El Ministerio de Justicia negó ayer "categóricamente" que la Inspección General de Justicia (IGJ) haya participado en "supuestas maniobras de adulteración de documentación" de la sociedad The Old Fund para proteger al vicepresidente Amado Boudou, y acusó a la nacion de abordar con "ligereza y desinformación un tema de suma relevancia institucional".
Desde el Ministerio que conduce Julio Alak indicaron que fue la propia IGJ la que detectó el extravío "de un trámite", ordenó su reconstrucción y abrió un sumario para determinar las responsabilidades.
Sin embargo, el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que la IGJ extravió un "expediente" -no un "trámite"- en su último informe a la Cámara de Diputados, en tanto que el Ministerio omitió precisar que la desaparición ocurrió luego de que estallara el escándalo del caso Ciccone y que la IGJ lo detectó a raíz de los pedidos de informes que presentaron legisladores y periodistas, ante quienes estableció y mantiene un "cepo" informativo.
Según el Ministerio, la reconstrucción "fue concluida en un breve lapso", en base a las copias del material desaparecido que conservaba la propia IGJ, por lo que indicó que "no fue necesario requerir documental en poder de la sociedad".
El Ministerio omitió detallar que en los protocolos digitales de la IGJ no estaba toda la información necesaria para la reconstrucción. Faltaron las publicaciones en el Boletín Oficial, el dictamen precalificado, el dictamen contable referido al aumento de capital y a la prima de emisión, los formularios y las propias observaciones que cursó la IGJ, entre otros pasos.
Para el Ministerio, la "versión periodística" que se publicó en la edición del lunes es "falsa y malintencionada", al tiempo que sostuvo que el organismo respetó el "proceso de legalidad". También indicó que no le corresponde a la IGJ analizar "supuestas irregularidades" antes de la inscripción de trámites.
Sin embargo, el Ministerio omitió, entre otros puntos, que el abogado por The Old Fund, Alberto Chamorro Hernández, transcribió el 6 de julio de 2010 una asamblea que ocurrió casi cuatro meses después -y se inscribió igual-, ni que se publicó el cambio de sede después de iniciado el trámite en la IGJ, cuando es un requisito previo.
Asimismo, la IGJ debe efectuar el control de legalidad sustancial -no sólo formal- de los instrumentos que se presentan para su inscripción, por lo que debe adentrarse en el negocio jurídico subyacente y, para eso, puede solicitar copias certificadas de libros u otra información complementaria.
Por último, desde el Ministerio indicaron que la ausencia de "hilos o pelos" en la foja de seguridad de los documentos "obedece a que la reconstrucción se realizó a partir de copias digitalizadas". En rigor, la nacion publicó que Alejandro Vandenbroele presentó ante la Justicia -no ante la IGJ- una copia inscripta de The Old Fund a la que le faltaban los "hilos o pelos".
http://www.lanacion.com.ar/1720379-imprecisiones-en-una-respuesta-de-la-igj
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