notas de la agencia estatal Télam y del portal Infojus, cercano al Gobierno. “Nunca fue(SIC) perito de Bonadio. Podrían averiguar antes de denunciar y agredir a los ciudadanos. Dan verguenza”, tuiteó. 

Y luego dio detalles de su salida de la Inspección General de Justicia: “Fui despedida por negarme a encubrir el caso Ciccone”, planteó. 

En tanto, la diputada opositora Stolbizer advirtió que "si algo llegara a pasarle" a su asesora Silvina Martínez, que fue citada como perito en la causa por irregularidades de la empresa Hotesur, responsabilizará "directamente" a la "Casa Rosada".

"La Justicia está golpeando a la puerta del poder", resaltó a través de un comunicado.

http://www.perfil.com/politica/Desde-Twitter-Casa-Rosada-cargo-contra-uno-de-los-peritos-de-la-causa-Hotesur-20141129-0053.html