FIN DEL CEPO INFORMATIVO DE LA IGJ

La IGJ deberá informar sobre Boudou

La Justicia ordenó ayer el levantamiento del "cepo informativo" que impuso el Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las sociedades que lo rodean en el "caso Ciccone".

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita ni mucho menos exigir un "interés legítimo" para acceder a esos datos.

"No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento alguno para ello", concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.

"Cada ciudadano -sin importar su condición- tiene derecho a estar informado y obtener la información contenida en los documentos y registros públicos", añadieron los camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR) Ricardo Gil Lavedra.

La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de "interés legítimo".

"Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos", afirmó Gil Lavedra.

Tras el estallido del escándalo, en febrero de 2012, el diputado presentó dos pedidos ante la IGJ. Pidió que le informara si investigaba irregularidades en la creación y funcionamiento de Ciccone Calcográfica y otras sociedades vinculadas a la operatoria bajo sospecha. También requirió copias de la documentación disponible sobre todas esas firmas.

Ante la negativa de la IGJ -que llegó a emitir las circulares 1 y 4 para fundamentar la negativa a ese pedido y otros similares de LA NACION y otros medios-, Gil Lavedra presentó un amparo junto a la Asociación de los Derechos Civiles (ADC).

En primera instancia, sin embargo, el juez Esteban Furnari rechazó su pedido por considerar que Gil Lavedra y la ADC no se encontraban legitimados para reclamar esa información de ese modo. Pero la Cámara terminó por darles la razón, con el previo dictamen favorable del fiscal de segunda instancia.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para eso, los camaristas recordaron la justificación del decreto 1172/2003, con el que el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó el acceso a la información pública, pero que nueve años después intentaron desconocer funcionarios de la agrupación política La Cámpora, liderados por el entonces titular del organismo Norberto Berner, luego ascendido dentro del Gobierno como secretario de Comunicaciones, y su número dos, Gustavo Varela.

El decreto 1172/03, recordó la Cámara, "procura asegurar que las acciones de las autoridades públicas queden sujetas al escrutinio público en reconocimiento al principio básico de que la democracia simplemente no podría funcionar si los ciudadanos no pudieran conocer de qué manera actúa su gobierno".

Dentro de la IGJ, no obstante, no sólo se bloqueó el acceso a los legajos societarios, sino que además se extraviaron -o robaron- los expedientes de Ciccone Calcográfica, The Old Fund y London Supply, como también se restringió al máximo la compulsa de datos por la página de Internet.

Para Gil Lavedra, la actuación de las autoridades de la IGJ -que responde de manera directa al Ministerio de Justicia- durante el último año y medio resulta "inexplicable si no tenían nada que ocultar. Pero en estos últimos tiempos, gracias a denuncias de dos empleados despedidos injustamente, saltó la ficha de las verdaderas razones por las cuales no contestaban", en alusión a las declaraciones de Silvina Martínez y Fernando Scanavino.

Entrevistados por la nacion, Martínez y Scanavino detallaron presuntos delitos e irregularidades que se habrían cometido dentro del organismo, lo que investigan la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli.

"Las denuncias que se consideraban «complicadas» -contó Martínez a la nacion-, porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por Varela y por quienes trabajan con él."

Según reconstruyó LA NACION durante el último año y medio, las irregularidades dentro de la IGJ apuntarían a proteger, entre otros, a Boudou, a Sergio Schoklender y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También, a acotar la información sobre las sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez.

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