Victimas del relato

Las otras víctimas del relato

Funcionarios de carrera, técnicos y hasta directivos de empresas privadas fueron y son hostigados por un gobierno que desprecia y castiga el disenso

gunos están fuera del Estado por decisión propia, porque, a pesar de haber hecho carrera en la administración pública y tener una sólida experiencia en sus puestos, se negaron a soportar las presiones, los aprietes y las degradaciones que les impuso el kirchnerismo cuando comenzó a sospechar que las voces críticas podían multiplicarse y crearle más problemas.

Otros fueron separados de sus cargos por el simple hecho de haber gestionado contactos o fotos a precandidatos del propio riñón kirchnerista, pero que aún no fueron bendecidos por el índice presidencial, o porque -dicen, y a estas alturas de los hechos hay pocas razones para no creerles- lograron esos acercamientos antes de que los hubiera conseguido la Presidenta.

Y están también los que se fueron empujados por distintas acciones de la jefa del Estado: como un decreto rabioso, un inexplicable escrache público con datos incomprobables a simple vista o una suelta de "carpetazos", como suele llamarse al trabajo de inteligencia que sectores del Gobierno le preparan a la primera mandataria para que denuncie en cadena nacional lo que sus propios funcionarios deberían estar investigando si es que realmente existiera una fundada sospecha de culpabilidad.

Uno de los últimos casos conocidos, de repercusión pública, fue el de Silvina Martínez, echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. El testimonio de Martínez resulta hoy clave en la causa que investiga los vínculos de la familia presidencial con el seudoempresario Lázaro Báez. En una reciente entrevista periodística, la ex funcionaria acusó al Gobierno de mentirle a la gente cuando dice que hay 47.000 empresas con irregularidades como las verificadas en los hoteles presidenciales. "Una cosa es que una sociedad deba balances, pero en el caso de Hotesur, adeuda eso y el pago de tasas, y la sede es ficticia, entre otras cuestiones. Son muchas fallas juntas", enfatizó.

Martínez no es la única mujer echada de su cargo estatal por pensar distinto, oponerse a las políticas oficiales o denunciar ilícitos. Un caso lejano, pero anticipatorio de todo lo que vino después fue el de Graciela Bevacqua, directora del Indec hasta que la desplazó Guillermo Moreno, en 2007. Si bien la funcionaria terminó presentando la renuncia, lo hizo luego de que fuera degradada laboralmente, según ella misma relató. La que comenzaba a ser la mayor manipulación estadística del instituto en toda su historia empezaba también a sumar una persecución política descarada. Junto con Bevacqua, fueron removidos Clyde Trabucchi, entonces directora de una de las áreas del Indec, y numerosos técnicos que alzaron sus voces para denunciar la falsedad de las mediciones y el constante hostigamiento por parte de la intervención.

Laura Haag, abogada, fue despedida de otra dependencia del Estado, la Secretaría de Energía, por las declaraciones de su esposo, Cristian Folgar, un ex funcionario del área, que marcó diferencias con la política energética del Gobierno. Otro tanto les ocurrió a Sandra Votta, María Córdoba y Griselda López Viegas, todas empleadas de la Cancillería hasta que fueron despedidas hace casi un año. López Viegas adjudica su despido a haberse negado a incluir a una ex pareja de Máximo Kirchner en el grupo de diseñadores argentinos que viajaron a Milán para participar de la Semana de la Moda. Votta, en tanto, había denunciado maltratos en el ministerio conducido en lo formal por Héctor Timerman, pero, en la práctica, por La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas que se han hecho fuertes en el manejo de la mayoría de las carteras nacionales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue depositaria de decenas de denuncias de empleados de la Cancillería sobre maltrato, acoso laboral, reducción de salarios, charlas obligatorias de adoctrinamiento político y persecución ideológica.

Si se compara al país con una familia, bien puede decirse que muchos de los jóvenes kirchneristas a los que temprana e indiscriminadamente se les ha otorgado poder de mando, tienen ejemplos muy poco edificantes para seguir, empezando por la Presidenta. Martín Redrado fue expulsado de la titularidad del Banco Central mediante un decreto de necesidad y urgencia, por haberse resistido a cumplir órdenes presidenciales, contrarias a la autonomía de la entidad. Más allá de las diferencias de criterio, su eyección fue escandalosa, como también lo fue la de Martín Lousteau del Ministerio de Economía. Éste se había trenzado en varias ocasiones con Guillermo Moreno, quien le dedicó en público un gesto difícil de olvidar: dio por concluida una conversación con Lousteau pasándose el índice de lado a lado del cuello. Señal clarísima del degüello al que podrían exponerse los que pensaran distinto de él.

Gustavo Beliz, ministro de Justicia de la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo que irse a los Estados Unidos tras haber sido desplazado del Gobierno, entre otras cosas, por haber denunciado que la SIDE manejaba indebidamente partidas millonarias, fracasaba en sus operativos y daba información falsa a las autoridades.

Graciela Ocaña dejó de ser la ministra de Salud de la primera presidencia de Cristina Kirchner ciertamente en medio de una crisis sanitaria, pero también cuando comenzó a enfrentarse con los gremios por el uso de los fondos de las obras sociales y por la investigación que impulsó por la mafia de la medicamentos y los aportes de ese negocio ilícito a la política.

Como si no le bastase con esas maniobras dentro del propio Estado, el kirchnerismo también logró deshacerse de directores de empresas privadas, presionándolos de todas las formas posibles, incluso usando la fuerza, como ocurrió no bien tomada la decisión de expropiar la porción accionaria de Repsol en YPF.

Hubo también muchos casos en sentido inverso: los de aquellos funcionarios que debieron irse acorralados por la Justicia, a pesar de la fuerte protección del kirchnerismo, que se empeñaba obscenamente en mantenerlos en su redil como gesto de gratitud por no haber intentado sacar los pies del plato en medio de la tormenta política. Los más escandalosos fueron los de la ministra de Economía Felisa Miceli, en cuyo despacho se encontró una bolsa con dinero, hecho por el que fue juzgada y condenada; los de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el primero, con más de una decena de denuncias por corrupción, y el segundo, investigado por su responsabilidad en el trágico accidente ferroviario de la estación de Once. Y qué decir del vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado y con elevación a juicio oral en una de las causas en las que se lo investiga, a quien el kirchnerismo ha decidido mantener en el cargo contra toda lógica, desechando pedidos de juicio político y permitiéndole seguir al frente de las sesiones del Senado y del Poder Ejecutivo en ausencia de la Presidenta.

Otro caso paradigmático de las formas -o pésimas formas- del kirchnerismo, tanto para echar como para retener gente a toda costa en puestos estatales, lo representa el acto en que Cristina Kirchner embistió contra Juan Carlos Fábrega, entonces presidente del Banco Central, acusándolo en público de haber filtrado información privilegiada a los bancos.

También trascendió que la Presidenta echó a Víctor Ramos del área de Cultura por haber colaborado con el armado de la estrategia porteña del sciolismo, y que desplazó de su puesto al secretario de la Unidad Presidencial, Rafael Follonier, por haber gestionado sendos encuentros de Scioli con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y con el mandatario electo de Uruguay, Tabaré Vázquez.

La reacción presidencial frente a lo indeseado tiene un antecedente menos protocolar pero igualmente grotesco: fue el día en que por micrófono, ante un Museo del Bicentenario lleno de comensales para celebrar la visita del presidente paraguayo, Horacio Cartes, anunció que había decidido echar al electricista a cargo del mantenimiento del acto por las fallas en los micrófonos, que provocaron baches en los discursos.

Si de algo está convencido el kirchnerismo es de que no necesita ni guardar las formas ni respetar a quien no piensa igual. Enfrente quedan las víctimas del relato, que cada vez son más.

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