jueves, 30 de octubre de 2014

La mejor defensa...un perejil

Mucha desolación siento por estos días...
No tengo demasiadas esperanzas de que algo cambie...
Cada vez mas personas sufre lo que yo sufrí en IGJ, cada vez mas se encuentran en la duda de ser cómplices de actos de corrupción o de denunciar para después ser despedidos, agredidos, perseguidos.
Ya pasaron dos años desde que me despidieron...peregrine por todos lados...tuve mucho miedo de ir a la justicia...mis amparos demoraron como juicios ordinarios...y nada cambio...
soy mi propia defensora...no confió en nadie...ya muchos me traicionaron.
fui varias veces a declarar a Comodoro Py...aun no hay novedades...solo se que la mejor defensa del Ministerio es culparme a mi.
hice varias denuncias....aun no paso nada
no importa. En lugar de quedarme sentada quejándome, reclamo, denuncio, investigo. Asi deberíamos hacer todos...para evitar que nos sigan robando y se sigan burlando de nosotros.
El poder es nuestro...



viernes, 24 de octubre de 2014

Despedida por denunciar corrupcion

La mancha de Lázaro y Amado

ttp://secciones.cienradios.com.ar/radiomitre/2014/10/21/la-mancha-de-lazaro-y-amado/
Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero. Báez y Boudou son como una suerte de gran ventilador encendido que ensucia todos los día a la presidenta, a su familia y a todo su gobierno. En el afán de proteger al vice presidente y al empresario para evitar que ellos puedan contar la verdad de los hechos, el cristinismo ingresó en un callejón sin salida donde cada día puede explicar menos cosas y deja mas gente colgada del pincel. La justicia investiga en varios casos, y en otros está muy atenta para actuar cuando finalice esta administración en el 2015. Pero además, y esto es lo mas grave, hay investigaciones abiertas en Uruguay y en los Estados Unidos que avanzan a paso redoblado y a tambor batiente. Y la justicia legítima, la camiseta partidaria para los magistrados no llega al exterior. Es un manto de impunidad que apenas puede tapar algunas trampas domésticas. Tal vez por eso, Cristina está tan nerviosa. Porque los extorsionadores y repugnantes fondos Buitre le están enviando mensajes inquietantes respecto de cuentas secretas que en cualquier momento pueden salir a la luz. Ya se sabe que un extorsionador es un delincuente despreciable. Pero también se sabe que quien no tiene nada que ocultar no puede ser extorsionado. En el caso de Uruguay, la verdad va apareciendo porque en ese país la justicia tiene ese objetivo y es realmente independiente. La propia Margarita Stolbizer le acercó documentación a una de las juezas y declaró que “hay elementos que pueden incriminar a los Kirchner en lavado de dinero”. Las balas pican tan cerca que Cristina enmudeció hace algunos días, producto de una oportuna faringitis y ordenó que varios de sus colaboradores pusieran la cara para recibir los cachetazos del costo político y moral. Los mas suicidas/valientes de la obediencia debida y el verticalismo fueron Jorge Capitanich, Julio Alak y Ricardo Echegaray. Todos trataron de explicar lo inexplicable. Todos pasaron a convertirse en cómplices de situaciones irregulares. Quien figura como Ministro de Justicia pero no ejerce, cometió el sincericidio de decir que “En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”. Apenas logró reconstruir 4 de las 22 páginas casualmente perdidas en el triángulo de las Bermudas de la Inspección Nacional de Justicia comandada por La Cámpora. Papeles de la empresa mas sospechada como The Old Fund desaparecieron mágicamente en el aire. Otra casualidad del patrón de las casualidades, Amado por todos Boudou. Omar Lavieri dijo que hace 22 años que recorre el periodismo de investigación y no recuerda que alguna vez se haya perdido un expediente de esa importancia. Pero la cara no la ponen los muchachos de La Cámpora. Los soldados de Cristina hacen las operaciones pero la cara la ponen los demás. Fue patético que Echegaray asegurara como verdad revelada, que se investigan las facturas truchas de Lázaro Báez pero que el, no es socio de Cristina. Tal vez no haya una sociedad donde ambos sean accionistas. Pero Báez y los Kirchner compartieron negocios y sociedad en varias empresas. Para construir y alquilar departamentos. Para regentear y alquilar hoteles y habitaciones que nunca se utilizaron. Para tener un condominio en El Calafate de 87 mil metros cuadrados. Y como si esto fuera poco, Lázaro pagó el mausoleo faraónico que guarda los restos de Néstor. Y todo esto no es producto de un chisme o un rumor malintencionado. Es información confirmada en las propias declaraciones patrimoniales de la familia Kirchner que a esta altura no saben como corregir y emprolijar. No solo se encubre a los delincuentes. Peor aún, se castiga a los honestos. Tanto Silvina Martinez en la IGJ como los inspectores de la AFIP de Bahia Blanca fueron despedidos por hacer con honradez y eficiencia su trabajo. Y a esta altura la mancha de Amado y de Lázaro se hizo tan grande que ya salpicó y comprometió a medio gabinete. Y a los medios adictos que tienen que disfrazar las cosas. Ni Página 12, ni Tiempo Argentino ni Ambito utilizaron esta mañana el apellido Báez o Kirchner en sus tapas. Eligieron titular con las 1.200 empresas evasoras que estan siendo investigadas. Tiene razón uno de los editorialistas del humor mas profundos, el amigo Sendra: “dijo que en algunos casos además de expedientes se pierden principios, moral, ética, escrúpulos y decoro”. Nada mas para agregar. Achívese y publiquese.
Le doy mi palabra



miércoles, 22 de octubre de 2014

Ciccone y la perdida de los exptes en IGJ II

Una imparable bola de nieve política


En los primeros meses del 2012, mientras aún ostentaba un poder recién asumido, el gobierno de Cristina Kirchner inició un plan de protección de Amado Boudou que hoy, a un año y tres días del final de mandato, se transformó para varios funcionarios en una imparable bola de nieve política y judicial.
La Presidenta avaló a su vice mientras éste embestía contra el Poder Judicial para quitar de la investigación del caso Ciccone al primer juez de la causa, Daniel Rafecas, al primer fiscal, Carlos Rívolo, y al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Fueron sólo algunas de las maniobras defensivas impulsadas por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por ejemplo, se involucró en ese proceso y –según la tesis judicial de Servini de Cubría y Ariel Lijo–, permitió que un organismo que estaba su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ), “extraviara” el legajo caliente de la sociedad The Old Fund.
Alak está hoy enredado en una telaraña construida por él mismo.
Ayer intentó desligar su responsabilidad en el caso Boudou cometiendo un llamativo “sincericidio” para un peronista profesional con varios lustros en la función pública: “En todos los poderes se pierden expedientes”, dijo, aludiendo a la IGJ, justamente el organismo que tiene como objetivo resguardar los expedientes de las empresas comerciales como The Old Fund. ¿Por qué Alak admite recién ahora que la IGJ “perdió” los papeles de esa compañía? Si todo en esta trama es transparente, ¿qué sentido tuvo el bloqueo del acceso a la información pública que impuso en la IGJ  cuando Clarín y el ex diputado Ricardo Gil Lavedra pidieron documentación sobre las firmas vinculadas a Boudou?
La insistencia del Ministerio de Justicia respecto a ese último punto fue tal que el ex diputado Ricardo Gil Lavedra logró llegar hasta la Corte Suprema con su reclamo, y el máximo tribunal terminó por darle la razón la semana pasada.
Si se sigue sólo la versión oficial sobre el expediente perdido de The Old Fund, entonces, durante los últimos dos años y medio pasó lo siguiente: a sólo un mes de que el caso Ciccone se difundiera por Radio Mitre y Clarín, la IGJ perdió una de las partes más importantes del expediente de la principal empresa investigada por la Justicia en esa causa, que para colmo tenía como imputado al vicepresidente de la Nación; tiempo después el organismo reconstruyó ese trámite pero con 18 páginas menos que los contenían los documentos originales; y casi de inmediato impuso un cepo admnistrativo para que ningún ciudadano de la República Argentina pueda conocer esa información reparada de modo legal; basándose en ésto último, la IGJ se mantuvo firme, y litigó en los tribunales para que el bloqueo a su información pública llegue hasta la última instancia judicial, algo inédito en democracia.
El titular de la IGJ que creó el “cepo informativo” se llama Noberto Berner, milita en La Cámpora y hoy es secretario de Comunicaciones. Lo reemplazó en su cargo un “compañero” de agrupación, Rodolfo Tailhade, que acaba de dejar su puesto para darle lugar a otro “camporista”, Martín Cormick. Quien estaba al frente del organismo cuando se perdió el trámite de The Old Fund era Marcelo Mamberti. El ministro de Justicia durante todas esas gestiones en la IGJ fue Alak.
El artículo 255 del Código Penal estipula que quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público” será reprimido con “prisión” de un mes a cuatro años

Insólita excusa de Alak por haber perdido el legajo de The Old Fund

Estaba en custodia de la Inspección General de Justicia, que depende de él. El ministro intentó justificarse: “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo. La reconstrucción tiene 18 fojas menos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak, confirmó ayer que el legajo de la empresa The Old Fund que estaba bajo su guarda fue perdido y reconstruido de modo incompleto entre marzo y abril del 2012, justo dos meses después de que esa empresa empezara a ser investigada en el caso Ciccone por sus vínculos con Amado Boudou.
Clarín publicó ayer que la Justicia había recolectado pruebas sobre el rol de Alak en esta trama: la jueza María Servini de Cubría investiga si el funcionario intentó encubrir a Boudou ordenando que se cambien los documentos claves sobre The Old Fund que supuestamente protegía un organismo que está a su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ayer, Alak intentó desmentir el artículo de este diario sobre el tema, pero terminó confirmando lo publicado. Lo mismo pasó con la IGJ.
“En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo el ministro de Justicia en declaraciones al programa de radio que conduce el relator deportivo Víctor Hugo Morales, y agregó, en primera persona del plural: “Nosotros teníamos el expediente (de The Old Fund) digitalizado, fue una reconstrucción rápida. Le dimos información a la Justicia e hicimos un sumario administrativo”.
La IGJ, por su parte, también emitió un comunicado al respecto. El escrito es esclarecedor desde su título: “La reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”, dice el encabezado del ente manejado por Martín Cormick, militante de la agrupación La Cámpora.
En el texto se admite no sólo que el expediente debió ser “reconstruido”, sino que además se acepta que hay una “diferencia de volumen” entre el original y su copia, debido a que “el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria”.
Clarín había informado que el expediente de The Old Fund había sido reconstruido en sólo 4 fojas, cuando en realidad la Justicia tenía pruebas de que tenía 22 páginas.
¿Qué había en esas 18 fojas que faltan?
Tanto Alak como la IGJ se cuidaron en remarcar que todo su accionar admnistrativo “cumple” con tods los “protocolos” correspondientes.
Las normas legales que rigen en el marco de las causas que tienen a Alak como imputado, sin embargo, dicen otra cosa.
El artículo 105 del decreto 1759/72 establece que ante el caso de que se extravíe un expediente administrativo se “ordenará dentro de los dos días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictamentes producidos, haciendose constar los trámites registrados...”.
La Justicia comprobó, en base a documentación oficial, que la IGJ ordenó reconstruir el expediente de The Old Fund recién dos días después de que fue declarado como perdido.
El organismo tampoco le informó a la Justicia sobre su traspié, tal como afirma el comunicado emitido ayer.
Clarín pudo saber, además, que entre las 18 fojas “extraviadas” del legajo de  The Old Fund en la IGJ no había solamente “documentación registral inscripta originalmente”, como dice la versión oficial.
Este diario reconstruyó, en base a fuentes de la causa Ciccone, que entre la información que la IGJ perdió sobre The Old Fund se encuentra un dictamen contable en el que habría detalles de un aumento de capital y de los fondos aportados por la sociedad Dusbel para transformarse en accionista de la compañía; a los que suman la falta de otro dictamen emitido por un abogado vinculado a la firma; y de otros formularios y de observaciones de la propia IGJ, entre otros datos.
El Estado perdió y reconstruyó de modo parcial parte de un expediente crucial sobre The Old Fund, una sociedad que la Justicia terminó atribuyendo a Boudou, y que está siendo investigada, además, por lavado de dinero, en la Argentina y en Uruguay.
La IGJ aseguró que entre los funcionarios involucrados en este proceso se encontraba la ex directora de sociedades comerciales del organismo, Silvina Martínez. En realidad, ella fue quien le alertó a Alak sobre las irregularidades, que la terminó echando. Y fue por eso, entre otrass cosas, que declaró como testigo ante Servini de Cubría. Tres veces.

Obediencia debida

Estábamos curados de espanto con Ciccone pero no. Apareció Alak, que como ministro siempre ha seguido el manual de instrucciones para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo: no decir nada sin que Cristina lo ordene.
Ayer lo envió a justificar la pérdida del legajo de la imprenta, a resguardo en su ministerio. ¿Y qué se le ocurrió decir a Alak? Que “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”.
No se esforzó demasiado. Quizás porque el ministro no lo cree al decirlo. Nosotros no le creemos al escucharlo.
Alak es de los que quieren quedarse y quieren partir del Gobierno y al fin aceptan las cosas como vienen dadas. También es un ministro en teoría. En la práctica, el que manda es su segundo, el secretario Julián Alvarez, de La Cámpora.
Lo que Alak debiera explicar y no puede es cómo pudieron borrarse en marzo del 2002 nada menos que las huellas de quienes eran los verdaderos dueños de The Old Fund. O sea, de la imprenta (ver pág. 3).
“Teníamos ese expediente digitalizado”, dijo. Cualquiera puede recuperar de una PC un mail enviado o recibido hace años. ¿No puede recuperar esos datos un ministro? Una de dos: o no estaban digitalizados o alguien borró los archivos. Para el caso es lo mismo.
Tampoco Alak puede explicar por qué ese expediente, que estaba en la Inspección General de Justicia (IGJ) y tenía 22 páginas, se redujo a otro de 4, o sea a menos del 20%, luego de ser reconstruído. Otra vez una de dos: o el 80% no servía o en ese 80% estaba lo que servía y el Gobierno quiere ocultar.
Si está digitalizado, como dice, debería mostrar las 22 páginas y sanseacabó, como diría Máximo.
Dijo el ministro: a raíz del supuesto extravío “hicimos un sumario administrativo”. Se supone que para aclarar qué ocurrió y para encontrar a los responsables. Pasaron más de dos años y medio y, de nuevo, no tiene nada para decir ni sobre una cosa ni sobre la otra.
Lo que no se perdió en todo este tiempo es la coincidencia entre un par de fechas claves del escándalo. Recordemos: en ese mismo marzo del 2012 Laura Muñoz dijo que su ex esposo Vanderbroele era testaferro de Boudou. Vanderbroele era el presidente de The Old Fund. Trascartón, se perdió el expediente. Un mes después, Boudou hizo saltar de la causa al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y en el mismo operativo a Righi, el jefe de los fiscales. En agosto y para intentar frenar el terremoto, Cristina ordenó estatizar Ciccone. Está visto que no lo consiguió.
Para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo, Alak se incinera a lo bonzo con Boudou. Cumple el rito oficial de callar frente a la corrupción. Puede encubrir al vice pero deberá descubrir ante el juez por qué archivó la denuncia de las maniobras de La Cámpora en la IGJ de la ex directora del Registro de Sociedades.
Ahí ya no le servirá apelar a la obediencia debida.

martes, 21 de octubre de 2014

Ciccone y la perdida de exptes en IGJ I

Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN.
La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.

El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
http://www.clarin.com/politica/Ciccone-Boudou-Alak_0_1233476663.html

Caso Ciccone: denuncian que la IGJ extravió y adulteró datos que complicaban a Boudou

El organismo que depende del ministro Julio Alak perdió papeles que llevaban a los verdaderos dueños de las compañías que estaban detrás de la imprenta. Las actuaciones fueron reconstruidas con escasa información
El Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak quedó en la mira por la llamativa desaparición de datos sensibles para la causa Ciccone. El juez del caso, Ariel Lijo, tiene un documento firmado el 26 de abril donde la Inspección General de Justicia (IGJ) admite que en marzo de 2012 se extravió un expediente con información sobre las sociedades que estuvieron detrás de la compra de la imprenta de papeles de seguridad.
Los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que se registró el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. La documentación es clave para conocer quiénes son los verdaderos dueños que estaban detrás de la imprenta, hoy bajo órbita estatal. Los datos son importantes para las investigaciones que se realizan en la Argentina y en Uruguay.
El extravío originó la reconstrucción del expediente, un procedimiento habitual en sede administrativa. La particularidad de este caso es que la nueva carpeta tiene sólo 4 fojas, 18 menos que la original. Alak, funcionario del cual responde la IGJ, no realizó la denuncia penal y por eso se posó sobre él la lupa de la Justicia.
La resolución 0000618 de la IGJ, publicada este lunes por el diario Clarín, da por reconstruido el trámite y admite que el original se perdió en 2012, cuando estalló el escándalo. Está firmada por Marcelo Mamberti, ex titular de la IGJ. En este caso el vicepresidente Amado Boudou está acusado de haber avanzado sobre la compañía para hacer negocios con el Estado del que él forma parte.
El Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak quedó en la mira por la llamativa desaparición de datos sensibles para la causa Ciccone. El juez del caso, Ariel Lijo, tiene un documento firmado el 26 de abril donde la Inspección General de Justicia (IGJ) admite que en marzo de 2012 se extravió un expediente con información sobre las sociedades que estuvieron detrás de la compra de la imprenta de papeles de seguridad.
Los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que se registró el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. La documentación es clave para conocer quiénes son los verdaderos dueños que estaban detrás de la imprenta, hoy bajo órbita estatal. Los datos son importantes para las investigaciones que se realizan en la Argentina y en Uruguay.
El extravío originó la reconstrucción del expediente, un procedimiento habitual en sede administrativa. La particularidad de este caso es que la nueva carpeta tiene sólo 4 fojas, 18 menos que la original. Alak, funcionario del cual responde la IGJ, no realizó la denuncia penal y por eso se posó sobre él la lupa de la Justicia.
La resolución 0000618 de la IGJ, publicada este lunes por el diario Clarín, da por reconstruido el trámite y admite que el original se perdió en 2012, cuando estalló el escándalo. Está firmada por Marcelo Mamberti, ex titular de la IGJ. En este caso el vicepresidente Amado Boudou está acusado de haber avanzado sobre la compañía para hacer negocios con el Estado del que él forma parte.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante la jueza federal María Servini de Cubría que ella había denunciado ante Alak la pérdida del expediente y el funcionario no hizo nada al respecto. Al contrario, la echaron.
En diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki, Martínez dijo que los funcionarios que reconstruyeron la carpeta "fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables".
http://www.infobae.com/2014/10/20/1602899-caso-ciccone-denuncian-que-la-igj-extravio-y-adultero-datos-que-complicaban-boudou

Alak minimizó la pérdida de documentos del caso Ciccone en su ministerio

Justificó el extravío del legajo al sostener que en todos los poderes del Estado desaparecen expedientes
 ministro de Justicia, Julio Alak , le restó importancia ayer a la pérdida de los expedientes de las firmas The Old Fund y Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), que desaparecieron en 2012 de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende de su cartera.
"En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente", dijo el funcionario.
Según él, no se trata de una pérdida irremediable. "En este caso, la ventaja fue que el expediente estaba digitalizado", afirmó.
La desaparición de estos documentos motivó un sumario interno y una investigación penal, que está a cargo de la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli. En esa causa se tomaron declaraciones de testigos, se ordenó un peritaje y agentes de la Justicia visitaron la IGJ en busca de pruebas para determinar qué fue lo que pasó con los papeles desaparecidos.
"No está claro que todo se haya reconstruido. El sistema informático era vulnerable", dijo ayer a LA NACION un funcionario que trabaja en el caso. Además, no se reconstruyeron todos los papeles; fuentes del ministerio sostuvieron que la IGJ no recupera lo que ellos llaman los "elementos preparatorios".
"Lo que pueden faltar son antecedentes, que no son de la administración pública", explicó ayer Alak, que dijo que cada vez que la Justicia le pidió información, su cartera se la entregó.
Además, Alak relató que una vez conocida la desaparición de la documentación, los funcionarios que dependen de él tomaron las medidas previstas para estos casos: "Se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia". Negó asimismo estar siendo investigado él por este caso y haber sido imputado.
Los expedientes que desaparecieron están ambos ligados al caso Ciccone, la causa penal donde está procesado el vicepresidente Amado Boudou. En realidad, faltaban tres, pero uno reapareció. "[Ese expediente] se encontró mal encasillado y dos se reconstruyeron", dijo ayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el número dos de Alak.
Los perdidos fueron los de Ciccone Calcográfica y The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la imprenta y que presidía Alejandro Vandenbroele. El expediente que reapareció fue el de London Supply, la empresa que puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa.
En sintonía con el ministro, Álvarez también le restó importancia al tema. "En cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían y se reconstruyen", dijo.
La pérdida de los expedientes sucedió cuando dirigía la IGJ Marcelo Mamberti, un hombre ligado al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Fue en febrero de 2012, cuando ya había estallado la investigación sobre Boudou por su actuación en la venta de la imprenta. Fue Mamberti quien ordenó reconstruir las carpetas perdidas.
Los investigadores judiciales no tienen claro aún si había documentación comprometedora en los tramos de los expedientes que no se reconstruyeron. No obstante, el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, guarda en su caja fuerte el libro original de la sociedad The Old Fund donde constan los movimientos societarios más polémicos, como por ejemplo donde aparece Vandenbroele como "nuevo accionista" de la firma, hasta que su nombre fue tachado con birome.

EXPLICACIONES DEL MINISTRO

Julio Alak
Ministro de Justicia
  • La Inspección General de Justicia (IGJ), donde desaparecieron los expedientes ligados a Ciccone, depende del ministro de Justicia.
  • Alak le restó gravedad al caso y dijo que en todos los poderes del Estado se pierden documentosJUlio alak ministro de justicia.

miércoles, 15 de octubre de 2014

La Corte Suprema obliga al Estado a informar sobre el caso Ciccone

La Corte Suprema obliga al Estado a informar sobre el caso Ciccone


El máximo tribunal dejó firme una sentencia que había condenado a la Inspección General de Justicia a dar información sobre la ex imprenta, en la que está involucrado Boudou
La Corte Suprema se pronunció sobre el "cepo informativo" que impuso el Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el caso Ciccone, en el que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou.
La decisión del máximo tribunal supone que ahora la IGJ deberá informar sobre Boudou y las empresas involucradas en el caso donde está procesado: la ex imprenta Ciccone -hoy, CVS- y The Old Found.
A través de un fallo firmado hoy, cuatro de losahora cinco jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario interpuesto por el Estado luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concluyera que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita ni mucho menos exigir un "interés legítimo" para acceder a esos datos.
El Estado ahora deberá informar sobre los "estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos que pudieran ser relevantes" sobre las firmas en cuestión, según consignó el Centro de Información Judicial.
El fallo fue firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. No acompañó la decisión el juez Raúl Zaffaroni.
La Corte rechazó la apelación de la IGJ contra la denuncia original de Ricardo Gil Lavedra, que en febrero de 2012 -cuando era diputado y estalló el escándalo- pidió a esa oficia que se informara si investigaba irregularidades en la creación y funcionamiento de Ciccone Calcográfica y otras sociedades vinculadas a la operatoria bajo sospecha. También requirió copias de la documentación disponible sobre todas esas firmas.
Las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaron dichos pedidos de información pública por carecer de "interés legítimo" y argumentaron que Gil Lavedra había hecho su demanda invocando invocando exclusivamente su carácter de diputado nacional y que como tal contaba con "canales institucionales específicos" para obtener la información. Para el tribunal, la condición de diputado de Gil Lavedra, quien dejó su banca en 2013, no le hacia perder su calidad de ciudadano con derecho a acceder a información pública.
Ante la primera negativa de la IGJ -que llegó a emitir las circulares 1 y 4 para fundamentar la negativa al pedido de información y otros similares de LA NACION y otros medios-, Gil Lavedra presentó un amparo junto a la Asociación de los Derechos Civiles (ADC).


http://www.lanacion.com.ar/1735442-la-corte-suprema-obliga-al-estado-a-informar-sobre-el-caso-ciccone

lunes, 13 de octubre de 2014

La IGJ en twitter en septiembre