Presentan amparo contra la Inspección General de Justicia
Es por las sociedades del empresario Lázaro Báez. La actitud denunciada es, dijo, parte de “los intentos de disciplinamiento del periodismo para que no investigue”.
“Hace tiempo venimos denunciando que en la IGJ se ha instalado una mafia orquestada con la intención de frenar los pedidos de información respecto de sociedades vinculadas al lavado de dinero y las coimas que rozan los funcionarios del más alto nivel”, expresó la diputada del GEN Margarita Stolbizer, al denunciar “el accionar arbitrario e ilegítimo, con la intención de ocultar negocios sucios”.
Stolbizer había solicitado informes ante la Inspección General de Justicia, fundados en el Decreto 1172. Ante la falta de respuesta, presentó un pedido de pronto despacho, siempre alegando su condición de diputada nacional. Sin embargo, ninguno de esos pedidos ha tenido respuesta.
“Es increíble que no se tenga en cuenta que el acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la administración, es un derecho humano fundamental, que constituye, por otra parte, un deber ineludible del Estado”, agregó la diputada, que consideró que “estas maniobras han sido orquestadas desde hace tiempo para perturbar el funcionamiento del área que debe controlar las sociedades comerciales, ya que mediante éstas se han armado todos los negocios sucios que vinculan a funcionarios públicos, empresarios”.
Para Stolbizer, la IGJ “ha establecido un cepo informativo, de manera arbitraria; ha cometido violencia laboral corriendo funcionarios con capacidad y experiencia para poner a otros, nuevos pero complacientes y devotos del modelo nacional y popular, el mismo con el que se enriquecen los funcionarios del más alto nivel, amigos, parientes, secretarios, choferes y jardineros”.
“La información que hemos solicitado debe ser pública, no puede haber restricciones al uso para los particulares. Pero la cultura del secretismo, los intentos de disciplinamiento del periodismo para que no diga ni investigue, la manipulación de los fiscales, etc, son todos mecanismos funcionales para tapar las altas responsabilidades del poder político con los negocios de sus empresarios amigos, siempre a costa del Estado y del pueblo”.
El expediente está caratulado "Stolbizer Margarita c/ Inspección General de Justicia s/ amparo", y se encuentra radicado en el Juzgado Nacional de 1ra.Instancia nº 10, secretaría 20. Algunas organizaciones ya analizan la posibilidad de presentarse a través de la figura del amicus curiae.
Stolbizer había solicitado informes ante la Inspección General de Justicia, fundados en el Decreto 1172. Ante la falta de respuesta, presentó un pedido de pronto despacho, siempre alegando su condición de diputada nacional. Sin embargo, ninguno de esos pedidos ha tenido respuesta.
“Es increíble que no se tenga en cuenta que el acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la administración, es un derecho humano fundamental, que constituye, por otra parte, un deber ineludible del Estado”, agregó la diputada, que consideró que “estas maniobras han sido orquestadas desde hace tiempo para perturbar el funcionamiento del área que debe controlar las sociedades comerciales, ya que mediante éstas se han armado todos los negocios sucios que vinculan a funcionarios públicos, empresarios”.
Para Stolbizer, la IGJ “ha establecido un cepo informativo, de manera arbitraria; ha cometido violencia laboral corriendo funcionarios con capacidad y experiencia para poner a otros, nuevos pero complacientes y devotos del modelo nacional y popular, el mismo con el que se enriquecen los funcionarios del más alto nivel, amigos, parientes, secretarios, choferes y jardineros”.
“La información que hemos solicitado debe ser pública, no puede haber restricciones al uso para los particulares. Pero la cultura del secretismo, los intentos de disciplinamiento del periodismo para que no diga ni investigue, la manipulación de los fiscales, etc, son todos mecanismos funcionales para tapar las altas responsabilidades del poder político con los negocios de sus empresarios amigos, siempre a costa del Estado y del pueblo”.
El expediente está caratulado "Stolbizer Margarita c/ Inspección General de Justicia s/ amparo", y se encuentra radicado en el Juzgado Nacional de 1ra.Instancia nº 10, secretaría 20. Algunas organizaciones ya analizan la posibilidad de presentarse a través de la figura del amicus curiae.
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