Repercusiones sobre la denuncia IGJ

Proyecto presentado:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN


La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Convocar de manera urgente a Norberto Carlos Berner, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y actual Secretario de Comunicaciones, para que concurra a esta Honorable Cámara a dar explicaciones sobre el “cepo informativo” -montado por la cúpula de la IGJ- para proteger al vicepresidente Amado Boudou y dar respuesta a los siguientes interrogantes:

1) ¿Es cierto que, estando al frente del organismo, conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas y fundamentos para negar el "acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ" y evitar que los reclamos posteriores por la denegatoria llegaran a la Justicia?

2) ¿Quiénes conformaban este grupo y qué documentos generaron?

3) ¿Está en conocimiento de los presuntos delitos e irregularidades denunciadas por Fernando Scanavino - inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ - y anteriormente por la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, ambos despedidos de la IGJ por oponerse a las prácticas implementadas por La Cámpora? En caso afirmativo, ¿qué ha hecho al respecto?


FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

La Inspección General de Justicia (IGJ) tiene, entre otras, la función de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Atento a los documentos y correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de la IGJ, a los que algunos medios pudieron acceder, se conoció que a mediados del año pasado Norberto Berner –titular por ese entonces del organismo- armó un grupo específico para pensar y proponer ideas, medidas y fundamentos para implementar un cerrojo que impidiera que los legisladores de la oposición y el periodismo accedieran a información de la ex Ciccone.

Fernando Scanavino, ex inspector legal del organismo y miembro del grupo conformado para implementar el “cepo informativo”, confirmó la referida información e incluso aportó más detalles, llegando a afirmar que "la orden era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone".

Es una vergüenza que se haya montado un operativo de esta naturaleza y es por ello que Berner debe venir a dar explicaciones al Congreso.

Scanavino fue despedido sin causa de la IGJ, y la razón aparente de su salida, según él indica, es que se opuso a las prácticas que implementó la agrupación “La Cámpora” desde que ésta llegó a ese organismo. Otra persona que fue despedida por igual motivo es la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Alejandra Martínez, quien denunció a La Cámpora por restringir información, asegurando que fue echada del organismo por negarse a acatar órdenes que para ella constituían delitos.

Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

Cuestionan “cepo informativo” en torno al caso Ciccone

17-6-2013

Desde el radicalismo se quejaron por el “secretismo” impuesto en torno a la situación del vicepresidente y recordaron que ya la Inspección General de Justicia no había respondido a requerimientos de la oposición.

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, manifestó que “no es sorpresivo en absoluto que se hayan encontrado pruebas sobre la existencia de un cepo informativo alrededor de Boudou por el caso Ciccone. Es algo que venimos denunciando sin éxito hace ya más de un año”. “El secretismo que caracteriza a este Gobierno se manifestó desde el principio en este caso”, sostuvo y agregó que “se negaron sistemáticamente a informar quiénes eran los dueños de Ciccone, e incluso así llegaron a forzar una expropiación vergonzosa. Desde un primer momento, la Inspección General de Justicia (IGJ) no respondió a mis pedidos de acceso a la información pública que hice. Pero, no contentos con eso, para evitar que pudiera seguir reclamando hicieron una modificación perversa al modo en el cual se accede a los datos registrados en la IGJ”. Al respecto, Gil Lavedra explicó que “antes de mis pedidos, los ciudadanos podíamos acceder sin más problemas a registros de sociedades que tienen que ser públicos. Ahora, tenemos que demostrar que tenemos un interés legítimo. ¡Cómo si saber si el mismísimo vicepresidente de la Nación está involucrado en un caso tan tremendo de corrupción no fuera un interés legítimo suficiente!”. “Nosotros, frente a este atropello que mostraba claramente que algo estaba pasando, iniciamos un amparo junto con la Asociación por los Derechos Civiles. Al día de hoy, estamos esperando una nueva sentencia después de que lo rechazaran”, explicó, para finalmente añadir que “esto no es más que una punta de cómo funciona el oficialismo por dentro, y estos empleados despedidos por la IGJ son sólo la cara visible de una realidad que persiste. Acompañamos su denuncia sobre lo que sucede. A ver si por una vez esto no queda impune”.