Una imparable bola de nieve política
En los primeros meses del 2012, mientras aún ostentaba un poder recién asumido, el gobierno de Cristina Kirchner inició un plan de protección de Amado Boudou que hoy, a un año y tres días del final de mandato, se transformó para varios funcionarios en una imparable bola de nieve política y judicial.
La Presidenta avaló a su vice mientras éste embestía contra el Poder Judicial para quitar de la investigación del caso Ciccone al primer juez de la causa, Daniel Rafecas, al primer fiscal, Carlos Rívolo, y al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Fueron sólo algunas de las maniobras defensivas impulsadas por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por ejemplo, se involucró en ese proceso y –según la tesis judicial de Servini de Cubría y Ariel Lijo–, permitió que un organismo que estaba su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ), “extraviara” el legajo caliente de la sociedad The Old Fund.
Alak está hoy enredado en una telaraña construida por él mismo.
Ayer intentó desligar su responsabilidad en el caso Boudou cometiendo un llamativo “sincericidio” para un peronista profesional con varios lustros en la función pública: “En todos los poderes se pierden expedientes”, dijo, aludiendo a la IGJ, justamente el organismo que tiene como objetivo resguardar los expedientes de las empresas comerciales como The Old Fund. ¿Por qué Alak admite recién ahora que la IGJ “perdió” los papeles de esa compañía? Si todo en esta trama es transparente, ¿qué sentido tuvo el bloqueo del acceso a la información pública que impuso en la IGJ cuando Clarín y el ex diputado Ricardo Gil Lavedra pidieron documentación sobre las firmas vinculadas a Boudou?
La insistencia del Ministerio de Justicia respecto a ese último punto fue tal que el ex diputado Ricardo Gil Lavedra logró llegar hasta la Corte Suprema con su reclamo, y el máximo tribunal terminó por darle la razón la semana pasada.
Si se sigue sólo la versión oficial sobre el expediente perdido de The Old Fund, entonces, durante los últimos dos años y medio pasó lo siguiente: a sólo un mes de que el caso Ciccone se difundiera por Radio Mitre y Clarín, la IGJ perdió una de las partes más importantes del expediente de la principal empresa investigada por la Justicia en esa causa, que para colmo tenía como imputado al vicepresidente de la Nación; tiempo después el organismo reconstruyó ese trámite pero con 18 páginas menos que los contenían los documentos originales; y casi de inmediato impuso un cepo admnistrativo para que ningún ciudadano de la República Argentina pueda conocer esa información reparada de modo legal; basándose en ésto último, la IGJ se mantuvo firme, y litigó en los tribunales para que el bloqueo a su información pública llegue hasta la última instancia judicial, algo inédito en democracia.
El titular de la IGJ que creó el “cepo informativo” se llama Noberto Berner, milita en La Cámpora y hoy es secretario de Comunicaciones. Lo reemplazó en su cargo un “compañero” de agrupación, Rodolfo Tailhade, que acaba de dejar su puesto para darle lugar a otro “camporista”, Martín Cormick. Quien estaba al frente del organismo cuando se perdió el trámite de The Old Fund era Marcelo Mamberti. El ministro de Justicia durante todas esas gestiones en la IGJ fue Alak.
El artículo 255 del Código Penal estipula que quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público” será reprimido con “prisión” de un mes a cuatro años
- Clarin.com
- Política
- 21/10/14
Insólita excusa de Alak por haber perdido el legajo de The Old Fund
Estaba en custodia de la Inspección General de Justicia, que depende de él. El ministro intentó justificarse: “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo. La reconstrucción tiene 18 fojas menos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak, confirmó ayer que el legajo de la empresa The Old Fund que estaba bajo su guarda fue perdido y reconstruido de modo incompleto entre marzo y abril del 2012, justo dos meses después de que esa empresa empezara a ser investigada en el caso Ciccone por sus vínculos con Amado Boudou.
Clarín publicó ayer que la Justicia había recolectado pruebas sobre el rol de Alak en esta trama: la jueza María Servini de Cubría investiga si el funcionario intentó encubrir a Boudou ordenando que se cambien los documentos claves sobre The Old Fund que supuestamente protegía un organismo que está a su cargo, la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ayer, Alak intentó desmentir el artículo de este diario sobre el tema, pero terminó confirmando lo publicado. Lo mismo pasó con la IGJ.
“En todos los poderes suelen extraviarse expedientes”, dijo el ministro de Justicia en declaraciones al programa de radio que conduce el relator deportivo Víctor Hugo Morales, y agregó, en primera persona del plural: “Nosotros teníamos el expediente (de The Old Fund) digitalizado, fue una reconstrucción rápida. Le dimos información a la Justicia e hicimos un sumario administrativo”.
La IGJ, por su parte, también emitió un comunicado al respecto. El escrito es esclarecedor desde su título: “La reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”, dice el encabezado del ente manejado por Martín Cormick, militante de la agrupación La Cámpora.
En el texto se admite no sólo que el expediente debió ser “reconstruido”, sino que además se acepta que hay una “diferencia de volumen” entre el original y su copia, debido a que “el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria”.
Clarín había informado que el expediente de The Old Fund había sido reconstruido en sólo 4 fojas, cuando en realidad la Justicia tenía pruebas de que tenía 22 páginas.
¿Qué había en esas 18 fojas que faltan?
Tanto Alak como la IGJ se cuidaron en remarcar que todo su accionar admnistrativo “cumple” con tods los “protocolos” correspondientes.
Las normas legales que rigen en el marco de las causas que tienen a Alak como imputado, sin embargo, dicen otra cosa.
El artículo 105 del decreto 1759/72 establece que ante el caso de que se extravíe un expediente administrativo se “ordenará dentro de los dos días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictamentes producidos, haciendose constar los trámites registrados...”.
La Justicia comprobó, en base a documentación oficial, que la IGJ ordenó reconstruir el expediente de The Old Fund recién dos días después de que fue declarado como perdido.
El organismo tampoco le informó a la Justicia sobre su traspié, tal como afirma el comunicado emitido ayer.
Clarín pudo saber, además, que entre las 18 fojas “extraviadas” del legajo de The Old Fund en la IGJ no había solamente “documentación registral inscripta originalmente”, como dice la versión oficial.
Este diario reconstruyó, en base a fuentes de la causa Ciccone, que entre la información que la IGJ perdió sobre The Old Fund se encuentra un dictamen contable en el que habría detalles de un aumento de capital y de los fondos aportados por la sociedad Dusbel para transformarse en accionista de la compañía; a los que suman la falta de otro dictamen emitido por un abogado vinculado a la firma; y de otros formularios y de observaciones de la propia IGJ, entre otros datos.
El Estado perdió y reconstruyó de modo parcial parte de un expediente crucial sobre The Old Fund, una sociedad que la Justicia terminó atribuyendo a Boudou, y que está siendo investigada, además, por lavado de dinero, en la Argentina y en Uruguay.
La IGJ aseguró que entre los funcionarios involucrados en este proceso se encontraba la ex directora de sociedades comerciales del organismo, Silvina Martínez. En realidad, ella fue quien le alertó a Alak sobre las irregularidades, que la terminó echando. Y fue por eso, entre otrass cosas, que declaró como testigo ante Servini de Cubría. Tres veces.
Obediencia debida
Estábamos curados de espanto con Ciccone pero no. Apareció Alak, que como ministro siempre ha seguido el manual de instrucciones para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo: no decir nada sin que Cristina lo ordene.
Ayer lo envió a justificar la pérdida del legajo de la imprenta, a resguardo en su ministerio. ¿Y qué se le ocurrió decir a Alak? Que “en todos los poderes suelen extraviarse expedientes”.
No se esforzó demasiado. Quizás porque el ministro no lo cree al decirlo. Nosotros no le creemos al escucharlo.
Alak es de los que quieren quedarse y quieren partir del Gobierno y al fin aceptan las cosas como vienen dadas. También es un ministro en teoría. En la práctica, el que manda es su segundo, el secretario Julián Alvarez, de La Cámpora.
Lo que Alak debiera explicar y no puede es cómo pudieron borrarse en marzo del 2002 nada menos que las huellas de quienes eran los verdaderos dueños de The Old Fund. O sea, de la imprenta (ver pág. 3).
“Teníamos ese expediente digitalizado”, dijo. Cualquiera puede recuperar de una PC un mail enviado o recibido hace años. ¿No puede recuperar esos datos un ministro? Una de dos: o no estaban digitalizados o alguien borró los archivos. Para el caso es lo mismo.
Tampoco Alak puede explicar por qué ese expediente, que estaba en la Inspección General de Justicia (IGJ) y tenía 22 páginas, se redujo a otro de 4, o sea a menos del 20%, luego de ser reconstruído. Otra vez una de dos: o el 80% no servía o en ese 80% estaba lo que servía y el Gobierno quiere ocultar.
Si está digitalizado, como dice, debería mostrar las 22 páginas y sanseacabó, como diría Máximo.
Dijo el ministro: a raíz del supuesto extravío “hicimos un sumario administrativo”. Se supone que para aclarar qué ocurrió y para encontrar a los responsables. Pasaron más de dos años y medio y, de nuevo, no tiene nada para decir ni sobre una cosa ni sobre la otra.
Lo que no se perdió en todo este tiempo es la coincidencia entre un par de fechas claves del escándalo. Recordemos: en ese mismo marzo del 2012 Laura Muñoz dijo que su ex esposo Vanderbroele era testaferro de Boudou. Vanderbroele era el presidente de The Old Fund. Trascartón, se perdió el expediente. Un mes después, Boudou hizo saltar de la causa al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y en el mismo operativo a Righi, el jefe de los fiscales. En agosto y para intentar frenar el terremoto, Cristina ordenó estatizar Ciccone. Está visto que no lo consiguió.
Para vivir o sobrevivir en el kirchnerismo, Alak se incinera a lo bonzo con Boudou. Cumple el rito oficial de callar frente a la corrupción. Puede encubrir al vice pero deberá descubrir ante el juez por qué archivó la denuncia de las maniobras de La Cámpora en la IGJ de la ex directora del Registro de Sociedades.
Ahí ya no le servirá apelar a la obediencia debida.
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