La IGJ y los casos de corrupción

Trabajo sucio y a medida

Antes se trataba de hacer la vista gorda: los funcionarios encargados de controlar sencillamente se distraían por un momento. En el momento preciso. Ahora se ha escalado. En vez de dejar pasar, o mejor sería decir: además de dejar pasar, directamente truchan documentos.

La historia la reveló ayer en La Nación Hugo Alconada Mon y pasó en la Inspección General de Justicia, que depende en los papeles del ministro Alak y en los hechos de La Cámpora. Y todo en el legajo de The Old Fund, el fondo fantasma que se apropió de Ciccone. Se perfecciona lo de la vista gorda pero, por lo visto, se perfecciona imperfectamente.

Poco después de que estallara el escándalo a comienzos de 2012, el legajo de The Old Fund desapareció de la IGJ.

¿Por qué se lo robaron? ¿Cómo? ¿Quién? Respuesta oficial: No sabe/no contesta.

El expediente debió ser reconstruido. Y por apuro o por impunidad o por ambas cosas, aparecen una docena de fechas, firmas y domicilios que no coinciden. ¿Aparecen? No: fueron sacadas a la luz (ver pág. 14).

Las truchadas tienen que ver con la constitución de The Old Fund, que antes de entrar a Ciccone había entrado a la endeudada Formosa por un supuesto asesoramiento para desendeudarla con el Ministerio de Economía, a cargo entonces de Boudou.

Perlas negras de la carpeta reconstruida de Ciccone. Una: Vanderbroele pasa de accionista a presidente de The Old Fund mediante una tachadura. Si era accionista, era dueño y Boudou decía que no podía ser su testaferro porque era un simple empleado. Otra: en febrero de 2012, el mismo inquilino de Boudou en Puerto Madero certifica ante una escribana una asamblea de 2009. ¿Qué había pasado en aquella asamblea que intentaba ocultar de urgencia tres años después?

En junio de 2013, la directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ denunció irregularidades en el control de los casos más sensibles para el Gobierno, como Ciccone, la Fundación de las Madres y las sociedades de Lázaro Báez.

Silvina Martínez tenía a su cargo el área de oficios judiciales. Dijo que el organismo estaba “manejado por el miedo. Las denuncias consideradas complicadas eran frenadas”. Y que alertó a los jefes de la IGJ Berner y Varela, al subsecretario de Justicia Kreplak y hasta al ministro Alak.

“Nadie me contestó nunca”. Se equivocaba: le contestaron echándola.

En esos días, Clarín pidió a la Inspección de Justicia información pública sobre Ciccone. La respuesta fue un cepo informativo que aún se mantiene y que se extendió al Registro Público de la Propiedad.

Nunca pasó en democracia. El bloqueo fue decidido por Kreplak, integrante del fracasado jury al fiscal Campagnoli.

¿Qué se puede esperar de un organismo que está para fiscalizar y no fiscaliza a los amigos del Poder? Se puede esperar esto que pasa.

http://www.clarin.com/opinion/Trabajo-sucio-medida_0_1196280407.html#