Empleados de la entidad realizaron el lunes un paro por el desplazamiento de un histórico trabajador del organismo. Mientras un sector denuncia el avance de La Cámpora, otros aseguran que hay una campaña para instalar "una realidad que en rigor es inexistente"
La solicitada publicada este miércoles por un grupo de empleados
Aunque las tensiones ya eran múltiples, el conflicto terminó por estallar cuando la conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió desplazar de su cargo al titular de la Mesa de Entradas, Roque Malerba, para trasladarlo al Departamento de Control Federal de Ahorro sin funciones asignadas.
En asamblea, los empleados de la entidad cuestionaron la movida y apuntaron contra el director de Sociedades Comerciales, Pablo Larrañaga, quien no cuenta con las facultades para tomar esa decisión, según publica el diario La Nación. Como protesta contra el desplazamiento, los trabajadores realizaron el lunes un paro general que obligó a la entidad a cerrar sus puertas y analizan realizar otro la semana próxima.
Según denuncian, en el último tiempo se ha producido el desplazamiento de numerosos empleados de carrera al interior del organismo para beneficiar a dirigentes traídos por el kirchnerismo y principalmente por La Cámpora. La situación de Malerba se sumaría así a otros casos, como la del ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y el ex inspector Fernando Scanavino, entre otros.
Este miércoles, sin embargo, otro grupo de la IGJ publicó una solicitada en el diario Ámbito Financiero para denunciar una campaña que busca instalar "una realidad que en rigor es inexistente". Además, apuntaron contra las "versiones difamatorias sin una mínima y elemental verificación de los hechos" que han circulado en los últimos días.
"Las mentiras y la amplificación mediática que sin resguardo alguno reciben, afectan los esfuerzos que durante los últimos años los trabajadores de la Inspección General de Justicia venimos realizando en términos de nuevos procesos de gestión y ejercicio de controles de legalidad y fiscalización, y sobre todo generan un daño irreparable a esta Institución y a las personas que con orgullo pertenecemos a ella", apuntaron.
La firma de la solicitada está encabezada por los sindicatos de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)-Delegación General Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este último, sin embargo, fue uno de los principales promotores del paro del lunes, como puede verse en su página web.
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