Protegieron a Boudou con un cepo informativo por el caso Ciccone
En plena tormenta por el caso Ciccone, la cúpula de la Inspección General de Justicia (IGJ) montó un "cepo informativo" para proteger al vicepresidente Amado Boudou y evitar que la información societaria sensible que controlaba el organismo llegara a las manos de jueces, legisladores de la oposición y periodistas.Así lo revelan documentos y correos electrónicos que pudieron ser vistos por LA NACION en los que funcionarios de la IGJ discutieron cómo implementar ese cerrojo.
La decisión la tomó el entonces jefe de la IGJ, Norberto Berner, que luego fue ascendido dentro del Gobierno a secretario de Comunicaciones.
Hacia mediados del año pasado, cuando estaba al frente del organismo, Berner conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas y fundamentos para negar el "acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ" y evitar que los reclamos posteriores por la denegatoria llegaran a la Justicia, según esos documentos.
Uno de los miembros de este grupo, el ex inspector legal del organismo Fernando Scanavino, confirmó la información y ofreció detalles.
"La orden era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone", afirmó Scanavino, que se desempeñó como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines del año pasado, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del organismo desde los años 90.
En una entrevista con LA NACION, Scanavino afirmó que su salida se debió a que se opuso a las prácticas que implementó La Cámpora desde su llegada al organismo.
Scanavino se convirtió así en el segundo ex funcionario de la IGJ que denuncia, con nombre y apellido, los presuntos delitos e irregularidades que observó dentro del organismo que depende del Ministerio de Justicia, en línea con lo que dijo la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que LA NACION publicó el domingo pasado.
Según Scanavino, la discusión también "era cómo se podía limitar el acceso a la información a la Justicia. Porque las respuestas a los oficios tampoco quedaban para el común de los abogados. Se encargaba la jefa de nuestra área", precisó, en alusión a Graciela Susana Junqueira, titular del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales, a cargo de dar respuesta a los oficios enviados por los jueces.
La influencia creciente de La Cámpora dentro de la IGJ también abarcó la selección del inspector que supervisaría las asambleas de las entidades "sensibles" para el Gobierno, según indicaron Scanavino y una segunda fuente que aún trabaja dentro del organismo. Casi todas quedaron en las manos de un inspector que milita en esa agrupación oficialista (de lo que se informa por separado).
Scanavino afirmó, además, que el control de la información se plasmó incluso a "los expedientes calificados como sensibles, que se movían por las oficinas de manera informal". Así, en el sistema informático de la IGJ, por ejemplo, "aparecía que el legajo de The Old Fund [por la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone] lo tenía un inspector, pero estaba sobre el escritorio de nuestra jefa".
Antes de su enfrentamiento final, sin embargo, a Scanavino lo creyeron "tropa propia". Por eso primero le preguntaron si no quería sumarse a La Cámpora. Y luego lo invitaron al "ateneo" que creó Berner para que lo proveyeran de ideas, propuestas y fundamentos. Por ejemplo, para "buscar la manera de que el solicitante [de datos] acredite legitimación, cuyo grado de complejidad varía según la información que requiere", según consta en las copias de algunos de los mails que cruzó el grupo.
El debate entre los colaboradores de Berner pasó por cuáles datos debían ser "de acceso directo", cómo lidiar con "quienes son terceros completamente ajenos a la entidad" sobre la cual pedían datos, fijar un umbral algo más "general" para quienes figuren como "socios minoritarios, mayoritarios, vinculadas, etc." de la empresa sobre la que piden datos, y "algo especial para profesionales, especialmente abogados, escribanos y contadores".
Enfrentado ya con sus superiores por varias de esas prácticas, sin embargo, Scanavino terminó por recibir una carta documento, el 20 de noviembre pasado, por la que se le comunicaba su salida de la IGJ, aunque aun así lo mantuvieron dentro del listado que recibía los mails del grupo de "expertos" de Berner.
"Fui el primer abogado despedido sin causa de la IGJ desde los años 90, con Carlos Menem, sin sumario ni sanción previa", relató. Y, también en línea con lo que afrontó Martínez, cuando volvió al organismo para pedir explicaciones y retirar sus cosas se encontró con que ya no tenía clave de acceso ni usuario informático.
La notificación formal de su despido, sin embargo, no la firmó él, sino su jefa, Junqueira, que obligó a los demás inspectores de su área que firmaran la hoja y estamparan sus sellos. "Fue una forma de enviarles un mensaje, de amedrentarlos", sostuvo Scanavino, que aun así recibió una nota de apoyo firmada por todos sus compañeros de oficina, con la excepción de su jefa y del inspector de La Cámpora.
Al igual que Martínez, también, Scanavino intentó recurrir al ministro de Justicia, Julio Alak, y a distintas dependencias, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Inadi -donde se negaron al principio a recibirle su presentación- y hasta la Presidencia de la Nación. No obtuvo respuestas formales. Sólo recibió una llamada telefónica, para informarle que se había concluido que no se le había afectado un derecho humano.
-Primero Martínez y ahora usted exponen lo ocurrido dentro de la IGJ desde que estalló el caso Ciccone...
-[Interrumpe] Pero ojo porque hubo varios desplazados más y otros muchos a los que "vacacionaron".
-¿"Vacacionaron"? ¿Para qué?
-Para reemplazarlos con gente propia y silenciar y controlar al resto, a los díscolos. Porque si no pueden dominarlos, hay que eliminarlos porque son peligrosos.
-¿Comprende que lo citará la Justicia por lo que está diciendo?
-Sí, estoy dispuesto a declarar. Lo que digo lo puedo acreditar.
LOS PASOS DEL ENCUBRIMIENTO
La IGJ ocultó información contra el vicepresidente
- Retaceo de datos
Según el ex inspector de la IGJ, Fernando Scanavino, luego de la llegada de La Cámpora a la conducción del organismo, se montó un "cepo informativo" para evitar que información vinculada con el vicepresidente Amado Boudou llegara a manos de jueces, legisladores opositores y periodistas. "La orden era proteger a Boudou", denunció Scanavino.
- Respuestas demoradas
Según el denunciante, una de las maniobras consistió en demorar la respuesta a los oficios, para lo cual se designaba a un jefe de área para atender los requerimientos de la Justicia
- Selección de inspectores
Otra de las maniobras que se le adjudican a la IGJ es la selección de inspectores para supervisar las asambleas de las entidades "sensibles" para el interés del Gobierno. Según la denuncia, todas quedaron en manos de un funcionario militante de La Cámpora.
- Otros casos
Según el denunciante, además, el ex titular de la IGJ Norberto Berner fue quien tomó la decisión de encubrir el caso Ciccone y otros, como la denuncia sobre el uso ilegal de fondos para la construcción de viviendas, a cargo de Madres de Plaza de Mayo.
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