Mi respuesta ante la causa penal que me arman por Hotesur y Ciccone I

Fui víctima de acoso y violencia sistematizada por parte de distintos funcionarios del Gobierno argentino. La violencia laboral en el ámbito estatal es especialmente devastadora ya que es generada por quien debe proteger y se falsea mediante un discurso que niega lo que está pasando.  En mi caso, hay una íntima conexión entre la violencia que sufro y distintos hechos de corrupción en el Estado combinando conductas violentas e impunidad absoluta de los agresores, e indefensión de las víctimas.

Mi relación laboral con la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, comenzó en febrero del 2004, cuando todavía era estudiante de derecho y nunca falte por enfermedad ni tuve sanciones disciplinarias. Esto puede comprobarse con mi legajo. Fue ascendiendo en diferentes áreas del Organismo. En febrero del 2010 mediante decreto N° 172/2010 emitido por el Poder Ejecutivo me designan Directora del Registro Nacional de Sociedades.

Mis superiores jerárquicos eran el Inspector General y el subinspector General. Se puede consultar el organigrama del Organismo en la página web: http://www.jus.gob.ar/igj/la-igj/organigrama.aspx. A fines de 2011 me informan que el Sr. Gustavo Varela, militante de la agrupación política La Campora, iba a desempeñar el cargo de Subinspector General de Justicia, sin designación legal, esto es sin el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. Su función tenía que ver con cuestiones políticas y a él debía reportarse todos los hechos vinculados políticamente, ya que no poseía experiencia en la temática del organismo.

Poco tiempo después de su arribo comenzó su hostigamiento hacia mi persona, buscando evidenciar un supuesto incumplimiento de trabajo, con amenazas. Pero el acoso sufrido no se limitó solamente al Sr. Varela, sino que también se sumó el del Inspector General Norberto Berner, (también militante de la agrupación La Campora) quien asume a fines de mayo de 2012 e inmediatamente dicta dos circulares para establecer un cepo informativo en relación a la información obrante en el Registro Público de Comercio en la Inspección General Justicia. Este cepo fue dispuesto con motivo de los pedidos de informes que se suscitaban en relación a cualquier sociedad vinculada a funcionarios del gobierno argentino, principalmente con las sociedades vinculadas al caso Ciccone. Así intentaban obligarme a denegar información con un criterio arbitrario e ilegitimo sin ningún tipo de aval jurídico ya que yo era el funcionario que debía tomar estas decisiones conforme mis funciones y responsabilidades. Nunca acate las órdenes, conforme puede comprobarse. Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia se expidió en relación a la limitación de la información en la Inspección General de Justicia, estableciendo que la información es publica y no se puede requerir ningún interés especial (en autos Gil Lavedra Ricardo c/ Ministerio de Justicia s/ amparo”

Así llegue a un nivel de stress y de angustia nunca antes vivido, cada día me costaba muchísimo ingresar al trabajo, sentía que me ahogaba, que me iba a morir ahí adentro, me confundía constantemente y sentía que no servía para nada. Comenzó a repercutir en mi salud con alergias constantes, síntomas gripales, fluctuaciones en el peso, entre otros. Tenía mucho miedo y comencé con ataques de pánico. El organismo comenzó a ser manejado por el miedo y se negaban o retaceaban las respuestas a los jueces, fiscales, legisladores de la oposición o periodistas; ello a pesar de que se trataba de un registro público de comercio.

El día 21 de junio de 2012 me retiró de la oficina con una crisis nerviosa producto de que una asesora de Berner (Analia Spatola) irrumpe en mi oficina y me recrimina haber enviado a intimar a la sociedad The Old Fund (empresa que la justicia argentina atribuyo al vicepresidente de la Nación Amado Boudou, mediante la cual se apropió de la sociedad que emitía billetes en la argentina). Al concurrir a una guardia médica, me otorgan licencia por stress laboral. El acoso se agudizó y continúo en el periodo de licencia. Repartieron las pocas funciones que quedaban a mi cargo de otras personas quienes daban nuevas directivas, cambiando circuitos con planes a largo plazo. No podía volver a mi puesto de trabajo ya que se había desmantelado por completo y no tenía ni funciones ni espacio físico.

Denuncie a mis superiores jerárquicos todas las irregularidades que ocurrían en la IGJ. En fecha 26-09-12, luego de varias citaciones y entrevistas con el Servicio Médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se me citó para la realización de un psicodiagnóstico en el Ministerio de Salud. El mismo se desarrolló en dos etapas, una realizada el 26-09-12 y la otra el 04-10-12. En fecha 11-10-12 me citaron telefónicamente a asistir al sector de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud el día 17 de octubre a las 12.30, oportunidad en la cual me entrevistó un médico psiquiátra y me informó como resultado que no me encuentro en condiciones para volver a mi trabajo, por lo cual se extendió mi licencia médica.

En fecha 10 de agosto de 2012 denuncie ante la IGJ los hechos aquí relatados (expte N° 5109026/2863608). En fecha 10-09-12 se presentó un pronto despacho atento a que no existía movimiento alguno registrado del trámite iniciado, ello mediante el control vía internet y en fecha 18 de octubre, atento el silencio de la administración, presente ante la IGJ recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. Por tal motivo, presente en la Mesa de Entradas del Ministerio citado una denuncia dirigida al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak en fecha 19 de octubre de 2012. (Expte N°S04:0053188/2012) Según surge del citado expte la actuación estuvo hasta el día 02/11/2012 en el gabinete de asesores del Sr. Ministro, remitiéndose ese día al Despacho del Secretario de Asuntos Registrales Dr. Oscar Martini, quien ordenó el día 08/11/2012 al Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral Dr. Ernesto Kreplak que la Inspección General de Justicia produzca informe a la brevedad y este último remite la Dirección de Recursos Humanos el día 12/11/2012. Finalmente mi denuncia es girada a la IGJ el 7 de diciembre de 2012, destacándose que al momento de recibirse mi denuncia se decide despedirme de mi puesto de trabajo.

El 10 de diciembre de 2012 la denuncia que efectuará se remite a la oficina judicial de la IGJ, ordenando dicho pase el Sr. Berner (uno de los funcionarios por mi denunciados). Recién a fines de 2013 se resuelve el inicio de un sumario a fin de investigar los hechos investigados, destacándose que se impugno la tramitación del sumario, toda vez que no se cumplía con el procedimiento establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas (dilación en el tiempo, carencia de orden cronológico, parcialidad de los instructores), dejándose constancia que debía intervenir la Procuración del Tesoro, por el carácter de los funcionarios involucrados. Este planteo fue rechazado mediante resolución N° 1 del 6 de marzo del 2014.

El día 15 de noviembre de 2012 me presento con la escribana María Leticia SUED DAYAN, Titular del Registro Notarial N° 254 en Sarmiento 329 planta baja ante el servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme había sido citada. En dicha oportunidad y conforme surge del acta notarial N° 015551377 en oportunidad de comparecer a dicho servicio médico el Director del Mismo me informa que no puede justificarme la licencia porque según constancias del sistema no pertenezco más al Ministerio. Asimismo nos indica que aguardemos a alguien del sector Jurídicos. Con posterioridad una empleada del sector y el Director nos muestra una pantalla donde surgen mis datos mi fecha de ingreso y como fecha de egreso del Ministerio el 31 de octubre.

En dicha oportunidad (15 de noviembre de 2012) el Dr. David Azulay director del servicio médico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación manifiesta que no puede justificar mi licencia por enfermedad debido a que en el programa informático ADMAGE de la Dirección General de Recursos Humanos figuro como egresada de este Ministerio con fecha 31/10/2012. Manifiesto mi asombro ya que no había sido debidamente notificada de ninguna decisión en ese sentido, encontrándome además de licencia médica. Con motivo de la negativo del Servicio Médico de recibir me certificado, lo ingresamos en la Mesa General de Entrada con el acta de notificación.

Así estuve durante meses. Notificada del decreto 601/13 que dispuso el cese en mis funciones al 31 de octubre de 2012, pero dictándose el mismo recién el 27 de mayo de 2013 y notificándose el 5 de junio, presenté recurso de reconsideración, fundando el mismo en la nulidad absoluta y manifiesta del mencionado decreto, el cual carecía de causa, objeto y motivación. Sin embargo, el 10 de febrero de 2014 se dicta el decreto 359/14 el cual desestima el recurso.

Pero todavía VS podrá apreciar un nuevo dato llamativo que evidencia de manera contundente como se vulneraron mis derechos en todos estos meses: Todos los decretos de prórroga de mi designación tramitan bajo el expte. EXP-S04:0008329 y el 10 de febrero de 2012 se dispuso impulsar la prorroga en mi designación, siguiendo el expte su curso normal para este tipo de designaciones. Es decir la prórroga de mi designación había sido impulsada por las misma Superioridad que de manera ilegítima arbitraria y movilizada por razones políticas, dispone mi baja. Así según puede comprobarse desde el 3 de abril del 2012 la referida prorroga se encontraba en Presidencia de la Nación, pero el 2 de julio la Directora General de Recursos Humanos del MJyDDHH Dra. Blanca María Hernández solicita la devolución del referido expte para ser remitido a la IGJ. El 29 de octubre de 2012 Berner indica que mi prorroga será hasta el día 31 de octubre de 2012 y a partir de esa fecha impulsa la designación de la Dra. Susana Graciela Junqueira, dictándose en consecuencia el decreto  601/2013 del 27 de mayo de 2013 (que aquí se impugna).

Todo lo que aquí reseño fue declarado en diversas causas penales abiertas con motivo de diversos delitos ocurridos en el ámbito de la IGJ en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 Secretaria N° 2  causas 6605/12 13424/12 y 7311/13, entre otras.

Ahora bien, la persecución nunca termina. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una nueva ofensiva en mi contra; ello por haber denunciado las irregularidades que ocurrían dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ). El ministro de Justicia, Julio Alak, se presentó en la causa N° 6605/2012 como querellante para acusarme del extravío o robo  dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone". Al presentarse el Ministro de Justicia acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la Inspección General de Justicia para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido. Esas copias que aportó el Ministro de Justicia incluyen varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y se mezclaron los testimonios. Declaré como testigo ante la Justicia, señalando que aunque la IGJ había anunciado la completa reconstrucción del legajo de la empresa que la justicia le atribuye al vicepresidente para apropiarse de la empresa que imprime los billetes en la Argentina, faltaban 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción incluían datos adulterados. En el sumario del Ministerio nunca fui citada para ejercer mi derecho de defensa, ni a nadie de mi equipo del Registro Nacional de Sociedades.

Pero la pesadilla y la persecución no terminan. Fui citada como testigo en la causa en la cual se investiga diferentes irregularidades y/o delitos de la empresa Hotesur S.A., cuyo accionista es la presidenta de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Acto seguido, recibí amenazas y persecuciones desde diferentes medios vinculados al oficialismo y, los más grave, desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada.  En una seguidilla de tuits se encargaron mancharme y tuve que salir a desmentir la información que circulo por la cuenta @CasaRosadaAR citando notas de la agencia estatal Télam y del portal Infojus.

En el marco de toda esta pesadilla, fui denunciada por una Diputada que responde al partido del gobierno por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio.

A modo de resumen esta es mi historia en los últimos 3 años. No puedo conseguir trabajo en el Estado, y en el ámbito privado también me cuesta. Los derechos humanos que son vulnerados son: 1) el derecho a la integridad física y psíquica; 2) el derecho a la dignidad, al honor, en su faceta personal y profesional; 3) El derecho a la salud; 4) El derecho a un trato digno; 5) El derecho a la igualdad de trato y no discriminación.[1]

Solo soy una empleada que creía que se podía hacer carrera en la administración pública., pero me convertí en una víctima de la incansable búsqueda de impunidad de un gobierno que se maneja como los protagonistas de El Padrino.