La desnaturalización de la Inspección General de Justicia

El manejo arbitrario y discrecional le ha restado transparencia y eficacia a un órgano que ha sido copado por la agrupación La Cámpora

mo otros tantos organismos creados originalmente para registrar actividades, brindar información, fiscalizar y controlar, la Inspección General de Justicia (IGJ) está hoy totalmente desnaturalizada en nuestro país como consecuencia del manejo arbitrario y discrecional al que la somete el actual gobierno.

Ese organismo ha sido copado por miembros de la agrupación kirchnerista La Cámpora que no sólo no cuentan ni con especialización en derecho societario ni con los más elementales antecedentes para desarrollar cargos de semejante jerarquía, sino que hacen un uso político de la entidad, dilatando procesos y negando datos que puedan vincular a funcionarios con actividades ilícitas.

Un claro ejemplo de esa manipulación política ha sido el cepo informativo dispuesto en torno delcaso Ciccone , causa en la cual el fiscal ha pedido la indagatoria del vicepresidente de la Nación,Amado Boudou, por negociaciones incompatibles con la función pública.

Tal desnaturalización de los fines de la IGJ fue también denunciada por quien se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de ese organismo, Silvina Martínez. "La IGJ -afirmó- está manejada por el miedo, las denuncias consideradas complicadas (para el Gobierno) son frenadas y se niegan o retrasan las respuestas con pedidos de información a jueces, periodistas, fiscales y legisladores."

Son muchos los empleados de ese organismo que día tras día confirman los dichos de Martínez y que critican, además, la falta de capacidad de quienes son puestos a conducir áreas clave, las restricciones y trabas a los pedidos de información y la forzada lentitud con que se manejan los trámites. También, el triste desempeño del titular de la IGJ, el camporista Rodolfo Tailhade, un abogado penalista que en 2007 constituyó una sociedad anónima, Taiser, a la cual la propia AFIP le retiró su CUIT en febrero del año pasado como parte de un proceso de depuración de firmas inactivas o fantasma "que pueden servir para cometer fraude fiscal", según definió el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Y eso no es todo. Tailhade, quien paralelamente a la titularidad de la IGJ se desempeña como concejal en Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria, acaba de protagonizar un hecho lamentable al subir a su página de Facebook los afiches que empapelaron la ciudad con los rostros de los presidentes de las empresas a las que el Gobierno tilda de "destituyentes" y de "enemigas de la patria". Son las mismas empresas a las que Tailhade debe controlar como titular de la Inspección General de Justicia.

Resulta deplorable que semejantes despropósitos cuenten con el aval de los máximos responsables del Gobierno. La IGJ, que ya ha cumplido 120 años, es un órgano esencial de la vida del país, pues lleva el registro público de comerciantes matriculados y auxiliares de comercio, así como también de la constitución de sociedades comerciales, asociaciones y fundaciones.

Su funcionamiento hace al interés general de la comunidad, pues implica la publicidad de quienes en nuestra sociedad tienen derecho a ampararse en sus libros de comercio rubricados en caso de juicio. Igualmente, controla el proceso formativo de esas sociedades y fiscaliza sus desempeños. Ello hace a la transparencia que las personas jurídicas deben tener frente a terceros.

Mediante tales controles se pretende proteger la procedencia y veracidad de la información de los registros públicos confiados a ese organismo por ley, balanceando el derecho de aquellos que se registran a hacer oponible su carácter de comerciante matriculado o de sociedad con limitación de responsabilidad frente a terceros, con el derecho de estos últimos de acceder a la información existente, controlando así la regularidad de conductas y exactitud de la información requerida.

Pero, a la vez, hay otro aspecto de igual o mayor importancia que el que se pretende proteger legalmente y que también hace al interés general: el acceso de una sociedad determinada a formalizar sus derechos de propiedad, tanto de los referidos a los inmuebles como los derivados de un contrato.

Por eso es tan importante que, por todas las vías legales posibles y con el menor costo y tiempo posible, se facilite el acceso a ese tipo de informaciones. De lo contrario, puede resultar muy onerosa para el desarrollo económico de un país, por ejemplo, la demora en acceder al título de propiedad sobre una casa o un paquete accionario, al igual que la habilitación para instalar un comercio. El ágil y transparente funcionamiento de la IGJ es central para propender al fortalecimiento del Estado de Derecho y es clave para contribuir en la detección de anomalías y hasta de ilícitos.

Claramente, el manejo discrecional que las autoridades de la IGJ hacen respecto de la información que deben suministrar por ley aduciendo razones de protección de datos personales representa una conducta ilegítima dirigida a amparar del escrutinio público datos que deben estar disponibles para la población en general. El a todas luces deficiente funcionamiento actual de la IGJ afecta la transparencia y el normal desenvolvimiento de la economía nacional.

Los organismos de registración y fiscalización deben estar al servicio del cumplimiento de la ley, contribuyendo al desarrollo de la Nación y a la elevación del nivel de vida de la población, y no constituirse en barreras burocráticas, irrazonables y politizadas de acceso a los derechos constitucionales que corresponden a toda persona que quiera vivir en nuestro país.

Es de esperar un marcado cambio de rumbo de nuestras autoridades hacia el debido criterio en la defensa y el funcionamiento de los organismos de control que, en definitiva, no es otra cosa que cumplir con lo que dispone la ley..

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