El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Luis Rodolfo Tailhade, defendió el "cepo informativo" que comenzó a aplicarse en el organismo semanas después del estallido del caso Ciccone, y afirmó que continuará hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre su validez.
"No soy el autor de las circulares", señaló Tailhade, en alusión a la polémica normativa interna que bloquea el acceso público a los registros societarios. "Pero mantengo el criterio. No creo que sea función primordial [de la IGJ] entregar información al que se le ocurra", explicó.
La inesperada defensa del cepo por parte de Tailhade ocurrió anteanoche, cuando sorprendió a los protagonistas y asistentes de la charla sobre las restricciones en la IGJ que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que había sido invitado, pero cuya asistencia no había confirmado.
Las críticas al cepo quedaron expuestas desde el inicio, cuando el organizador, el profesor Guillermo Mizraji, calificó de "sumamente inquietante" lo que ocurre dentro del organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
A continuación, el profesor y consultor del estudio Allende & Brea, Osvaldo Marzorati, aludió a los "problemas prácticos" existentes en lo que "era un Registro Público de Comercio", en tanto que el socio de Brons & Salas, Lisandro Allende, lo calificó de una medida "inconstitucional e ilegítima".
Por su parte, el dos veces titular de la IGJ, Guillermo Ragazzi, lamentó los riesgos del cepo. En particular, para permitir la "oponibilidad ante terceros" de lo que se registra en la IGJ. "La comunidad está reclamando su buen funcionamiento, un organismo en plenitud", se lamentó.
En tanto, el también ex funcionario y profesor Víctor Zamenfeld optó por destacar el "fallo Gil Lavedra", en alusión a la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que admitió el reclamo del diputado y ordenó derogar el cepo, fallo que la IGJ luego apeló. "Las circulares carecen de contenido jurídico . Por suerte, la Justicia intervino y puso un poco de orden", dijo.
Lejos de generarse un clima tenso, sin embargo, Tailhade se mostró abierto a las críticas, no sólo de los panelistas, sino también de distintos abogados de estudios jurídicos de renombre que asistieron al evento.
El cruce ocurrió cuando luego de admitir algunos "problemas" operativos, que, dijo, "están siendo abordados por la gestión", Tailhade defendió las circulares y sostuvo que "está sujeto a interpretación si la información del Registro Público de Comercio es de alcance público".
La visión de Tailhade chocó con el fastidio de distintos profesionales. Entre ellos, Rafael Manovil, socio de M & M Bomchil, quien indicó que el registro es una institución "clave para la República" y que las autoridades deberían explicar "por qué cercenaron nuestros derechos".
"LA PATOLOGÍA"
Tailhade comenzó entonces a defender otra vez la actuación de la IGJ cuando lo interrumpió otra asistente, Elisa Kabas de Martorell. "La Inspección ahora oculta información. Y cuando se está investigando la corrupción o a un funcionario, no deberían imponerse límites", sostuvo.
A ella se sumó el socio del estudio Beccar Varela, Ricardo Seeber, quien sostuvo que al reaccionar a una investigación periodística, la IGJ termina por "legislar para la patología".
Tailhade replicó que a la "Justicia no se le pide acreditar interés legítimo" para acceder a la información registral que pida. "Ante la Justicia -añadió-, no hay posibilidad de ocultar."
La réplica de Kabas de Martorell fue inmediata. "No seamos hipócritas. Todo esto tiene nombre y apellido", sostuvo, en alusión al vicepresidente Amado Boudou. "¿Qué es lo que estamos protegiendo?"
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