Mi relación laboral con la
Inspección General de Justicia comenzó en febrero del 2004, cuando todavía era
estudiante de derecho. Arme toda mi carrera en ese organismo, desempeñándome en
diferentes oficinas y tal como puede comprobarse en mi legajo nunca falte por
enfermedad ni tuve sanciones disciplinarias.
En febrero del 2010 mediante
el decreto 172/2010 me designan Directora del Registro Nacional de Sociedades,
lo cual implicaba a modo de síntesis: Organizar y llevar el Registro Nacional
de Sociedades, creado por la Ley Nº 26.047; Coordinar con los organismos
provinciales competentes, las tareas que fueren necesarias para el cumplimiento
de los fines que prescribe la Ley Nº 26.047; Entender en los pedidos de
informes formulados por el Poder Judicial y los distintos organismos de la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las entidades
privadas en cuanto fueren pertinentes.
A fines de 2011 me informan
que el Sr. Gustavo Varela iba a desempeñar el cargo de Subinspector General de
Justicia. Me sorprendió que no haya sido designado por decreto del Poder
Ejecutivo pero desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
se argumentaba que era una cuestión de días su designación. A pesar de esta
grave irregularidad que nunca fue subsanada, siempre me dirigí hacia él como si
efectivamente poseyera el cargo que ostentaba. Así se presentaba y daba órdenes
en todo el organismo. Tal grave irregularidad (el Sr. Varela nunca fue
designado) y el aval de mis superiores tanto en IGJ como en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, me obligaba a mentir a terceros presentándolo con
un cargo que el mismo no poseía. En realidad su función tenía que ver con
cuestiones políticas más que técnicas y a él debía reportarse todas los hechos
vinculados políticamente.
Poco tiempo después de su
arribo y a raíz de mi incomodidad de tener que presentarlo ante autoridades
provinciales como si tuviera un cargo el cual nunca se lo había designado, o
tener que brindarle exptes y documentación de la IGJ, comenzó su hostigamiento,
buscando evidenciar un supuesto incumplimiento de mi trabajo, con amenazas
encubiertas a fin de lograr someterme a sus caprichos. Pero con el paso del
tiempo, y al contrario de lo que yo pensaba, fue aumentando sus malos tratos, sus
persecuciones y sus acosos hacia mi persona. Muchas veces me sentí agobiada,
perdida, y con miedo por perder mi fuente de trabajo.
Cabe agregar que por expte
N°1110/2012 se propuso designar al Sr. Gustavo Varela como subinspector General
de Justicia, presentándose el nombrado el 20 de julio de 2012 y renunciando a
la propuesta de ocupar el cargo. Es decir, ocupó un cargo por casi 8 meses y
nunca fue designado en el mismo.
Esto puede comprobarse
mediante el acta de constatación de fecha 16 de noviembre de 2012 (escritura N°
58) del Registro N° 254 de la escribana María Leticia SUED DAYAN en relación a
los mails del Sr. Gustavo Varela desde una casilla oficial de la IGJ, firmando
como subinspector general de justicia, mencionando a funcionarios del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitándome exptes, presionándome
para que vote en las elecciones del Colegio de Abogados por una lista de su
simpatía, reiterándome varias veces pedidos sobre el mismo tema que yo ya había
cumplido, encargándome tareas propias de una secretaria-tales como le reserve
pasajes en micro- etc..
Pero el acoso sufrido no se
limitó solamente al Sr. Varela, sino que también se sumo el del Inspector
General Norberto Berner, quien asume a fines de mayo de 2012 e inmediatamente
dicta las circulares N° 1 y 4 del 2012 que dispuso un cepo informativo en
relación a la información obrante en el Registro Público de Comercio en la IGJ.
Este cepo fue dispuesto con motivo de los pedidos de informes que se suscitaban
en relación al caso Ciccone y/o cualquier sociedad relacionada con el
vicepresidente de la Nación. Así intentaban obligarme a denegar información con
un criterio arbitrario e ilegitimo sin ningún tipo de aval jurídico ya que yo
era el funcionario que debía tomar estas decisiones conforme mis funciones y
responsabilidades. Al respecto, se acompañan recortes periodísticos que avalan
mis dichos.
Al negarme a adoptar estas
circulares por ser ilegitimas aumento el acoso y el hostigamiento. Berner no
contestaba mis mails ni mis llamados, ni tampoco mis pedidos de audiencia. Se
trataba de mi superior jerárquico inmediato con lo cual el trato debía ser
diario a fin de trasladarle las novedades de la dirección a mi cargo y recibir
sus instrucciones. Me di cuenta que el contenido de todas las maquinas en las
cuales yo tenía acceso eran observadas y me fueron separando una a una de todas
las actividades que venía desempeñando, dejándome formalmente la conducción
pero en los hechos sin ningún tipo de intervención. Esto aumentaba mi grado de
stress ya que las responsabilidades seguían siendo mías y yo me veía obligada a
firmar actuaciones en los cuales nadie había escuchado mi opinión ni mis
advertencias, arriesgándome a consecuencias graves para mi persona.
Así llegue a un nivel de
stress y de angustia nunca antes vivido, cada día me costaba muchísimo ingresar
al trabajo, sentía que me ahogaba, que me iba a morir ahí adentro, me confundía
constantemente y sentía que no servía para nada. Comenzó a repercutir en mi
salud con alergias constantes, síntomas gripales, fluctuaciones en el peso,
entre otros.
Hasta que el día 21 de junio
me retire de la oficina con una crisis nerviosa producto de que una asesora de
Berner (Analia Spatola) irrumpe en mi oficina y me recrimina haber enviado a
intimar a la sociedad The Old Fund. Esta última sociedad presentó su
declaración jurada de datos sociales y allí dejo constancia de que adeudaba el
pago de tasas y la presentación de estados contables ante la IGJ, por lo que el
procedimiento habitual era su envío al departamento correspondiente para intimar
su cumplimiento. Spatola me insultó y amenazó con informar esta situación a
Berner quien tomaría represalias conmigo. En un estado de nervios, me retire de
mi trabajo y fui a al centro médico Nomed de mi obra social (accord salud),
atendiéndome un psiquiatra de guardia quien me diagnostico trastorno de
ansiedad con recaída aguda, indicándome reposo por 7 días, recentándome dosis
de clonazepan. Como los síntomas no disminuían ni la angustia, volví a ser
atendida el 26 de junio recetándome un antidepresivo.
El acoso se agudizó y continúo
en mi periodo de licencia. Repartieron las pocas funciones que me quedaban a
cargo de otras personas quienes daban nuevas directivas, cambiando circuitos
con planes a largo plazo. Por otra parte, se le dio el
traslado a todo el personal que se desempeñaban en la Dirección a mi cargo
(secretaria, asesores, etc) y en el espacio físico donde desempeñaba mis funciones
ubicaron áreas nuevas. En fecha 11 de septiembre del 2012, en oportunidad de
presentarme al servicio médico a renovar mi licencia, se me notifica que el día
27 de septiembre debía concurrir al Departamento de Salud Ocupacional del
Ministerio de Salud Pública, sito en la calle Ramón Carrillo 489 de esta
Ciudad, a fin de que se me realizara Junta Médica para psicodiagnostico.
Después de concurrir durante 3 días (en dos oportunidades me evaluaron
psicólogos y la ultima psiquiatras) se me informa en dicha dependencia del
Ministerio de Salud, que se iba a aconsejar renovarme la licencia atento el
resultado del psicodiagnostico; ello hasta que me encuentre en condiciones de
volver a trabajar; o bien mi psiquiatra solicite un traslado de ámbito laboral.
Así las cosas, citada en el
servicio médico del Ministerio de Justicia para el día 19 de octubre se me
concede licencia médica hasta el 14 de noviembre. De mi legajo medico surge la
ausencia de licencias durante toda mi relación laboral, comenzando mi licencia
el mes de junio de 2012 por trastorno de ansiedad y stress laboral. La última
licencia acordada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos data del 14
de octubre y se extendía hasta el 14 de noviembre de 2012. Sin embargo,
desconociendo el periodo de licencia concedido y los certificados médicos, me
dejan cesante mediante un acto totalmente arbitrario.
