DOCUMENTO INFORMATIVO
24/05/2013
Autor: Juan Martín Romero
IGJ y Kirchnerismo
La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo que tiene la función de
registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y
fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
pocas palabras, es para las empresas lo que el Registro Civil es para las personas. Si querés
constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o inscribir una
sociedad extranjera necesitás que te autorice la IGJ. Además, una vez que las sociedades son
autorizadas para funcionar tienen que cumplir ciertas obligaciones, la principal de las cuales es
la presentación anual de sus estados contables.
La IGJ depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. En los hechos, actualmente se encuentra controlada por la organización kirchnerista La
Cámpora. Efectivamente, su máxima autoridad es Luis Rodolfo Tailhade, quien responde al
diputado nacional Eduardo "Wado" de Pedro, y antes estuvo otro camporista: el flamante
Secretario de Comunicaciones Norberto Berner.
Controlar a la IGJ tiene muchos beneficios, como bien lo prueba este caso no del todo
hipotético. Pensemos que un funcionario público, por ejemplo, el vicepresidente de la Nación,
quiere comprar una empresa; por ejemplo, Ciccone Calcográfica. Pero ese vicepresidente no
puede comprarla, en primer lugar, porque su patrimonio, que está obligado a informar en
declaraciones juradas públicas, es insuficiente. En segundo lugar, tampoco podría comprarla
porque la empresa se encontraba en quiebra, pero el mismo funcionario influyó para que se
levantara la quiebra, incumpliendo sus deberes de funcionario público.
A pesar de todo esto, en este caso hipotético el vicepresidente logró comprar la
empresa. ¿Cómo lo hizo? A través de una sociedad que podemos llamar, por ejemplo, The Old
Fund. Claramente, la IGJ sabe o debe saber quiénes son los accionistas de las sociedades que
inscribe y debe estar en condiciones de dar esa información a la Justicia. Este caso hipotético,
así, demuestra lo útil que puede resultar controlar la IGJ.
Después del Boudougate muchas cosas cambiaron en la IGJ: • en mayo de 2012, cuando estallaba el escándalo, fue designado Inspector
General Norberto Berner, de La Cámpora;
• se ha dificultado mucho acceder al edificio;
• los inspectores, que asesoraban a quienes pretendía realizar inscripciones, ya
no atienden al público;
• se intimó a empresas a cumplir obligaciones ya prescriptas, como presentar
estados contables anteriores al año 2002; y
• por último y lo más grave, los expedientes de las sociedades registradas –algo
así como su DNI – de donde resulta quiénes son los dueños, dónde es su dirección y cuál es su
patrimonio, sólo pueden ser solicitados presentando una nota en la que se acredite un “interés
legítimo”. Como era de esperarse, además, es la propia IGJ quien debe determinar cuándo
existe "interés legítimo". Tampoco se puede acceder a los balances de las empresas, que antes
podían ser consultados por quien quisiera.
Todo esto es gravísimo, porque da lugar a todo tipo de maniobras fraudulentas. Así, el Registro
Público de Comercio de la Ciudad se convirtió en un registro privado, muy privado. La falta de
transparencia facilita la corrupción, ya que muchos hechos delictivos deben nacer en la IGJ con
la creación de sociedades cuyos dueños jamás conoceremos. Mientras se le facilita el trabajo a
los corruptos se le dificulta el panorama a quienes pretenden constituir sociedades como
herramientas para llevar a cabo negocios lícitos: los expedientes “se pierden”, los trámites
cumplen años en rincones desconocidos de la IGJ, esperando ser revisados por los inspectores;
y quienes la visitan para hacer una consulta, probablemente esperen varias horas. Esta pésima
gestión, requiere, por si fuera poco, costos cada vez mayores: en 2013 las tasas de los trámites
de la IGJ, fijadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aumentaron 100%, algo así
como cuatro veces la inflación real y diez veces la oficial.
Es hora de dar un salto de calidad, porque la IGJ en manos del Gobierno Nacional es garantía
de impunidad.
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