La Cámpora apunta ahora a las sociedades extranjeras
Avanza en la Cámara de Diputados un proyecto que le otorga a la IGJ el control de las entidades
Con un proyecto de ley que ya dio sus primeros pasos en el Congreso, La Cámpora pretende controlar y supervisarlos movimientos de todas las sociedades extranjeras que pretendan operar en el país, aunque la polémica iniciativa amenaza con barrer con las autonomías provinciales, según surge de la copia de la iniciativa a la que accedió LA NACION.
El polémico proyecto establece que será competencia exclusiva y excluyente de la Inspección General de Justicia (IGJ) el "control, reglamentación y registración" de cualquier entidad extranjera que pretenda operar en el país, tal y como ocurrió con la imprenta Ciccone Calcográfica, controlada por un fondo holandés, dos sociedades suizas, una sociedad uruguaya y una firma estadounidense, según reveló LA NACION durante el último año.
La iniciativa implicará que los registros públicos de comercio y las direcciones provinciales de Personas Jurídicas quedarán supeditados a las decisiones que tome el IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y se encuentra bajo el control directo de La Cámpora, que ya veda el acceso a su información a legisladores de la oposición y a funcionarios del gobierno de la ciudad.
También determina que la IGJ definirá si autoriza cualquier trámite solicitado en alguno de los registros provinciales, tras evaluar "casos de homonimia, inhabilitaciones o cualquier irregularidad". Más aún, desde las provincias deberán informar todos los trámites.
El proyecto comenzó a dar sus primeros pasos en la Cámara de Diputados, a fines de 2012, de la mano de uno de los máximos referentes de La Cámpora, Eduardo "Wado" De Pedro, y otros tres legisladores kirchneristas: Marcos Cleri, María Luz Alonso y Anabel Fernández Sagasti.
La iniciativa va más allá de las sociedades extranjeras que ya operan (unas 30.000, según datos de 2011, aun cuando sólo un tercio se encontraría activo) o pretendan operar en el país. Alcanza a todas las formas asociativas extranjeras, incluidas las asociaciones civiles y fundaciones, con el fin de mejorar la transparencia.
El proyecto responde a un viejo anhelo de la presidenta Cristina Kirchner, que como senadora impulsó durante 2005 una idea similar, pero se topó, dos veces, con la resistencia de las provincias. Ahora, De Pedro insistió en el proyecto y lo fundamentó con citas de la entonces senadora sobre el uso y abuso de los paraísos fiscales de las sociedades "offshore" en desmedro de "todo el sistema societario argentino".
Durante los últimos años, algunos de los mayores escándalos de corrupción mostraron el rol protagónico asumido por firmas constituidas en Uruguay, Panamá, islas Vírgenes Británicas, islas Caimán, Bahamas, Isla de Man, Curazao y Delaware (Estados Unidos), entre otros paraísos societarios. Así ocurrió, por ejemplo, en las megacausas por facturas truchas que abarcó a cientos de empresas, en el caso Siemens por el Proyecto DNI, en el caso armas, que retiene al ex presidente Carlos Menem en el banquillo de los acusados, en la causa IBM-Banco Nación, en el presunto enriquecimiento del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y en la "embajada paralela" entre la Argentina y Venezuela, entre otros.
Pero, tal como ocurrió en 2005, la iniciativa vulneraría las autonomías provinciales protegido por la Constitución Nacional. De aprobarse, tal como está formulado el artículo 1°, deberían ceder a la IGJ el "control, reglamentación y registración" de toda forma asociativa extranjera "a la normativa y competencia exclusiva y excluyente" de la IGJ.
El artículo segundo procura echar algo más de luz sobre los beneficiarios de este tipo de sociedades. Pero lo hace, según especialistas consultados por LA NACION, sin modificar la normativa que hasta ahora establece que los accionistas sólo deben anotarse en un libro que lleva la misma sociedad.
El enunciado teórico del borrador contrasta, además, con la práctica cotidiana. Dentro de la IGJ ocurrió el extravío o robo de los legajos más sensibles del caso Ciccone. En particular, el de The Old Fund. Y luego, bajo el control directo de La Cámpora, se adulteraron los registros informáticos para ocultar ciertos pasos y modificar las fechas de otros.
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