Es en vano que la Justicia se pronuncie pidiendo la apertura de las supuestas fuentes de información pública: el 3 de julio la Justicia ordenó el levantamiento del cepo informativo que impuso el Gobierno en la Inspección General de Justicia (IGJ) para proteger a Amado Boudou y a las sociedades que rodean el Caso Ciccone. La IGJ apeló y no sólo bloqueó el acceso a los legajos societarios sino que, además, se extraviaron -¿o fueron robados?- los expedientes de Ciccone Calcográfica, The Old Fund y London Supply. El 27 de agosto Tailhade, el titular de la IGJ, defendió el cepo informativo durante una charla en la Facultad de Derecho de la UBA: “No creo que sea primordial entregar información al que se le ocurra”.
Las empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar) también recibieron protección especial en la IGJ desde junio del año pasado, restricción que llegó, incluso, hasta la Justicia.
La demora permitió que las firmas comenzaran a ordenar y completar sus legajos societarios. Según una nota del 20 de octubre de Nicolas Wiñaski, la IGJ también rechazó un pedido sobre Helvetic Group, el nudo central de la ruta del dinero K. Y tampoco entregaba información al fiscal Campagnoli sobre esa y otras empresas. Ya Campagnoli, en paralelo, había denunciado a la AFIP y a Migraciones por negarle información.
El Gobierno, que esta semana se enorgulleció de dar a conocer los secretos de la dictadura (¿había alguien que no supiera que estuvo prohibida Mercedes Sosa?), mantiene hoy demasiados secretos para lo que nos venden como una democracia transparente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario